Chomsky, Galeano, Sicilia y más intelectuales exigen a Graco (Morelos) y Moreno (Puebla) alto al acoso de activistas
abril 25 de 2014
Ciudad de México, 25 de abril
(SinEmbargo).– Intelectuales mexicanos y extranjeros condenaron en una misiva
las “acciones violentas” cometidas
por los gobiernos de Rafael Moreno Valle Rosas, en Puebla, y de Graco Ramírez
Garrido Abreu, en Morelos, contra opositores al Proyecto Integral Morelos
(PIM), y exigieron la liberación y el cese de las amenazas e
intimidaciones en contra de activistas.
A través de una carta dirigida a los mandatarios, el lingüista Noam
Chomsky, el escritor Eduardo Galeano, el sociólogo Armando Bartra, el biólogo
Víctor Manuel Toledo, el poeta Javier Sicilia, entre otros, exigieron “el cese de la represión y proyectos de
muerte” en estos estados, y advirtieron que estas “aberraciones y graves violaciones a derechos humanos se convertirán en
norma de vida cotidiana”, de no cambiar el panorama.
Los firmantes denunciaron que los gobiernos de Moreno Valle y Graco
Ramírez “desataron una espiral de
violencia que incluye una serie de hostigamientos, amenazas, aprehensiones
arbitrarias de luchadores sociales y dirigentes de movimientos campesinos
opuestos al Proyecto Integral Morelos y al Libramiento Poniente”.
El Proyecto Integral Morelos incluye dos termoeléctricas, un
gasoducto y un acueducto que de acuerdo con los opositores afectaría tierras de
cultivo y fuentes de agua de las que dependen cientos de comunidades de Puebla,
Tlaxcala y Morelos. Asimismo han denunciado el alto nivel de riesgo del
gasoducto, como la han informado especialistas.
En la carta, los intelectuales dijeron que el arresto de ocho personas,
de las cuales tres aún permanecen detenidas, “se
realizó haciendo uso excesivo de la violencia y sin presentación de órdenes de
aprehensión. En Puebla fueron civiles los que hicieron las retenciones y en el
caso de Morelos se utilizaron gases lacrimógenos y hubo disparos”.
Por ello exigieron la inmediata liberación de Juan Carlos Flores
Solís, representante del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra
de Morelos, Puebla y Tlaxcala; de Enedina Rosas Vélez, Comisariada
Ejidal del San Felipe Xonacayucan; y de Abraham Cordero Calderón,
integrante del Frente Campesino de Ejidatarios y Pequeños Propietarios del
Valle de Texmelucan y la Sierra Nevada.
Asimismo pidieron el cese de las intimidaciones en contra de Avelino
Velázquez Tapia, Comisario de Bienes Comunales de San Juan Amecac quien tiene
orden de aprehensión y a Ricardo Pérez Avilés, profesor investigador del
departamento Universitario de Desarrollo Sustentable del Instituto de Ciencias
de la Universidad de Puebla cuya familia fue amenazada por un grupo de gente
armada en su domicilio.
También pidieron acabar con las amenazas al estudiante de
sociología y asistente del doctor Pérez Avilés, Alberto Melchor Montero, y al
abogado Raúl Rodríguez, defensor de Abraham Cordero Calderón.
Los intelectuales y escritores dijeron que con esta represión, “los gobiernos intentan producir, a través
del terrorismo de Estado, una parálisis de la resistencia social”.
“Lo que hoy estamos viviendo como
aberraciones y graves violaciones a derechos humanos se convertirán en norma de
vida cotidiana, aplastando cualquier proyecto democrático auténtico, si hoy no
reforzamos nuestras luchas y nuestra solidaridad para la construcción de
caminos de resistencia contra esta embestida reaccionaria”, dice el documento.
Denunciaron “el autoritarismo y la
imposición por parte del gobierno de Puebla, de ‘proyectos de muerte’ que se
pretende instalar en comunidades campesinas indígenas de la Sierra Norte”,
que comprende 87 concesiones mineras, más de 10 proyectos hidroeléctricos, la
extracción de gas y petróleo con fractura hidráulica.
“Con todo ello ignoran la rotunda
negativa de miles de campesinos y campesinas a dejar de trabajar y cuidar los
bienes comunes que no son mercancías: la tierra, el agua. Esos ‘proyectos de muerte’
ponen en riesgo de ser desplazados y despojados de su principal sustento a esos
campesinos y campesinas. Ante esta situación, el gobierno estatal actúa como
promotor de dichos proyectos, favoreciendo los intereses económicos de grandes
empresas nacionales y transnacionales, a las cuales poco o nada les importan
las devastadoras consecuencias sociales y ambientales que provocarían”, denunciaron.
Los denunciantes afirmaron en la misiva que estos hechos “no son anomalías o manifestaciones
aisladas, sino evidencias de una acción concertada de violencia y represión a
cualquier forma de oposición a las políticas económicas neoliberales promovidas
por el Estado”.
Al respecto, el día de ayer Luis Maldonado Venegas, Secretario de
gobierno de Puebla, dijo ayer en entrevista para la primera emisión
de MVS Noticias que los tres activistas detenidos cometieron
actos ilícitos porque “en el estado no
puede haber impunidad”. Afirmó que los ilícitos que se les imputan son por robo.
Maldonado Venegas aseguró que el gobierno de Moreno Valle ha dado
amplías garantías para que ciudadanos se manifiestan pero no en un marco de
impunidad.
En ese mismo espacio, Roxana Luna, integrante del movimiento
nacional Los de Abajo en Puebla, lamentó
la falta de diálogo del gobierno y rechazó los delitos que les imputan a los
activistas. Mencionó que a uno lo acusaron del robo de un celular, y a otro porque “es un peligro para la sociedad”.
Horas después, se informó que varias organizaciones presentaron una
queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la violación de los
derechos de los pueblos que se genera por el intento de construcción del
gasoducto parte del Proyecto Integral Morelos en los estados de Tlaxcala,
Puebla y Morelos.
Se informó que se realizará una conferencia de prensa el próximo lunes
para dar a conocer los principales puntos de la queja interpuesta ante la CNDH,
los riesgos ambientales y sociales si se realiza la construcción del gasoducto;
los derechos humanos vulnerados de los pueblos de la región y las peticiones de
las organizaciones y comunidades.
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