Fuente: La Jornada
25-07-2014
Cuando
se trata de manifestaciones, todos son culpables hasta que se demuestre lo
contrario, reflexiona el Coletivo Intervozes acerca del trato de las
grandes cadenas televisivas a las protestas contra el Mundial (Carta
Capital, 22/7/14). La escalada represiva venía creciendo desde las grandes
manifestaciones de junio de 2013, pero durante el mes del Mundial llegó a
niveles alarmantes.
La actitud de la policía militar, la policía civil y el
sistema judicial, sobre todo en Río de Janeiro, ha sido calificada como la
instalación de un estado de excepción de hecho. El domingo 13 de julio se
jugaba la final entre Alemania y Argentina. A la hora del partido se convocó
una manifestación en la plaza Sáenz Peña, en el barrio de Tijuca, a unos dos
kilómetros de Maracaná. Acudieron colectivos de las favelas en protesta por los
abusos policiales, militantes de los comités populares contra el Mundial,
autónomos, anarquistas, educadores en huelga y activistas de medios
independientes.
La policía utilizó la táctica conocida como kettling, ya
usada antes en São Paulo y Belo Horizonte, consistente en cercar a los
manifestantes con barreras y agentes, dejándolos aislados e inmovilizados
durante horas. Había cinco policías por manifestante. Un periodista del
semanario uruguayo Brecha preguntó a un policía los motivos por los
cuales estaba bloqueado dentro del cerco.
Es la ley de la FIFA, fue la única respuesta (Brecha, 7/7/14).
Varios manifestantes fueron golpeados, incluyendo un
reportero gráfico aporreado en el suelo. Les dispararon balas de goma, bombas
de
efecto moral, gas pimienta, y usaron sus garrotes.
La noche anterior a la final, el sábado 12, la policía
arrestó a 19 militantes (de los 23 que tenían orden de captura) porque se
presumía que realizarían actos vandálicos en la manifestación. Tres activistas
a los que no pudieron detener solicitaron asilo en el consulado de Uruguay en
Río, pero el gobierno del presidente José Mujica se los negó y les exigió que
se retiraran del local.
Diversos organismos y personalidades reaccionaron con
indignación ante esta escalada represiva. Desde octubre de 2013 la Delegación
para la Represión de Crímenes Informáticos, de la Policía Civil de Río, venía
investigando los movimientos que se destacaron en las protestas de junio de
2013 por medio de escuchas telefónicas, intervención de sus e-mails y la
infiltración de agentes en las asambleas y manifestaciones.
Amnistía Internacional, la Orden de Abogados de Brasil,
Justicia Global, la Asociación de Jueces por la Democracia y hasta el Partido de
los Trabajadores, entre muchos otros, criticaron la represión. La Defensoría
Pública de São Paulo denunció la intención de impedir el derecho a manifestarse
y la actuación abusiva y desproporcionada de la Policía Militar (Brasil de
Fato, 18/7/14).
La Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación
(Abraji) aseguró que un periodista por día resultó agredido por la policía
durante el Mundial. En total, 35 agredidos en un mes. Desde mayo de 2013, 210
periodistas fueron violentados, de los cuales 169 lo fueron por policías (Abraji,
14/7/14).
La casi totalidad de los detenidos preventivamente son
liberados a los pocos días por falta de pruebas, pero son apresados de forma
ilegal, sólo porque la policía sospecha que pueden cometer un delito, según
denuncia el
Manifesto de juristas contra la criminalización de las luchas sociales(Brasil de Fato, 21/7/14). La presunción de inocencia hasta que no existan pruebas fue hecha añicos por las policías y el sistema judicial.
Para el juez José Roberto Souto, con el propósito de
asegurar la realización del Mundial
se instaló en la sociedad brasileña una especie de estado de excepción, procediendo a una supresión temporaria del orden constitucional(Brasil de Fato, 22/7/14). En su opinión, fue la Ley General de la Copa, redactada por el gobierno y aprobada por el Parlamento para cumplirle a la FIFA, la que creó las condiciones para la criminalización de las protestas, incluyendo las huelgas laborales.
El sociólogo Rudá Ricci sostiene que uno de los
principales legados del Mundial es el deterioro del estado de derecho y la
legitimación de los abusos de la policía militar, que esta vez no se limitó a
atacar a pobres y negros de las periferias y la emprendió contra estudiantes
universitarios de clase media, con
órdenes de búsqueda y captura expedidas como forma de intimidación. Considera que
hay fuertes señales de cultura fascista en esta ofensiva contra los derechos democráticos fundamentales.
Bruno Cava, graduado en derecho y bloguero, parece
sintonizar con el análisis de Giorgio Agamben sobre el estado de excepción. “Si en las favelas el poder punitivo elaboró
históricamente la figura del traficante, en las protestas la demonización se da
contra el vándalo o black bloc. El
cerco de las plazas define el espacio de anomia, donde la violencia se separa
del estado de derecho” (IHUOnline, 18/7/14).
En la favela la represión anuló desde siempre el estado de
derecho; pero ahora esa lógica se desborda más allá para impedir las protestas,
generar un clima de temor que inhiba a los militantes, advertidos que todo el
peso del Estado les caerá encima. La dictadura no terminó, añade, sólo modificó
sus límites, incluyendo ahora a todos los que protestan.
En Estado de excepción (un libro de rigurosa
actualidad), Agamben señala que en todas las democracias occidentales
la declaración del estado de excepción está siendo sustituida por una generalización sin precedentes del paradigma de la seguridad como técnica normal de gobierno(Adriana Hidalgo, 2004: 44). Tanto las crisis económicas como los megaeventos se han convertido en los laboratorios para dar un salto adelante en el control policial-judicial.
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