Empresa minera GoldCorp en abril,
cuando sus trabajadores hicieron paro laboral. Foto: MovimientoM4.org
|
Mineras exploran la Montaña Guerrero sin autorización de las comunidades indígenas
Por Sergio Ferrer, Los Ángeless
Press
24 julio
2014
TLAPA, Guerrero. 22 de julio. “Helicópteros han bajado y se llevan como
muestras, hay gente de piel blanca, unos parecen extranjeros, luego vienen
también y le prometen a la gente que habrá escuelas, les preguntan qué
necesitan y les dicen que lo tendrán”, señaló el testimonio de un habitante
de la Montaña que ha visto cómo empresas mineras han enviado trabajadores a
comunidades marginadas de Cochoapa el Grande.
Parte del territorio de
este municipio, uno de los más pobres de América Latina, ha sido concesionado
por el Gobierno Federal para exploración y explotación en un polígono que
abarca otros municipios como Malinaltepec, Iliatenco, San Luis Acatlán.
Por otra parte, la Red
Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) en un comunicado en el contexto del
Día mundial contra la minería a cielo abierto resaltó la lucha emprendida por
la comunidad indígena San Miguel del Progreso perteneciente al municipio de
Malinaltepec que acompañada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” interpusieron una demanda
de amparo en la que se señaló que el procedimiento administrativo que derivó en
la entrega de los títulos de concesión minera en su territorio indígena,
contravino la Constitución y los Tratados Internacionales que el Estado
mexicano ha ratificado.
El texto precisa que dicha
acción solicita se analice si las disposiciones de la Ley Minera son
constitucionales y compatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos
(CADH) y con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Aunque el Gobierno Federal respondió jurídicamente, el 12 de febrero de este
año, un juez de Distrito consideró que efectivamente habían sido violados los
derechos de esta comunidad me’phaa, al haberse entregado sin consulta, las
concesiones mineras dentro de un territorio indígena, invocando para ello los
derechos contenidos en tratados internacionales que México ha firmado y
ratificado como el Convenio 169 de la OIT, así como la jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH).
La REMA afirma que las
comunidades, luchas y organizaciones que la conforman ratifican su compromiso
con la defensa del territorio ante un Pacto por México que profundizará las
injusticias socioambientales, alertando a la población de tomar en cuenta que debido
a la extraordinaria capacidad depredadora, la minería constituye uno de los
ejes de conflictividad social más significativos a tener en cuenta en los
próximos años en el país.
En otro punto refieren que
en todo el mundo, el actual «modelo
extractivo minero» ha demostrado ser altamente devastador. En México, la
amenaza de la minería sobre comunidades, ejidos, pueblos y millones de
hectáreas de territorio es inminente e inconmensurable. Los daños asociados a
ella son notables: militarización del territorio, violaciones a los derechos
humanos, división de comunidades, atentados contra la integridad y
criminalización de defensores y luchadores sociales además de la contaminación
de la tierra, del agua y del aire, erosión y desertificación, pérdida de soberanía
alimentaria y biodiversidad, así como altísimas contribuciones al cambio
climático, afecciones a la salud y empleos precarios, son algunos de éstos
cuando las mineras hacen su aparición.
Otros ejemplos de esfuerzo
en contra de la minería a cielo abierto que señala REMA son la organización de
foros en el país en tanto que a nivel internacional mantienen una estrecha
colaboración con organizaciones y luchas de Panamá, Costa Rica, El Salvador,
Honduras, Estados Unidos y Canadá a través del Movimiento Mesoamericano contra
el Modelo Extractivo Minero (M4).
El comunicado afirma que
han iniciado procesos para buscar blindar a territorios de cualquier actividad
minera al generar declaratorias de territorios libres de minería en los que
destacan la Asamblea de Bienes Comunales de Zacualpan, Colima cuya decisión de
rechazar cualquier actividad para extraer mineral fue avalada por el Tribunal
Unitario Agrario 38.
Asimismo han generado un
acta de colectiva firmada ante notario público por 56 comunidades, ejidos y organizaciones
de los municipios de Tapachula, Motozintla, Huehuetán, Cacahoatán, Mazapa,
Comalapa, Chicomuselo y Tuzantán por la que DECLARAN a sus territorios libres de megaproyectos.
Comentarios