Publicado por zapateando
CECOP: once años resistiendo combativamente contra la Presa la Parota
¿Qué serían de las tierras comunales de Cacahuatepec, si los campesinos
no se hubieran organizado para impedir la entrada de la maquinaria de la CFE y
rechazar la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota? Seguramente
varias empresas extranjeras funcionarían como otro poder fáctico, colocando sus
intereses económicos extraterritoriales por encima de las demandas sociales de
la población local; imponiendo todo tipo de prebendas y exigiendo garantías de
seguridad a las autoridades de los tres niveles de gobierno. Mientras tanto,
los pobladores del río Papagayo deambularían como seres desarraigados,
perdidos, sin saber dónde guarecerse ni cómo defenderse. Desechados de su
terruño, invisibilizados, abandonados a su suerte y acorralados por el ejército
y las policías de elite, para dejar el campo libre a los corporativos
multinacionales. Por su parte, los ex gobernadores, embaucadores y represores,
estarían de plácemes, no sólo ocupando altos cargos en el ámbito federal, sino
soñando con la silla presidencial.
Hace 11 años los mismos campesinos de los bienes
comunales de Cacahuatepec, con el acero empuñado, descarrilaron las
maquinaciones de las elites políticas a quienes bajaron de su viaje alucinador
para dar la batalla dentro de sus propios territorios. Se acuerparon en el
Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (CECOP) para
repeler cualquier agresión policíaca o militar e hicieron frente a todas las
tropelías realizadas por los funcionarios y líderes lacayos, quienes a través
de las asambleas espurias, pretendieron legalizar el atraco gubernamental.
La división comunitaria fue la primera embestida
que usó el gobierno para mermar la fuerza del CECOP. La cooptación de líderes
locales y la imposición del presidente del comisariado de bienes comunales,
formaron parte de una estrategia mayor para hacerle contrapeso al CECOP, con la
conformación de organizaciones campesinas corporativizadas que funcionaban como
fuerza de choque y como contraparte que apoyaba la construcción de la presa. El
uso de la fuerza policíaca fue clave para amedrentar y reprimir a los
opositores y así mermar el espíritu combativo de los miembros del CECOP. Otra
de las estrategias que se mantiene como la más efectiva y recurrente es la
criminalización de la protesta y la persecución de sus dirigentes. Desde el
2004, los miembros del CECOP han tenido que enfrentar las arbitrariedades del
poder. En ese año, el 24 de julio, fue detenido Marco Antonio Suástegui, uno de
los líderes históricos del movimiento opositor, en el vado de Amatillo. En esa
fecha elementos de la policía judicial lo detuvieron, lo golpearon y lo
obligaron a subir a un vehículo particular sin placas. Lo trasladaron al penal
de Acapulco, acusado de privar de la libertad a Jaime Gutiérrez Tejada,
ingeniero de la CFE.
Con un día de diferencia también fue detenido
Francisco Hernández Valeriano, bajo la misma acusación. Bajo esta misma causa
penal existían otras cuatro órdenes de aprehensión contra otros de los
dirigentes históricos Felipe Flores Hernández, Rufina Palma Ortega, Rodolfo
Chávez Galindo (quien también fue detenido) y Jacinto Solís Vázquez.
En la primera detención de Marco Antonio el juez
adscrito al juzgado sexto penal, determinó fijar una fianza de 194,572 pesos,
para que alcanzara su libertad provisional. Para el CECOP y la sociedad en
general era muy evidente la presión política que ejercía el ejecutivo estatal
para impedir que Marco Antonio saliera de la cárcel. Pudo más la presión del CECOP
y toda la red de organizaciones solidarias que se movilizaron para exigir la
libertad de Marco Antonio, quién salió con el pago de una fianza que se redujo
a 7 mil 282 pesos, dejando en claro que todo era una argucia legaloide. Aunada
a esta práctica perversa, de criminalizar la lucha social y fabricar delitos,
las autoridades continúan con sus campañas de desprestigio y deslegitimación
pública contra los luchadores sociales y sus defensores. Los voceros del
gobierno, sin ningún rubor denigran la trayectoria de quienes defienden y
promueven los derechos humanos, y sin conocer la declaración de los defensores
y defensoras, a los cuatro vientos y con recursos públicos se dan el permiso de
vociferar, para alentar la agresión a las defensoras y defensores y fomentar la
impunidad entre los agresores.
A 11 años de ejemplar combatividad, la historia
se repite. Hoy el CECOP enfrenta el encarcelamiento injusto de tres de sus
integrantes; Marco Antonio Suástegui, quien es víctima de esta persecución encarnizada
por segunda ocasión, y para mayor castigo lo trasladaron de manera arbitraria
al Centro Federal de Readaptación Social N° 4 de Tepic, Nayarit. Recientemente
detuvieron a Julio Ventura Ascencio y Emilio Hernández Solís, recluidos en el
penal de Acapulco, como parte de la estrategia de endurecimiento del gobierno
estatal focalizada contra las organizaciones independientes, cuya lucha es
legítima y muy estratégica, para enfrentar las reformas secundarias de la nueva
ley energética
Es importante enfatizar que el traslado de Marco
Antonio a un penal federal se llevó a cabo en abierto desacato a dos
suspensiones concedidas por juzgados de distrito en dos juicios de amparo, de
números 543/2014 y 649/2014. En el primero el juez segundo de distrito de
Acapulco concedió una suspensión definitiva contra la orden de aprehensión en
su contra dentro de la causa penal 064-2/2014 para efecto de que en caso de ser
aprehendido quedara a disposición del órgano jurisdiccional. El segundo amparo
fue interpuesto previendo un traslado a un penal federal, tal y como se ha
documentado en otros casos de criminalización de activistas sociales guerrerenses,
por lo cual la jueza tercera de distrito con sede en Acapulco, concedió la
suspensión de plano respecto de la eventual orden de traslado que a la postre
se ha materializado.
Sorprendentemente en menos de 20 días, la
Procuraduría general de justicia del estado armó al menos, cinco averiguaciones
previas y las consignó en menos de una semana, lo cual lejos de demostrar la
capacidad de las instancias de gobierno para impartir justicia “pronta, imparcial y eficaz”, demuestra
su estrategia de criminalización de los luchadores sociales, pues el ilegal
traslado de Marco Antonio a un penal federal y la deliberada obstrucción de su
defensa es lo que ha permitido al Gobierno del Estado, ganar tiempo para
manipular las acusaciones contra Marco Antonio y así impedir que logre su
libertad.
El claro patrón de la utilización de traslados a
penales federales ha sido una herramienta de las autoridades del estado para
obstaculizar la defensa adecuada de marco Antonio y de otras y otros activistas
sociales.
Néstora Salgado, dirigente de la policía comunitaria de Olinalá, un año
en prisión
El próximo jueves 21 de agosto Néstora Salgado García, dirigente de la
policía comunitaria de Olinalá, cumplirá un año recluida en el penal federal de
Tepic Nayarit. El juez a cargo del proceso, legalmente responsable de la
libertad de Néstora, fue también observador pasivo de este traslado arbitrario.
Néstora, no es una mujer delincuente como la han
catalogado las autoridades del Estado, es una mujer forjada en la vida del
campo. Creció dentro de una familia de artesanos y aprendió las mejores
costumbres del pueblo cimentadas en la comunalidad. Desde pequeña supo vencer
las adversidades y tuvo el arrojo de salir de Olinalá, para cruzar la frontera
y vivir varios años en Estados Unidos. Su tesón le permitió alcanzar la
nacionalidad estadounidense y a pesar de tener la oportunidad de vivir en
Belleuve Washington, siempre añoró con regresar a su terruño. La pobreza y la
inseguridad fueron dos temas que más le pegaban en el corazón a Néstora. No fue
casual su involucramiento en la lucha contra la delincuencia que de manera
espontánea iniciaron los habitantes de Olinalá, cuando desaparecieron y
ejecutaron en el mes de octubre de 2012 a un taxista.
El esfuerzo organizativo de Olinalá tuvo eco en
la región y un reconocimiento explícito del estado; primero por autoridades
estatales de segundo nivel y después por el mismo gobernador. El 24 de marzo de
2013, se conformó la Policía Ciudadana de Olinalá, que marchó por las
principales calles de la cabecera municipal.
El proceso organizativo no pararía ahí. El 18 de
mayo de ese mismo año, alrededor de 170 hombres y mujeres integrantes de la Policía
Ciudadana se adherían a la CRAC-PC, conocida popularmente como Policía
Comunitaria. Desde esa fecha Néstora por su arrojo y liderazgo nato, fue
nombrada por la asamblea como coordinadora.
En todo ese tiempo Néstora se entregó con ahínco
para garantizar la seguridad en el municipio. Sin embargo pudieron más los
intereses económicos de los grupos políticos de la región, al grado que
implementaron un operativo de dimensiones desproporcionadas con la
participación del Ejército, la Marina y Policías federales para detenerla como
si se tratara de un delincuente de alta peligrosidad.
El pasado jueves 14 de agosto en la ciudad de
México se conformó el Comité Mujeres Néstora
Libre en el que participan artistas, intelectuales, periodistas y
activistas y que con su voz harán valer los derechos que le han sido denegados
a Néstora, con el traslado injusto y las violaciones graves al debido proceso.
El 12 de agosto el abogado Vidulfo Rosales tuvo oportunidad de platicar en
diferentes momentos con Marco Antonio Suástegui y Néstora Salgado y tuvo el
privilegio de escuchar sus palabras punzantes “a pesar de todo lo que estoy sufriendo, quiero que sepa, y eso
dígaselo a la gente, que yo seguiré firme en la lucha” (Néstora). “Yo tengo claro que está lucha seguirá
aunque yo siga en la cárcel. Ellos son mi libertad” (Marco Antonio. La
respuesta a esos testimonios radiantes y cargados de esperanza la obtuvieron
muy pronto Néstora y Marco Antonio, con la presencia de con muchos rostros y
muchos gritos de la gente sencilla que salió a las calles en Acapulco, para
exigir su libertad.
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