Fuente: La Jornada
23-08-2014
Para
llegar a la cárcel de Tacumbú, en Asunción, hay que pasar por una
hilera de casas precarias levantadas por los inundados de los Bañados, que
debieron dejar sus viviendas ante un nuevo desborde del río Paraguay. El
ingreso al penal es rápido, gracias a la solidaridad de personas del
Serpaj-Paraguay, BASE-IS, de la organización de mujeres campesinas Conamuri y
de otros colectivos que nunca dejaron de apoyar a los presos. Todos campesinos.
Todos encerrados bajo la
democraciaparaguaya.
Rubén Villalba es sobreviviente de la masacre de Curuguaty,
el 15 de junio de 2012, una emboscada en la que perdieron la vida 11 campesinos
y seis policías y desembocó en el golpe parlamentario que destituyó al
presidente Fernando Lugo una semana después. Villalba era dirigente campesino y
aún arrastra las secuelas de la bala que impactó en su cabeza, sufre cefaleas,
perdió la mayor parte de la visión y no tiene atención médica.
Basiliano Cardozo, Gustavo Espínola, Arístides Vera, Simeón
Bordón, Roque Rodríguez y Agustín Acosta llevan más de ocho años presos,
imputados inicialmente por
omisión de aviso de hecho punible, que luego el Ministerio Público modificó por homicidio, secuestro y asociación criminal, aunque un juez penal rechazó el pedido de prisión preventiva. Todos ellos pertenecieron a movimientos campesinos y a la organización Patria Libre, que fue destruida por la criminalización de gobiernos, justicia y terratenientes.
Nos recibieron en el
sótanodel penal, donde se torturaba a presos políticos durante la dictadura de Stroessner. Todos manifestaron que no están arrepentidos, que siguen en la lucha, que se sienten
víctimas de la política del imperialismoy de un Poder Judicial que ha violado sistemáticamente sus derechos. Los seis campesinos fueron acusados de un secuestro, pero el Ministerio Público cambió los hechos punibles sin darles la oportunidad de dar su versión para la defensa.
Los organismos de derechos humanos afirman que
la sentencia ya se encontraba escritacuando se llega al juicio oral, que el tribunal dio por probados hechos por los que no fueron acusados, y se violó su derecho a ser juzgados en un plazo razonable, no teniendo aún sentencia firme. Los seis campesinos se habían refugiado en Argentina, donde fueron detenidos en mayo de 2006 y extraditados en diciembre de 2008. La justicia paraguaya desconoce esos dos años y medio que han estado recluidos en Argentina. Ellos se consideran
perseguidos por su pertenencia de clase y política.
En el caso de Curuguaty hay 12 personas procesadas con
arresto domiciliario, entre ellas una adolescente. En ambos procesos se ha
mostrado la falta de imparcialidad e independencia de la justicia, como ha
señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso de
Curuguaty.
El informe más reciente de la Coordinadora de Derechos
Humanos del Paraguay (Codehupy) destaca que en el país se ha implementado
una política de eliminación física de campesinos organizados. Difundido a principios de agosto, el Informe Chokokue 1989-2013 lleva un subtítulo significativo: “El plan sistemático de ejecuciones en la lucha por el territorio campesino”. Denuncia que en casi 25 años de democracia fueron asesinados y desaparecidos 115 dirigentes y militantes de organizaciones campesinas.
El 67% de los asesinatos fueron perpetrados por
bandas parapoliciales, 31% por policías y militares y 2% fueron muertos cuando estaban bajo custodia de la fuerza pública. Todos los casos terminaron impunes, en medio de procesos fraudulentos
que tuvieron por finalidad evitar que sean investigados todos los responsables, especialmente los autores morales.
Codehupy asegura que el “plan
sistemático de ejecuciones” sería
inviable sin el apoyo complaciente del Ministerio Público y el Poder Judicial.
Agrega que los asesinatos coinciden con los ciclos electorales, con picos hacia
la mitad de los mandatos presidenciales y descensos durante las elecciones, lo
que “permite establecer conexiones entre
la política y el plan de ejecuciones”.
La masacre de Curuguaty, señala, es un hecho excepcional por
las consecuencias políticas, por la concentración de la mayor cantidad de ejecuciones
en un solo evento y porque
marca el inicio de una nueva época en la represión a la protesta campesina.
Tres hechos deben ser destacados. Uno, el endurecimiento de
las normas penales. Cortar una ruta en una marcha pacífica es susceptible, a
partir de 2010, de ser penalizado como si fuera terrorismo. La pena por invadir
un inmueble, otra práctica común del campesinado, fue subida de dos a cinco
años.
Dos, los hechos que denuncia Codehupy no son casuales ni
fruto de desbordes ocasionales de mandos policiales o militares, sino parte de
un ataque planificado contra la población campesina,
con el objetivo de forzar su desplazamiento para apropiarse de sus territoriosmediante
métodos de terrorismo de Estado.
Tres, la impunidad.
Paraguay está lejos de ser una democracia, mientras los militantes de los excluidos sociales pueden ser asesinados con la seguridad de que esos crímenes quedarán impunes, concluye el informe.
Los presos políticos, los más de 100 asesinados y los miles
desplazados por las inundaciones de los Bañados, son todos víctimas de un
modelo de acumulación que necesita de la violencia para seguir prosperando. Los
habitantes de los Bañados son campesinos expulsados de sus tierras a lo largo
de medio siglo, ocuparon los peores lugares de la ciudad y ahora la
especulación inmobiliaria los quiere echar para levantar torres de lujo.
Los asesinatos y desapariciones están destinados a impedir
el crecimiento de las organizaciones que luchan por la tierra. Los presos y los
muertos son el chantaje del sistema a todos los que se atrevan a desafiarlo.
Pese al Estado policial, los movimientos ganaron las calles y cortaron rutas al
cumplirse, el 15 de agosto, el primer año del gobierno represivo y golpista de
Horacio Cartes.
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