Escrito por Marina Pérez Damil y otros /
Resumen Latinoamericano y del Tercer Mundo
28/octubre/2014
http://www.kaosenlared.net/america-latina-sp-1870577476/al2/mexico/98913-especial-méxico-a-un-mes-de-las-desapariciones-en-ayotzinapa-¿dónde-están-los-normalistas
Ya transcurrió un mes
desde la madrugada del 26 de septiembre donde sucedió una de las peores
desgracias que tuvieron lugar en Guerrero. Aquello no fue solo un infortunio
entre los que vive el país de México, sino también una mancha que quedará
plasmada en el camino sinuoso que recorre el mundo.
La ignominia es mucho más profunda, y tiene sus raíces en un estado de derecho en el que se ha
perdido toda sensatez, humanitarismo y altruismo. Son valores que ya no entran
en el manual de cabecera de la clase política hegemónica mexicana, cuyas
diferencias con las de otros países no es tan lejana. Todo esto, en medio de un
orden jurídico en el que ni el propio derecho a la vida se respeta, y en el que
la muerte es un negocio.
Si se analiza cuál es el prontuario de la clase mencionada más
arriba, se encontraría con que se extraviaron algunos valores, pero que hay
nuevos criterios establecidos para el ejercicio de la práctica política
burguesa: afán de lucro, acumulación y avaricia. Son los criterios que
-incitados por el propio sistema capitalista- se antepusieron a la hora de
terminar con la vida de los normalistas y que constituyen el germen de los
pueblos que luchan contra la desigualdad y la violencia. Si estos
criterios no primaran –a la par de los intereses del narcotráfico- los
estudiantes estarían en sus casas de estudios, ejerciendo el mismo derecho a la
educación que tienen miles de mexicanos. Si los políticos involucrados directa
e indirectamente en el caso no hubiesen accedido a que se llegue a éste punto,
los normalistas estarían formándose para ser maestros que contribuyan al
cambio. Como afirman los propios padres y compañeros de los normalistas:
se trata de futuros maestros y técnicos, no de criminales a los que hay que investigar,
como sugiere la PGR o las declaraciones realizadas por la misma clase política.
Con tales afirmaciones se demuestra que lo que están buscando las autoridades,
es desviar el curso de las investigaciones para desligarse de la sangre que
ellos mismos provocaron. Por tal motivo dilatan el tiempo de
análisis de las muestras encontradas, ponen en duda la responsabilidad de los
estudiantes y se anuncian fosas que despistan los hechos.
No obstante, con el pasar de los días también se vislumbran los verdaderos
responsables. A pesar de que para el parlamento de la UE el Presidente
Enrique Peña Nieto no sea el principal implicado, y se elogie su “esfuerzo” por encontrar a los
normalistas, para gran parte de la sociedad mexicana sí lo es. También lo es este
sistema, en el que no hay voluntad política nacional e internacional que ayuden
para encontrar el cuerpo de los normalistas, y se haga justicia. El
pueblo mexicano está de pie, como una bomba de tiempo que alarma a los
artífices del desastre: no pueden controlar esa ola de ira que recorre las
principales ciudades del país, y que llega incluso a las embajadas
internacionales. Cuanto más pasa el tiempo, más alto en la cúspide de
jerarquías sociales ascienden las responsabilidades.
La necesidad de construir caminos alternativos al sistema, reluce como
oportunidad única de escapar a las operaciones de represivas de los gobiernos
capitalistas, que ahora se asientan en el narcotráfico. Con el pasar
de los días, menos duda queda de que ese es el rumbo que deben
seguir los países donde la sociedad ya no tiene mecanismos con los que
defenderse más que su propia fuerza.
Lo que pasó en Ayotzinapa es una evidencia más de que si el pueblo no lucha
por su propio empoderamiento, no habrá leyes que alcancen para dar protección a
su propia vida, y a la de las próximas generaciones. El crecimiento de la
violencia del capitalismo ya es un hecho inocultable, al que solo puede
contraponerse la fuerza del cambio. ¡Vivos
se los llevaron, vivos los queremos!
México: Caen autores materiales de
desaparición de estudiantes
La fiscalía interroga a cuatro
personas que participaron directamente en la desaparición forzada que ha
conmovido al país
Lunes 27 de octubre del 2014
Autoridades
mexicanas detuvieron el lunes a cuatro personas que confesaron haber
participado directamente en la desaparición
forzada de decenas de estudiantes hace un mes en el sur de
México, un caso que ha conmocionado al país y ha levantado críticas sobre la
estrategia de seguridad del Gobierno.
El Procurador General (fiscal general), Jesús Murillo, precisó que dos de los
detenidos, todos presuntos integrantes de la banda
delictiva Guerreros Unidos,
dijeron que habían recibido a "un amplio grupo de personas y en este momento declaran sobre su
destino", en un suceso ocurrido en el violento estado Guerrero.
"Hoy tenemos las primeras
detenciones que se hacen de quienes han confesado y participaron la noche del
26 de setiembre y la madrugada del 27 ya en la desaparición y destino de este
amplio grupo de personas... Hoy tenemos ya a quienes operaron la desaparición
de estos jóvenes", dijo Murillo en
un breve mensaje a la prensa.
Los otros dos detenidos habrían participado como halcones (vigilantes) de los hechos, agregó Murillo respecto a la
desaparición de los 43 estudiantes de magisterio que fueron secuestrados el 26
de setiembre por policías municipales coludidos con miembros de la banda, tras
una manifestación en la ciudad de Iguala.
Algunas autoridades temen que los jóvenes hayan sido masacrados.
El procurador agregó que está previsto llevar el martes a un grupo de
periodistas al paraje donde se presume se consumaron hechos relacionados con la
desaparición, y que peritos de la fiscalía "buscan
evidencias para corroborar el dicho de los detenidos" junto con
antropólogos argentinos.
"Toda la fuerza
del Estado Mexicano está trabajando en este momento para corroborar la versión
de los que están declarando, pero también mantenemos y
continuamos en la búsqueda, en caso que no se diera la corroboración, de los
jóvenes y también de los responsables que ya han sido identificados", agregó.
Murillo afirmó la semana pasada que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca,
y su esposa, María de los
Ángeles Pineda, formaron parte del grupo de los autores
intelectuales que propiciaron la desaparición de los normalistas.
La pareja, que está prófuga y operaba en complicidad con Guerreros Unidos, ordenó el 26 de
setiembre frenar a los estudiantes que viajaban por una carretera rumbo a
Iguala tras haber tomado autobuses para recolectar dinero para la escuela rural
de magisterio donde estudiaban.
La Procuraduría General de la República (PGR) dictó una orden de
aprehensión contra Abarca y su esposa, y los jefes de las policías de Iguala y
Cocula, otra ciudad del estado.
Guerreros Unidos es una de las
varias bandas del crimen organizado en que se dividió el otrora poderoso cártel de los
Beltrán Leyva, cuyo líder Arturo Beltrán Leyva murió en un
enfrentamiento con marinos en diciembre del 2009.
La desaparición de los jóvenes llevó a que la semana pasada el gobernador
de Guerrero, Ángel Aguirre, pidiera licencia para separarse del cargo. El
domingo, el Congreso estatal nombró a un jefe de estado sustituto.
MEXICO: Ayotzinapa, crimen de lesa humanidad
DF. Exigen investigar desaparición
de normalistas en Iguala, Guerrero.
24 de octubre de 2014
MÉXICO, D.F.- Los tiempos de la diplomacia
son lentos, pero en ellos va la vida de muchos mexicanos y va el dolor de 43
familias que no encuentran más que fosas y ninguna respuesta sólida de dónde
están sus muchachos desaparecidos.
Este fin de
semana se cumple un mes que elementos del “Estado
mexicano” dispararon, asesinaron y desaparecieron a estudiantes de la
escuela Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero, y ya todos los
organismos internacionales han “condenado”
los hechos.
La movilización
multitudinaria realizada en la Ciudad de México removió heridas de muchas familias
que tienen años buscando a sus desaparecidos y a otros muchos les recordó una
rabia contra el gobierno arrinconada en su corazón, cubierta por el ir y venir
diario que nos hace indolentes para sobrevivir.
Pero finalmente
el coraje, la furia contenida emergió. Pero como las condenas de organismos
internacionales no bastan para encontrar a los jóvenes y menos aún para hacer
pagar al responsable, el Estado mexicano, las autoridades estatales y
municipales, los partidos políticos que en su infinita ambición de poder se
convierten en cómplices de criminales, ellos mismos pasan a ser criminales.
El viernes 26 de
septiembre se perpetró la desaparición de los 43 jóvenes, y de inmediato
Amnistía Internacional (AI) se abocó a acompañar a los familiares, darles asesoría
jurídica, apoyo psicológico; incluso la ONU en México hizo un llamado
humanitario a los autores del crimen para que presentaran con vida a los
jóvenes, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó
al gobierno mexicano “acciones
inmediatas” y “proteger la vida de
los estudiantes heridos y familiares”.
La condena
internacional obligó a las autoridades que encabeza Enrique Peña Nieto a, por o
menos mediáticamente, accionar. De repente los aparatos de inteligencia
empezaron a funcionar y detuvieron al último Beltrán Leyva, Héctor “El H”, con quien ligarían a la pareja “municipal de Iguala”, María de los
Ángeles Pineda Villa y José Luis Abarca; se detectó que fue “El Chucky” el que ordenó atacar a los
jóvenes; luego detuvieron al “Sapo Guapo”,
después a quien comandaba una de la células de los Beltrán Leyva, Salomón
Pineda Villa, “El Molón”; más tarde
agarraron a otro capo de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, y así,
de líder en líder la PGR puso en evidencia que en Guerreros Unidos hay de todo menos “tropa”.
Mucha detención
de líderes, nada del paradero de los
jóvenes; mucha fosa clandestina que dejó de serlo porque detectó nueve, 10, 20,
25 fosas que sólo evidenciaron aún más al país de la impunidad y provocaron que
de nuevo se abrieran las gavetas de los abultados expedientes sobre
desaparecidos para ver si ahí, entre esas veintitantas fosas, no hay víctimas
previamente reclamadas. Pero de los jóvenes normalistas, nada.
Declaraciones de
todo tipo han surgido, bueno, hasta los oídos del padre Alejandro Solalinde,
que radica en Oaxaca y por azares del destino pasó por Guerrero, aterrizaron
versiones sobre lo que les pudo haber ocurrido a los 43 normalistas, todos de
primer año. Pero nada claro sobre dónde están.
Se sabe quién se
los llevó: el Estado mexicano. Se sabe que se les intenta colgar a los jóvenes “el milagrito” de guerrilleros o que
tienen vínculos con el crimen organizado; se sabe que al gobierno le urge
acabar con el caso aunque para ello tenga que hacer a los muchachos soñadores
insurgentes o inconscientes mafiosos.
Pero el punto no
es qué hacían los muchachos, eso se deberá determinar una vez que aparezcan, el
tema aquí es que fueron desaparecidos por un órgano del Estado mexicano, que
fue una desaparición forzada. Eso ya ha sido claro, que es un crimen de lesa
humanidad, según el derecho internacional.
Por eso preocupa
que la diplomacia camine tan lenta, porque aunque las organizaciones
internacionales saben que hubo participación del Estado, que hay videos donde
se muestra a los policías llevándose a los jóvenes, no actúa más allá de una
simple condena.
El Parlamento
Europeo, por ejemplo, condenó el hecho pero a la par elogió el “esfuerzo” del gobierno de Peña Nieto
por encontrarlos. Muchos esperaban que los legisladores europeos fueran más
allá y detuvieran el flujo de 22 millones de euros que acordaron entregar a
México entre 2014 y 2017 en un convenio de cooperación.
El acuerdo del
Parlamento Europeo está condicionado al respeto de los derechos humanos, de ahí
que algunos mexicanos pensaran que declararía eso, que efectivamente con los
hechos de Iguala se constató la violación grave a los derechos humanos en
nuestro país.
No fue así, el
gobierno de Peña Nieto hubo de cabildear duro para bajar la presión y que todo
quedara en una condena aunque sin sanciones de por medio.
Del otro lado,
Estados Unidos. Al momento no ha emitido una declaración sobre el tema que
pudiera poner en peligro la tristemente célebre “Iniciativa Mérida”, y que no es otra cosa que el instrumento de
cooperación mediante el cual un pequeño caudal de dólares llega a nuestro país
para combatir el poderío del crimen organizado.
P or cierto, este
convenio conocido como Iniciativa Mérida
también está condicionada al respeto a los derechos humanos en quien recibe la
ayuda estadunidense, en nuestro caso México.
Falta un
empujón, falta que nadie compre la versión de que fue la mafia quien se llevó a
los normalistas y ahí quede el tema. El procurador general de la República,
Jesús Murillo Karam, ya dijo que se investigará a los policías municipales por
desaparición forzada. Este es el momento para seguir presionando, los mexicanos
aquí y las familias afectadas en el extranjero.
Ya está claro
que hubo desaparición forzada, ya está claro que fue por elementos del Estado,
ello implica que hay un delito de lesa humanidad. Esta es la primera
declaratoria que se debe lograr, luego vendrá otra, que se les encuentre y, si
aparecen vivos, entonces se elevará a “crimen
de Estado” y de ahí a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los culpables de
violar los derechos humanos tienen que ser juzgados; de lo contrario,
persistirán la impunidad y el riesgo de más desapariciones.
La pereza de la
diplomacia debe romperse y allá, fuera del país, es donde debe arrancarse el
delito de lesa humanidad, debido a que en México los que investigan son juez y
parte. No se debe aflojar el paso y las organizaciones civiles, defensoras de
los derechos humanos, pueden accionar llevando la voz de los familiares a cada
rincón del mundo. Los demás haremos lo que debemos hacer: seguir denunciando,
seguir investigando, seguir con la rabia para que la apatía no vuelva a
imponerse.
Es el camino y
no hay otro: la denuncia pacífica en México y la presión de los organismos
internacionales. Son dos acciones que pueden ayudar a encontrar a los 43
estudiantes de primer año de la escuela Norma Rural y, si se puede, a los otros
miles y miles que han desaparecido en este país.
Bloquean la Autopista
del Sol por más de ocho horas, exigen la presentación con vida de los
desaparecidos
Por Sergio
Ocampo Arista y Héctor Briseño,
corresponsales
dom,
26 oct 2014
La Jornada
Chilpancingo, Gro. Por más de ocho
horas –de 11:30 a 19:45–, integrantes de la Federación de Estudiantes
Campesinos Socialistas de México (FECSM), de la Coordinadora Estatal de
Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y padres de familia bloquearon
la Autopista del Sol y la carretera federal México-Acapulco, para exigir la
presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de
Ayotzinapa.
La protesta, lo
mismo que los cierres intermitentes realizados este domingo en la mayoría de
las vialidades de las regiones Costa Chica, Montaña Alta y Baja, fue un acuerdo
de las organizaciones integradas en la Asamblea Nacional Popular (ANP). Para
este lunes, adelantaron, bloquearán más vías, tomarán terminales aéreas y se
sumarán al paro de 72 horas convocado por diversas instituciones educativas del
país.
Alrededor de las
11:30 horas, los contingentes de la FECSM –que agrupa a los alumnos de las 16
normales del país–, de la CETEG y los paterfamilias (unas 500 personas)
llegaron en 14 autobuses y bloquearon ambos sentidos de la Autopista del Sol
México-Acapulco en el punto conocido como el Parador del Marqués. La Policía
Federal ordenó el cierre de las casetas de Metlapil, en el Viaducto Diamante, y
la de La Venta.
Cientos de automóviles
–principalmente de ciudadanos originarios de la ciudad de México y otras
entidades que vacacionaban o pasaron el fin de semana en Acapulco–, así como
autobuses y tráileres, comenzaron a estacionarse a orillas del camino, y ante
la imposibilidad de continuar, tuvieron que regresar al puerto.
En la caseta de
La Venta la congestión vial comenzó a las 13 horas, ante el intento de decenas
de camiones, vehículos ligeros y tráileres por salir de Acapulco, que este fin
de semana tuvo una ocupación hotelera de 60 por ciento.
En el bloqueo
participaron varios paterfamilias que buscan a sus hijos desaparecidos desde
hace un mes. Al intentar entrevistarlas, tres madres no quisieron declarar y
solo una de ellas soltó: “sólo hacen
tarugadas (los del gobierno)”, y
se cubrió el rostro.
En cuanto a la
designación de Rogelio Ortega Martínez, como nuevo gobernador de Guerrero,
manifestó: “no queremos que llegue nadie;
son los mismos cabrones”. Pidió: “No
dejen que se vaya (Ángel) Aguirre,
que no se vaya ese cabrón, y si se va que pague primero lo que hizo, porque él
está inmiscuido en todo eso, fueron sus policías, el mismo gobierno, y no se
vale”.
No se llevaron a más
compañeros de la normal porque ya no cabían en las patrullas
Quieren evitar un
estallido social, pero esto sólo es el principio; no sólo Guerrero se va a
levantar
Sanjuana
Martínez
26
de octubre de 2014,
Uriel Alonso Solís no
puede dormir, tiene pesadillas, está angustiado, deprimido. Desde aquella azarosa
noche del 26 de septiembre su vida ha cambiado. Tiene una duda existencial que
no le deja vivir en paz; los recuerdos le atormentan: Me siento culpable. Ellos eran de primero, nosotros de segundo, se
supone que debíamos cuidarlos.
Al cumplirse un mes, el síndrome del superviviente como consecuencia del
estrés postraumático ha empezado a afectar a decenas de estudiantes de la
Normal Rural Raúl Isidro Burgos, que fueron testigos de la muerte y
desaparición forzada de sus compañeros.
Quince estudiantes viajaban en otro autobús y vieron cómo la policía de
Iguala secuestraba a los 43. Enfrentaron las balas con piedras. Fue una disputa
desigual. La fuerza del estado contra los normalistas rurales. Algunos, como
Uriel Alonso, de 19 años, lograron sobrevivir:
Me salvé de milagro. Me
acordé que siempre que hay una balacera la gente se tira al piso, y yo me tiré
debajo del autobús. Cuando se calmó tantito, me arrastré y mis compañeros me
jalaron.
Luego subieron al autobús y se sentó al lado de su compañero Aldo Gutiérrez
Solano. Ambos sintieron el alivio de haberse salvado de la primera balacera.
Rieron juntos. Con la adrenalina aún en el cuerpo, Aldo confío en sus únicas
armas para defenderse: Si vienen,
los apedreamos.
Fue su última frase. En ese momento una bala penetró por la ventana y le
traspasó el cráneo: Lo vi caer. No supe qué hacer, nomás me tiré al piso. ¿Cómo no me voy a sentir culpable? Él
sigue en coma y yo estoy aquí; yo me salvé.
Los acribillaron en el autobús
La triste y larga noche del 26 de septiembre no había terminado. Frente a ellos, las balaceras se intensificaban. Me tocó verlo. A los compañeros los acribillaron dentro del autobús. Ya no salieron. Y cuando nos estábamos yendo, vimos cómo los estaban subiendo a las patrullas con las manos en la cabeza. No se llevaron a más porque ya no cabían en las camionetas.
Fue la última vez que vio a sus compañeros. Hoy se cumple un mes. Y no hay día que no piense en ellos. La imagen de sus compañeros cautivos lo persigue: Me siento culpable. Se supone que nosotros teníamos que cuidarlos. Yo me encargué de subir a todos cuando nos estaban baleando. Éramos cinco de segundo año y subimos como a 80 para salvarlos, pero ya nos habían quitado a 43.
Uriel está sentado al lado de Sergio Ochoa, de primer año. Las canchas en el interior de la normal están llenas de alumnos y familiares. Ambos tienen una cara de tristeza que parte el alma a cualquiera. Contienen el llanto. Aún no entienden las razones del estado para cometer semejantes crímenes. Van vestidos con camisetas raídas y pantalones viejos, pero impecablemente limpios y peinados.
A un mes de lo sucedido, el ambiente en la normal sigue siendo de duelo. El sentido de pérdida, de luto por los tres compañeros asesinados se une a la incertidumbre, a la espera interminable, a la exigencia al gobierno para conocer finalmente la verdad sobre los 43 desaparecidos.
Sergio habla con voz bajita: A nosotros nos bajaron del autobús. Eramos 15 Los policías cortaban cartucho. Y agarramos las piedras más cercanas. En ese momento, uno de los policías les gritó: Órale hijos de su pinche madre, no que muy chingones.
Los normalistas empezaron a correr por el Periférico Sur: Ellos en las patrullas y nosotros corriendo, llegamos a un terreno baldío y allí fue donde nos escondimos, nos refugiamos. Casi todos los que nos salvamos estamos deprimidos.
Los ánimos están muy caldeados. Carlos, tío de uno de los desaparecidos, se muestra enfurecido: El pinche gobierno es corrupto. Pedimos que haya justicia. ¿Por qué el gobierno no nos dice quienes son los que aparecieron en las fosas? Quieren evitar un estallido social. Pero esto es el principio. Enrique Peña Nieto está sintiendo los chingadazos. Y lo que falta, porque no sólo Guerrero se va a levantar, sino la nación.
Los jóvenes intentan calmarlo. La madre de su sobrino no soportó más tanto sufrimiento. La internaron en un hospital hace unos días. En esas condiciones están varios de los familiares de los desaparecidos. La rabia contenida se filtra en los discursos de los normalistas que justifican el fin del diálogo con el gobierno.
Tenemos el coraje, tenemos la rabia. No entendemos por qué las autoridades no han dado un informe real de lo que hicieron con nuestros 43 compañeros. La PGR (Procuraduría General de la República) no ha actuado como debería. Las autoridades no hacen nada porque somos de Ayotzinapa. Vemos la intención del olvido, el desprecio que se nos tiene. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Estamos decididos a no bajar la cara, estamos decididos a llegar hasta las últimas consecuencias, dice José Soriano Ramírez, de 22 años, portavoz de los normalistas.
La solemnidad de sus palabras es escuchada por un grupo de estudiantes, que lo rodean interesados por su arenga. Los murales de la normal lo dicen todo. En el principal, a la entrada, están sus referentes intelectuales: el Che Guevara, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez Rojas, Vladimir Lenin, Friedrich Engels, Carlos Marx…
En otro muro, un grafiti explícito sobre la represión: un policía apunta su arma contra un niño. La frase que da la bienvenida no deja nada a la imaginación sobre la pobreza extrema en que está sumido este plantel educativo. Desde hace años dejó de recibir el apoyo del estado, como una medida estratégica del gobierno que busca la desaparición de las normales rurales: Podrán faltar los recursos, pero nunca nos faltará la razón.
La versión gubernamental que vincula a los normalistas con el narcotráfico parece insostenible a la hora de recorrer los pasillos, los humildes dormitorios y las modestas aulas de esta normal. Las penurias que sortean para alimentarse las contrarrestan con lecturas y aprendizajes. La conciencia social de estos estudiantes es sólida y está fomentada por la endémica pobreza en la que vive Guerrero.
Nosotros nos deslindamos de esas acusaciones. El gobierno trata de desprestigiarnos. No viene al caso. Nosotros somos normalistas, nos dedicamos a estudiar, a apoyar a los estudiantes que protestan y exigen sus derechos. Es lo único que hacemos, y quizá ese sea nuestro delito.
En otra pared están sus mártires, los estudiantes asesinados por las policías en distintos momentos. El portavoz hace uso de la palabra, en medio de la penumbra que cubre la normal apenas iluminada. La Policía Comunitaria los protege.
Son siete compañeros que nos han matado, que nos han quitado de nuestras filas: Alexis, Gabriel, Fredy, Julio César Mondragón, Julio César Ramírez, Daniel Solís Gallardo y Aldo Gutiérrez, el compañero que está en coma. A ellos los hemos convertido en banderas de lucha. Ellos viven. Están aquí en la escuela. Ellos nos han enseñado que no debemos dejarnos y que hay que luchar por la educación. Para nosotros, los 43 que desaparecieron siguen vivos, y los que asesinaron también siguen vivos, y están aquí en la escuela y están con nosotros ahorita dándonos la fuerza necesaria.
El martirologio de Ayotzinapa tiene un principal responsable identificado. José Soriano Ramírez lo dice claramente: A partir de que Ángel Aguirre Rivero entró como gobernador, asesinó a nuestros dos compañeros José Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, en el bloqueo de la Autopista del Sol. Conocemos su historial: la masacre de El Charco, Aguas Blancas y otras represiones, y tenemos claro que lleva 13 luchadores sociales que ha asesinado. Lo conocemos. Tenemos su historia. Es un represor y un asesino.
Las madres de los desaparecidos ya no encuentran consuelo en nada. Su angustia crece cada día. Las informaciones contradictorias sobre fosas con cadáveres recientes y la negativa del gobierno a ofrecer información veraz, las atormenta. La duda las consume. La sospecha y el recelo a las versiones oficiales las indigna.
Manuel Olivares Hernández, secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, se confiesa horrorizado por lo que están viviendo: Es la expresión más clara de lo que es el cogobierno entre la delincuencia organizada y las autoridades civiles. Es el resultado de la omisión que por años han practicado los gobiernos federal y estatal, los principales responsables.
Con 17 años de lucha en favor de los derechos humanos, dice que nunca imaginó tanta perversidad contra los jóvenes estudiantes: Nunca me había tocado vivir una situación de este tipo; hemos sufrido la represión de la policía, detenciones arbitrarias y el asesinato de dos normalistas, que pensé sería lo peor, pero hoy nos damos cuenta que son capaces de hacer cosas mucho peores, más perversas.
Los normalistas coinciden en que la próxima represión viene fuerte. Se preparan. Están conscientes de que la lista de estudiantes mártires puede aumentar en caso de confirmarse la identidad de los cadáveres de las fosas encontradas. No confían en el gobierno, sólo en los resultados que pronto dará a conocer el equipo argentino de antropología forense.
Nueve forenses de este equipo trabajan a marchas forzadas para obtener los resultados del cruce de las muestras de ADN de familiares y los cadáveres de las fosas. Luis Fondebrider, presidente del equipo argentino, dice a La Jornada que en este momento trabajan en silencio y en contacto con los familiares de los desaparecidos, pero advierte que es necesario esperar el resultado científico, el cual, dice, será absolutamente confiable.
La independencia será total. Tenemos 30 años de trabajo en 50 países del mundo. Siempre hemos sido imparciales en nuestra tarea. Lo saben los tribunales de todo el mundo, los familiares, siempre trabajamos igual. Es nuestro estilo de trabajo.
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