MÉXICO: LA BÚSQUEDA CIUDADANA Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN (articular las luchas por verdad y justicia)
Por Rodrigo Llanes*
Publicado por Kaos en la red
El miércoles 14 de enero inició la búsqueda ciudadana de los estudiantes
normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Esta búsqueda se realiza en un
contexto en el que, por un lado, cada vez más personas presentan indicios de
que el responsable de las desapariciones forzadas y homicidios de los
normalistas fue el estado, particularmente elementos del ejército.
Esta posición es respaldada por las investigaciones del físico de la
Universidad Nacional Autónoma de México, Jorge Antonio Montemayor (quien ha
declarado recibir amenazas por su trabajo), del ingeniero Pablo Ugalde Vélez de
la Universidad Autónoma Metropolitana, entre otros investigadores; así como por
testigos de los sucesos del 26 y 27 de septiembre; miembros de la Unión de
Pueblos Originarios del Estado de Guerrero, entre otras personas que están
dando seguimiento al caso. Así, ha cobrado más fuerza una demanda: la
realización de una línea de investigación sobre la participación del ejército
en los homicidios y desapariciones forzadas de los estudiantes normalistas de
Ayotzinapa.
Por otro
lado, la demanda de dicha línea de investigación se enfrenta a la posición del
estado de “superar” ya el tema, pero
también de seguir ignorando y reprimiendo las manifestaciones. Si bien la
Procuraduría General de la República anunció que los familiares podrían
ingresar a los cuarteles del ejército (pues “están
abiertos a todos los ciudadanos”) siempre y cuando lo hagan “de forma ordenada y con respeto a nuestras
instituciones”, no podemos perder de vista que: la Secretaría de la Defensa
Nacional negó tener crematorios en las instalaciones del ejército, pero ya se
ha dado a conocer que sí cuenta con ellos (por lo menos dos, así como convenios
con el ISSSTE para usar sus crematorios); que el gobierno de la república
declaró recientemente que ha llevado a cabo una labor “impecable” (sic) en el caso; que el titular de la Agencia de
Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón Lucio, informó que “se han agotado todas las líneas de
investigación surgidas durante la indagatoria”, que ya suman 97 las
personas detenidas en el caso y que no hay señalamientos directos en contra de
integrantes del ejército; así como que el gobernador de Guerrero, Rogelio
Ortega, declaró a inicios de este año que los manifestantes son “ingenuos” si piensan que “no va a haber orden para decirles que los
van a parar y que les van a disparar”.
Es ante
tal postura por parte del estado que los padres de los normalistas
desaparecidos, estudiantes y demás personas y organizaciones que se han
solidarizado con Ayotzinapa han iniciado la búsqueda ciudadana, la cual ha sido
precedida (y seguro seguirá acompañada) de manifestaciones en batallones de
infantería, como la del pasado 12 de enero en el 27 Batallón de Infantería en
Iguala, en donde familiares de los normalistas desaparecidos y estudiantes se
enfrentaron con elementos de la policía militar antimotín y de la policía
estatal. También se realizaron manifestaciones en la sede del 61 Batallón de
Infantería de Tlapa, así como en el 11º Batallón de Infantería en Mérida.
La
búsqueda ciudadana de los normalistas de Ayotzinapa también tiene lugar en un
contexto en el que las manifestaciones en solidaridad con el semanario
crítico-satírico Charlie Hebdo y por la libertad de expresión ocupan un espacio
protagónico en muy diversos medios de comunicación. Las movilizaciones bajo el
lema Je
Suis Charlie (Yo soy Charlie)
no han estado libre de polémicas y han encontrado como respuesta la consigna Je ne suis
pas Charlie (Yo no soy
Charlie). Éste no es momento para discutir las controversias en torno al
tema, sólo destaco una, la relativa a la falta de indignación y movilización
por víctimas de la violación al derecho de libertad de expresión en otros
países. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de
2010 a enero de este año han muerto en México 97 periodistas o trabajadores del
sector periodístico. Además, la CNDH cuenta con 433 expedientes de queja por
agresiones a periodistas o medios de comunicación. Este elevado número de
periodistas asesinados y amenazados hace de México, según la organización Reporteros sin Fronteras, uno de los
países más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo (y, en
consecuencia, para la libertad de expresión). Lo peor de todo es que, según la
CNDH, 88% de los casos de agresiones contra comunicadores en el país permanece
en la impunidad.
Del mismo modo, para el caso de Yucatán, hay que
mencionar que el 13 de enero de este año las organizaciones Artículo 19 e Indignación presentaron al Congreso del Estado una solicitud de
desafuero al alcalde de Sayé, Ermilo Dzul Huchim, por las agresiones que
cometió en contra del periodista Edwin Canché Pech, quien en sus reportajes ha
denunciado distintos abusos de autoridad (desde golpizas hasta prácticas de coacción
de voto por el PRI) en dicha localidad.
En todos estos casos de injusticia encontramos como
denominador común la impunidad y la represión de la libertad de expresión, de
crítica y de denuncia, que han permitido que autoridades de distintos niveles amenacen,
golpeen, desaparezcan y asesinen a manifestantes. En ambos casos hallamos
autoridades que cometen actos criminales, así como el desentendimiento del
estado en la búsqueda de verdad y en la impartición de justicia, de modo que
son otros, principalmente organizaciones civiles y ciudadanos, quienes han
emprendido dicha búsqueda.
Desde luego, no se trata de la dispersión de causas
y luchas (Ayotzinapa, Charlie Hebdo, Edwin Canché…), sino, por el contrario, de
pensar y actuar en su articulación: ¿cómo las estructuras
de poder, marcadas por corrupción e impunidad, por violencia y represión,
producen casos como Ayotzinapa, Tlatlaya, periodistas asesinados, golpeados y
detenidos? Por eso, la búsqueda ciudadana de los estudiantes desaparecidos, que
es una búsqueda de verdad y de justicia, no puede prescindir de la lucha y la
exigencia por la libertad de expresión y en contra de la impunidad y represión
del estado.
Ante este escenario, las próximas manifestaciones deben hacer suyas
la exigencia de la línea de investigación sobre la participación de militares
en el crimen de Iguala; el apoyo (por ejemplo, a través de la recaudación de
fondos) para la búsqueda ciudadana de los normalistas desaparecidos; la
exigencia al Congreso del Estado de Yucatán del desafuero del alcalde de Sayé y
el castigo a todos los agresores de Edwin Canché; la demanda por la libertad de
expresión y por la integridad de los periodistas e investigadores amenazados
por su búsqueda de verdad y justicia. Y no olvidar que solo con organización se
puede encontrar la verdad y alcanzar justicia.
*Estudiante del doctorado en Ciencias
Antropológicas en la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa.
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