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MÉXICO: LA BÚSQUEDA CIUDADANA Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN (articular las luchas por verdad y justicia)

Por Rodrigo Llanes*
Publicado por Kaos en la red

El miércoles 14 de enero inició la búsqueda ciudadana de los estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Esta búsqueda se realiza en un contexto en el que, por un lado, cada vez más personas presentan indicios de que el responsable de las desapariciones forzadas y homicidios de los normalistas fue el estado, particularmente elementos del ejército. Esta posición es respaldada por las investigaciones del físico de la Universidad Nacional Autónoma de México, Jorge Antonio Montemayor (quien ha declarado recibir amenazas por su trabajo), del ingeniero Pablo Ugalde Vélez de la Universidad Autónoma Metropolitana, entre otros investigadores; así como por testigos de los sucesos del 26 y 27 de septiembre; miembros de la Unión de Pueblos Originarios del Estado de Guerrero, entre otras personas que están dando seguimiento al caso. Así, ha cobrado más fuerza una demanda: la realización de una línea de investigación sobre la participación del ejército en los homicidios y desapariciones forzadas de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
            Por otro lado, la demanda de dicha línea de investigación se enfrenta a la posición del estado de “superar” ya el tema, pero también de seguir ignorando y reprimiendo las manifestaciones. Si bien la Procuraduría General de la República anunció que los familiares podrían ingresar a los cuarteles del ejército (pues “están abiertos a todos los ciudadanos”) siempre y cuando lo hagan “de forma ordenada y con respeto a nuestras instituciones”, no podemos perder de vista que: la Secretaría de la Defensa Nacional negó tener crematorios en las instalaciones del ejército, pero ya se ha dado a conocer que sí cuenta con ellos (por lo menos dos, así como convenios con el ISSSTE para usar sus crematorios); que el gobierno de la república declaró recientemente que ha llevado a cabo una labor “impecable” (sic) en el caso; que el titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón Lucio, informó que “se han agotado todas las líneas de investigación surgidas durante la indagatoria”, que ya suman 97 las personas detenidas en el caso y que no hay señalamientos directos en contra de integrantes del ejército; así como que el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, declaró a inicios de este año que los manifestantes son “ingenuos” si piensan que “no va a haber orden para decirles que los van a parar y que les van a disparar”.
            Es ante tal postura por parte del estado que los padres de los normalistas desaparecidos, estudiantes y demás personas y organizaciones que se han solidarizado con Ayotzinapa han iniciado la búsqueda ciudadana, la cual ha sido precedida (y seguro seguirá acompañada) de manifestaciones en batallones de infantería, como la del pasado 12 de enero en el 27 Batallón de Infantería en Iguala, en donde familiares de los normalistas desaparecidos y estudiantes se enfrentaron con elementos de la policía militar antimotín y de la policía estatal. También se realizaron manifestaciones en la sede del 61 Batallón de Infantería de Tlapa, así como en el 11º Batallón de Infantería en Mérida.
            La búsqueda ciudadana de los normalistas de Ayotzinapa también tiene lugar en un contexto en el que las manifestaciones en solidaridad con el semanario crítico-satírico Charlie Hebdo y por la libertad de expresión ocupan un espacio protagónico en muy diversos medios de comunicación. Las movilizaciones bajo el lema Je Suis Charlie (Yo soy Charlie) no han estado libre de polémicas y han encontrado como respuesta la consigna Je ne suis pas Charlie (Yo no soy Charlie). Éste no es momento para discutir las controversias en torno al tema, sólo destaco una, la relativa a la falta de indignación y movilización por víctimas de la violación al derecho de libertad de expresión en otros países. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de 2010 a enero de este año han muerto en México 97 periodistas o trabajadores del sector periodístico. Además, la CNDH cuenta con 433 expedientes de queja por agresiones a periodistas o medios de comunicación. Este elevado número de periodistas asesinados y amenazados hace de México, según la organización Reporteros sin Fronteras, uno de los países más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo (y, en consecuencia, para la libertad de expresión). Lo peor de todo es que, según la CNDH, 88% de los casos de agresiones contra comunicadores en el país permanece en la impunidad.
          Del mismo modo, para el caso de Yucatán, hay que mencionar que el 13 de enero de este año las organizaciones Artículo 19 e Indignación presentaron al Congreso del Estado una solicitud de desafuero al alcalde de Sayé, Ermilo Dzul Huchim, por las agresiones que cometió en contra del periodista Edwin Canché Pech, quien en sus reportajes ha denunciado distintos abusos de autoridad (desde golpizas hasta prácticas de coacción de voto por el PRI) en dicha localidad.
          En todos estos casos de injusticia encontramos como denominador común la impunidad y la represión de la libertad de expresión, de crítica y de denuncia, que han permitido que autoridades de distintos niveles amenacen, golpeen, desaparezcan y asesinen a manifestantes. En ambos casos hallamos autoridades que cometen actos criminales, así como el desentendimiento del estado en la búsqueda de verdad y en la impartición de justicia, de modo que son otros, principalmente organizaciones civiles y ciudadanos, quienes han emprendido dicha búsqueda.
Desde luego, no se trata de la dispersión de causas y luchas (Ayotzinapa, Charlie Hebdo, Edwin Canché…), sino, por el contrario, de pensar y actuar en su articulación: ¿cómo las estructuras de poder, marcadas por corrupción e impunidad, por violencia y represión, producen casos como Ayotzinapa, Tlatlaya, periodistas asesinados, golpeados y detenidos? Por eso, la búsqueda ciudadana de los estudiantes desaparecidos, que es una búsqueda de verdad y de justicia, no puede prescindir de la lucha y la exigencia por la libertad de expresión y en contra de la impunidad y represión del estado.
          Ante este escenario, las próximas manifestaciones deben hacer suyas la exigencia de la línea de investigación sobre la participación de militares en el crimen de Iguala; el apoyo (por ejemplo, a través de la recaudación de fondos) para la búsqueda ciudadana de los normalistas desaparecidos; la exigencia al Congreso del Estado de Yucatán del desafuero del alcalde de Sayé y el castigo a todos los agresores de Edwin Canché; la demanda por la libertad de expresión y por la integridad de los periodistas e investigadores amenazados por su búsqueda de verdad y justicia. Y no olvidar que solo con organización se puede encontrar la verdad y alcanzar justicia.
*Estudiante del doctorado en Ciencias Antropológicas en la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa.

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