Escrito
por Abel Barrera
Centro
de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan"
Viernes,
27 Marzo 2015
En la madrugada del 27 de
septiembre, interrumpimos nuestro sueño, dejamos la casa y nos venimos a la
escuela para buscar a nuestros hijos. En la noche del 26, la esposa del
presidente municipal de Iguala, presentaba su informe, como pretexto para
destaparse como precandidata del PRD a la presidencia municipal.
Mientras a nuestros hijos los perseguían a balazos en las céntricas
calles de Iguala, la clase política dilapidaba el dinero con la realización de
un acto banal a favor de la esposa de un narco presidente. Esa noche mataron a
seis personas, hirieron gravemente a cinco y desparecieron a 43 de nuestros
hijos. La presidenta del DIF, cuyos hermanos fueron los líderes de la banda
criminal de Guerreros Unidos fue la
responsable junto con su marido, los policías municipales, federales, el mismo
Ejército y el gobernador de esta acción delincuencial.
Con la esperanza de que nuestros hijos llegaran a la normal, nos
quedamos para esperar su regreso. Sin poder conciliar el sueño, ni poder
regresar a casa para atender a los demás hijos, hemos pasado 180 días
buscándolos. Nadie del gobierno nos ha dado alguna información sobre su
paradero, más bien se han empeñado en silenciarnos, en hacer más cruento
nuestro sufrimiento, en decirnos que sus socios, los de la delincuencia
organizada, se encargaron de rematarlos y hacerlos cenizas.
El mismo presidente Enrique Peña Nieto, que nunca nos visitó en la
normal, ha pedido por la televisión que ya olvidemos esa tragedia, que le demos
vuelta a la página del dolor. Lo que quiere es que nadie se atreva a cuestionar
su gobierno y a descarrilar su proyecto, porque son más importantes los
intereses económicos que la vida nuestros hijos. Quieren limpiar la carretera, como lo pidió Ángel Aguirre Rivero a su
secretario de Seguridad Pública, cuando nuestros hijos protestaban en la Autopista
del Sol, el 12 de diciembre de 2011, donde a punta de bala, los policías
federales y del estado mataron a los estudiantes Jorge Alexis y Gabriel Echeverría.
Esto mismo hicieron con Julio César Mondragón Fontes, Julio César Ramírez Nava
y Daniel Solís Gallardo, así como con otras tres personas más la noche del 26
de septiembre.
Son las mismas acciones sanguinarias de los políticos, que actúan con
total impunidad, porque saben que gozan de fuero y que disponen de toda la
fuerza represiva del Estado, no para preservar el Estado de derecho y
garantizar el ejercicio de las libertades, sino para atentar contra la vida de
los ciudadanos y para proteger los intereses facciosos de la clase en el poder.
Los mismos politiquillos se erigen en defensores de los delincuentes que
gobiernan los estados y los municipios. Basta recordar el triste papel que
desempeñó el diputado federal, Sebastián de la Rosa, que ante la agresión de
Iguala a nuestros hijos, inmediatamente salió en defensa del presidente de
Iguala.
Esto mismo hizo, tanto el gobernador del estado como el secretario de
Salud, Lázaro Mazón, candidato de Morena para gobernador. Todos actuaron como
una mafia para defender a capa y espada a uno de sus socios más corruptos y
sanguinarios, todo por los apoyos económicos que dilapidó en la campaña del
gobernador.
Esta democracia manchada con la sangre de nuestros hijos, marcada por
desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas contra la gente
lucha por un cambio y busca mejorar sus condiciones de vida, no es la
democracia por la que lucharon los jóvenes del 68, que también fueron
perseguidos, desaparecidos y masacrados. Esa democracia del garrote ahogó en
sangre y enlutó miles de hogares. Esa democracia de los sepulcros es la misma
que sigue despareciendo a nuestros hijos, la que sigue cavando tumbas, la que
está destruyendo a nuestro país.
No podemos ser cómplices de un sistema electoral que sólo se preocupa
por el voto y porque los partidos políticos jueguen a la rueda de la fortuna.
Que ellos mismos se asignen presupuestos millonarios para pagarles el show de
las campañas que se destinan para comprar votos y vender promesas hechizas.
El sistema electoral está hecho a la medida de quienes dicen representar
los intereses de la sociedad, de las elites económicas y políticas, de las
cúpulas partidistas, que todo lo pactan y negocian. Para ellos las elecciones
son sagradas porque ahí radica su reproducción como grupos privilegiados,
porque es la vía más segura para seguir lucrando con el dinero del pueblo.
No podemos permitir que las instituciones se transformen en meros
representantes de los grupos políticos y en simple ejecutoras de normas y
procedimientos hechos para que los delincuentes lleguen al poder. Para que los
mismos grupos que gobiernan nuestro país desde hace décadas continúen rolándose
los cargos, a costa del hambre, el desempleo, el sufrimiento y la pérdida de
nuestros hijos.
Estamos frente al reto histórico que tenemos como sociedad de crear
nuevas formas de organización social que nos permitan tener garantías a
nuestros derechos. Ya hemos demostrado que somos capaces de transformar las
condiciones que imperan en nuestro país, para encontrar formas efectivas de
tutelar nuestros derechos y contar con garantías reales de no repetición frente
a violaciones graves de derechos humanos. Es necesario que garanticemos a
nuestros hijos e hijas que hechos como los ocurridos en Igual el 26 y 27 de
septiembre de 2014, no se volverán a repetir.
La exigencia de presentación con vida de los 43 normalistas de
Ayotzinapa nos da la pauta para demostrar nuestra sensibilidad, nuestra
indignación, pero sobre todo nuestra capacidad de transformación. Somos
personas creativas, desde las comunidades indígenas y campesinas, las colonias
y los barrios, las escuelas y universidades, los medios de comunicación de arriba
y de abajo, los sindicatos, los campos agrícolas, las organizaciones sociales y
de derechos humanos, colectivos e individuos, todas y todos tenemos la
inteligencia, la fuerza y el poder de cambiar nuestras condiciones de vida.
Los narco-políticos corruptos nos quitaron todo, hasta el miedo, por eso
debemos asumir esta responsabilidad histórica y arrancar el problema de raíz,
erradicar de una vez por todas a esta clase política divorciada de la población
a la que dice servir, nociva para el buen vivir de nuestras sociedades y
organizarnos como sociedad para acceder a una vida digna, en paz, con justicia,
tierra y libertad.
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