EL DERECHO A LA VERDAD, CON JUSTICIA A LAS VÍCTIMAS Y SOBREVIVIENTES DE LOS CRIMINES DE LESA HUMANIDAD
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé
de las Casas
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas,
a 24 de marzo de 2015.
Boletín de prensa N°10
La verdad está esclavizada bajo los
intereses de la riqueza y el poder.
Oscar Arnulfo
Romero
Homilía, 15 de
febrero de 1980
A
propósito del día internacional del Derecho a la Verdad, este Centro de Derechos
Humanos persiste en el señalamiento de las violaciones graves a los derechos
humanos cometidas en Chiapas y México, denunciamos la ineptitud, indiferencia y
complicidad, que sexenio tras sexenio los funcionarios del gobierno mexicano en
turno, han negado el derecho a la verdad y justicia a las víctimas y
sobrevivientes de los crimines de lesa humanidad.
Tal es la situación prevaleciente con el Conflicto Armado Interno no resuelto en
Chiapas, donde predomina la impunidad para investigar y sancionar a los
autores intelectuales y materiales que han cometido: ejecuciones
extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, tortura sexual y
desplazamiento forzado en la zona Norte del estado, durante los años de 1995 a
2000; la Masacre de Acteal perpetrada el 22 de diciembre de 1997 y la Masacre
de Viejo Velasco cometida el 13 de noviembre de 2006, entre otros casos de
graves violaciones a los derechos fundamentales.
Aunada a esta impunidad histórica, se suma la
actual crisis humanitaria como efecto de la declaración de guerra a la
delincuencia organizada, que ha dado como consecuencia la desaparición de 9,790
personas en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto[1].
En suma, desde enero de 2007 a octubre de 2014 se han registrado 23, 272
desparecidos[2]. El gobierno de México, vive hoy la peor
crisis estructural, que da evidencia del contubernio con el crimen organizado.
El hecho reciente que ha vuelto a herir al pueblo mexicano, es la desaparición
forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el
26-27 de septiembre de 2014.
Las instituciones decadentes en México no han
podido esclarecer, investigar, juzgar y sancionar los crímenes cometidos en un
contexto sistemático y generalizado de violencia, debido a que el sistema
de justicia se encuentra corrompido y contaminado por los intereses del poder.
La designación del exdirector de Centro de Investigación y Seguridad Nacional
(SICEN) y ex Procurador General de la República (PGR) Eduardo Medina Mora, como
magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es la imagen
que fija y corrobora la inexistente separación de poderes, donde la justicia se
encarga a quienes mantendrán el statu quo
de la impunidad, es ahí donde se liberaron a los autores materiales de la
Masacre de Acteal.
Ante este agujero de impunidad que no tiene fondo,
las violaciones de derechos humanos son un uso común del sistema capitalista de
muerte, de esta democracia liberal, de este México lacerado, es por esto que
las víctimas y sus familiares, todos y todas las personas que luchan por la
justicia, emprenden nuevas acciones enmarcadas en el ejercicio y respeto al
derecho a la verdad. Que contribuyen al no olvido, a la memoria histórica, a la
memoria de los pueblos que van caminando en la construcción de una nueva
sociedad, a la redignificación de las víctimas. Esta es la base de su
necedad para alcanzar una vida digna, para exigir que no se repitan violaciones
a los derechos humanos, como los crímenes de lesa humanidad, para
señalar públicamente a los responsables, así como las causas de las violaciones
y reivindicar la verdad histórica de quienes padecieron de manera directa esos
crímenes.
Finalmente,
este Centro de Derechos
Humanos hace un llamado a la sociedad civil nacional e internacional a seguir
apoyando a las víctimas y sus familiares de graves violaciones a derechos
humanos, en su constante búsqueda de verdad y justicia. Para que estos hechos no
se repitan en ningún otro lugar, para que juntos como
pueblo organizado realicemos acciones de difusión de la memoria histórica y de
conmemoración a las víctimas y sobrevivientes, para impulsar un proyecto de
justicia alternativa, intercambiar experiencias de lucha, estrechar vínculos
entre pueblos, comunidades y organizaciones, y caminar hacia la autonomía y
libre determinación.
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