Fuente:
Sididh/Centro Prodh
Publicado
por Kaos en la red
Autoridades
fabrican cargos y rompen familias para “limpiar” las calles, denuncian
organizaciones.
México, DF, 25 de marzo de 2015. “Como somos pobres, para nosotros no hay
derechos humanos”, denunció María Guzmán, madre de uno de los jóvenes en
situación de calle que fueron sentenciados por robo agravado el pasado 20 de
marzo, después de 11 meses de privación de la libertad en el Reclusorio Norte
de la Ciudad de México. Las organizaciones El Caracol, Centro de Derechos
Humanos Fray Francisco de Vitoria y la Red por los Derechos de la Infancia en
México (REDIM) denunciaron que las autoridades capitalinas no solamente retiran
a familias enteras del espacio público, sino que además les fabrican cargos,
como en este caso.
Las organizaciones recordaron que el 22 de abril de
2014 se llevó a cabo un operativo de limpieza social en el que participaron
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF)
en contra del grupo de población callejera que se ubicaba en la calle de
Artículo 123, en el centro de la ciudad. “Al
momento de ser privados de su libertad, no se les informó el motivo real de su
detención, ni se les presentó una orden de desalojo, por lo que los elementos
de la SSP-DF sólo les comentaron que tenían órdenes de desalojarlos; tampoco
fueron puestos a disposición inmediata del ministerio público, por el
contrario, estos elementos los retuvieron alrededor de dos horas en las
inmediaciones de la Alameda Central”, relataron.
El Caracol informó que a los detenidos les fueron
fabricados “delitos que no cometieron y
que son la causa principal de la sentencia condenatoria”, como robo agravado.
Además, resaltaron la existencia de contradicciones y errores en las supuestas
pruebas, entre ellas que una acusadora es elemento activo de la policía
capitalina cuando declaró que es ama de casa. Sin embargo, la jueza del caso
decidió dar más valor a las declaraciones de los policías que a las
declaraciones de testigos, fotos y videos presentados por la defensa, que
demostraban la inocencia de los jóvenes.
Las organizaciones denunciaron que este episodio “es parte de una política de limpieza social
del Gobierno de la Ciudad de México, que se lleva a cabo mediante diversos
operativos, entre los que destacan los desalojos forzosos y la fabricación de
pruebas de la comisión de delitos, muchas veces inexistentes. El círculo de
violencia estructural hacia poblaciones callejeras se redobla con sentencias de
este tipo, que criminalizan y judicializan estos casos”.
Johana Sánchez, del centro Vitoria, indicó que este
tipo de acciones llenan de miedo a la población que vive en los espacios
públicos. Alma Meneses, de REDIM, agregó que se violenta también a las niñas y
niños que presencian los operativos, además de que las autoridades rompen a las
familias al quitarles la custodia de los infantes.
“Bajo la idea
de ciudades bonitas e higiénicas, se envía el mensaje de que todo lo que la
afea tendrá estas consecuencias”, interpretó Luis Enrique Hernández,
de El Caracol.
Las organizaciones informaron que los derechos
negados a estas poblaciones son: al de la identidad, a la alimentación
adecuada, a la vivienda digna, a la educación, a servicios de salud, y
oportunidades de empleo en condiciones justas y equitativas que les permita
desarrollarse plenamente. Además, a la libertad, la seguridad personal, a no
ser sometidos a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, a la igualdad
ante la ley, a no ser detenidos arbitrariamente, a la presunción de inocencia,
a la honra, a la no discriminación, al debido proceso, los derechos de la
niñez, los derechos de las mujeres y de las personas con discapacidad.
Las organizaciones exigieron que la nueva instancia
judicial que conocerá del caso valores las pruebas de la defensa, que el
gobierno local ponga fin a sus acciones de limpieza social y que se construyan
políticas públicas de atención integral a la población en situación de calle,
entre otras peticiones.
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