Por: Érika Paz
Revolución
TRESPUNTOCERO
13 mayo, 2015
(13 de mayo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- El Estado
mexicano no ha cumplido las medidas cautelares emitidas el 28 de enero de este
año en favor de Néstora Salgado García, por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH); poniendo en riesgo la vida de la activista social,
quien ayer cumplió siete días en huelga de hambre, en una prisión de máxima
seguridad de Tepic, Nayarit.
En entrevista telefónica con Revolución TRESPUNTOCERO, la abogada
Alejandra Gonza, de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de
Seattle, explicó que desde noviembre de 2013 se buscaron las Medidas Cautelares
para Néstora, una batalla que se libró por más de un año y fueron otorgadas
recientemente en enero.
A partir de que la clínica de
Seattle atrajo el caso, se ha buscado “la
liberación inmediata de Néstora en lo que corresponde en derecho, y segundo en
tanto que esa liberación no ocurra, pedíamos el traslado humanitario a un
hospital cercano a la familia en el Distrito Federal (lo que no fue
aceptado), así como las medidas
cautelares pero finalmente no se cumplieron ninguno de los tres elementos”,
mencionó.
Desde la ciudad de Seattle en
Estados Unidos, Alejandra Gonza precisó que “uno
de los puntos especiales de la CIDH y de los estándares internacionales en
materia de derechos humanos, es que cuando se está ante una situación de riesgo
en la salud, las evaluaciones médicas que se realizan a la persona detenida
deben ser atendidas por médicos profesionales, independientes y de confianza de
la beneficiaria de las medidas cautelares”.
Sin embargo, “este es otro punto que no hemos podido lograr: que el Estado mexicano
respete. Lo que hizo fue someter a Nestora a distintas evaluaciones médicas […]. Esas evaluaciones médicas se han usado
para vulnerar, nuevamente, los derechos de Nestora”, precisó Alejandra
Gonza.
“El testimonio
más alarmante es en el que ella cuenta que en una de las
evaluaciones –y no sabemos bien cuál, porque el acceso a Néstora es tan
difícil– le insertaron agujas por todo su cuerpo. Agujas que le daban choques
eléctricos en distintas partes de los nervios de sus músculos”.
Néstora, Coordinadora de la Policía
Comunitaria del municipio de Olinalá, Guerrero, fue detenida el 21 de agosto de
2013 por el entonces gobernador de la entidad, Ángel Aguirre Rivero, y el
alcalde Eusebio González Rodríguez, bajo cargos de fuero federal que más tarde
le fueron retirados.
Sin embargo sigue en reclusión en
una prisión de máxima seguridad por cargos del orden común, sin que haya sido
condenada por el delito de secuestro que se le imputa. Es preciso recordar que Néstora
Salgado forma parte de la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias–Policía Comunitaria (CRAC-PC), desde donde denunció los nexos de
funcionarios con la delincuencia organizada.
A tres meses de cumplir dos años en
prisión, Néstora ha sido orillada a la huelga de hambre como una acción extrema
para exigir su propia liberación, al haber sido “detenida ilegal y trasladada arbitrariamente a una prisión federal por
orden del Ejecutivo de Guerrero”, sin que hasta el momento se haya logrado
la revisión judicial del caso.
“Apenas tuvimos
conocimiento de la huelga de hambre, se mandó un escrito a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos”, para denunciar el incumplimiento
de las medidas cautelares, puntualizó la abogada Alejandra Gonza.
Quien también recordó que el 16 de
marzo de este año, la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle
logró concretar “una acción urgente
dirigida al gobierno mexicano suscrita por el grupo de detenciones arbitrarias
de Naciones Unidas (ONU)” y siete
relatores y expertos de la ONU en materia de “violencia contra la mujer, pueblos indígenas, salud, independencia
judicial y derechos humanos”.
La abogada hizo hincapié en que “Néstora no comienza esta huelga de hambre
en una situación de salud ideal. Justamente ya había demostrado un deterioro
progresivo en su salud”, tal como consta en la resolución de la CIDH.
Por lo que al Estado mexicano no le
corresponde determinar si Néstora “está
sana o enferma a través de evaluaciones médicas. Eso está acreditado
internacionalmente. Y lo que tiene que hacer es procurar las medidas y sacarla
de esa situación en que sólo el Estado la ha colocado y la ha arrinconado en
una medida tan radical como el entrar en una huelga de hambre”.
Cuestionada sobre la actuación del
Estado y las autoridades mexicanas en el caso de la activista social Néstora
Salgado; Alejandra Gonza identificó ciertos patrones de actuación en contra de
líderes sociales, como la fabricación de delitos de fuero federal, el traslado
a prisiones alejadas del lugar de origen, la obstaculización de la defensa
legal y la violación a los derechos humanos.
Finalmente, Alejandra Gonza enfatizó
en la necesidad del acompañamiento en las acciones de solidaridad para la
liberación, mismas que se llevan a cabo en Estados Unidos y México. Así como en
la exigencia de liberación a los titulares de los Ejecutivos Federal y del
estado de Guerrero, antes de que el caso llegue “a las últimas consecuencias”, como lo ha dicho Néstora desde su
reclusión.
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