Escrito por Rafael Camacho
Jueves, 21 Mayo 2015
Eloxochitlán de Flores Magón, cuna del anarquista mexicano
Ricardo Flores Magón, es un municipio de aproximadamente 5 mil habitantes
ubicado en la región Cañada del estado mexicano de Oaxaca. El municipio de
Eloxochitlán, como casi dos terceras partes de los municipios en el estado de
Oaxaca, se rige bajo el sistema de usos y costumbres o sistema normativo de las
comunidades indígenas.
Cada tres años se lleva a cabo la elección de las
autoridades municipales así como de representantes de barrio; la comunidad se
conforma por 24 barrios y dos agencias municipales o rancherías. Los agentes
municipales son elegidos por usos y costumbres por periodos de un año; entre
sus principales funciones están la de representar a la agencia dentro del
ayuntamiento y ser gestor de los asuntos de su comunidad. La Asamblea General
es el órgano de toma de decisiones, que se da por medio del voto a mano alzada.
A diferencia de otros municipios del estado de Oaxaca, en Eloxochitlán, también
hay participación de las mujeres en la toma de decisiones.
La intromisión de los partidos
políticos
A principios del año 2010, con vista a las elecciones
comunitarias de noviembre, comenzó la intromisión de los partidos políticos en
el proceso comunitario; la compra y coacción del voto con el fin de ganar el
apoyo de la comunidad fueron sólo algunas de las acciones emprendidas por los
partidos políticos y sus representantes con el fin de ganar las elecciones en
una clara violación a las formas tradicionales de toma de decisiones.
Luego de la derrota de
Eviel Pérez Magaña, candidato del PRI a la gubernatura del estado en contra de
la coalición «Unidos por la Paz y el Progreso»,
integrada por PAN, PRD, Convergencia y PT; Manuel Zepeda, priísta originario de
Eloxochitlán, fue cobijado por Convergencia para buscar la presidencia
municipal y por medio de la compra de votos y alianzas con líderes barriales,
logra el triunfo en la asamblea de una forma muy ajena a las formas
tradicionales de toma de decisiones con tan sólo una tercera parte de los
votos.
Las partes inconformes
pidieron una integración en los espacios del cabildo –como es tradición en la
comunidad, donde el segundo y tercer lugar en las votaciones forman parte del
gobierno con el candidato vencedor–, pero ante la negativa y cerrazón del
candidato electo, los inconformes acuden a la Secretaria General de Gobierno
del Estado de Oaxaca (SEGEGO) y las autoridades competentes, de quienes no
reciben una respuesta favorable. Así inicia un conflicto post-electoral y el
surgimiento de la asamblea comunitaria que realiza manifestaciones y acciones
de presión con el objetivo de que se respeten las formas tradicionales de toma
de decisiones e integración del cabildo.
Para el 31 de diciembre
de ese año y ante el conflicto post-electoral, Eusebio Morales Alfaro,
presidente saliente, decide no dar posesión a Manuel Zepeda. Ello deriva en el
cierre del palacio municipal y la toma durante dos días de la carretera Puente
de Fierro, que comunica los poblados de Teotitlán de Flores Magón y Huautla.
Ante la falta de
acuerdos y las movilizaciones en contra de Manuel Zepeda, encabezadas por
integrantes de la asamblea comunitaria, la SEGEGO llama a las partes al diálogo
para una supuesta «integración y toma de
acuerdos que permitan dar fin al conflicto post-electoral», pero todo es un
montaje para sofocar el movimiento de la asamblea. El falso diálogo deviene en
la liberación de órdenes de aprehensión contra integrantes de la Asamblea
Comunitaria y la detención de Jaime Betanzos Fuentes, integrante de la comisión
negociadora, quien es trasladado al penal de alta seguridad de Miahuatlán. Esto
conlleva un rompimiento total del diálogo entre la Asamblea Comunitaria y el
gobierno del estado.
Un gobierno represivo
Una semana después de la detención de Jaime Betanzos y el
rompimiento del diálogo, un operativo policial de los tres niveles de gobierno
ingresa a la comunidad para «reestablecer el orden». En este operativo se
realizan cateos ilegales en casa de algunos integrantes de la asamblea
comunitaria.
RELATO DE UNA CIUDADANA DE ELOXOCHITLAN
Subido el 07/02/2011
Esto
sucedió el día domingo por la tarde, los militares catearon varias casas en una
de las zonas de más alta pobreza en Eloxochitlán
Pero esto no basta para
frenar la exigencia de liberación de Jaime Betanzos; tampoco la organización.
Por ejemplo, los trabajos comunitarios conocidos como tequios o faenas –la
limpia de caminos y carreteras y la delimitación de territorios entre
municipios vecinos, entre otras cosas–. El 13 de febrero del año 2011 después
de haber realizado labores informativas en la comunidad, invitando al tequio
del día 14 por la libertad de Betanzos, un grupo de aproximadamente diez
integrantes de la asamblea comunitaria fueron interceptados, golpeados y
amenazados por el presidente municipal Manuel Zepeda junto con un grupo de
choque apoyado por policías municipales.
A la mañana siguiente
durante los trabajos de la faena, decenas de integrantes de la asamblea que
limpiaban la carretera a Santa Cruz, son golpeados brutalmente por un grupo de
choque encabezado nuevamente por Manuel Zepeda y su hijo, con el claro objetivo
de desarticular la organización para eliminar cualquier obstáculo a su
gobierno.
Eloxochitlán, agresiones
Subido el 17/02/2011
Agresiones de Manuel Zepeda
ELOXOCHITLAN
DESALOJO CON VIOLENCIA DE FAENEROS
Subido el
14/02/2011
Unos días después,
apenas el 25 de febrero, es liberado Jaime Betanzos debido a las
irregularidades en el proceso y la falta de pruebas que pudieran relacionarlo
con algún ilícito.
El 20 de marzo
siguiente, la asamblea comunitaria se reúne nuevamente con el objetivo de poner
fin al conflicto post-electoral. Piden al presidente municipal una integración
en el cabildo que tome en cuenta a la mayoría de la población. La respuesta a
su petición vuelve a ser la represión por parte de Manuel Zepeda y su grupo de
choque, quienes armados con palos, tubos, piedras y armas de fuego atacan a la
gente de la asamblea dejando nuevamente varios heridos.
En medio del ambiente de
represión y violencia desatado por el presidente municipal y su grupo de
golpeadores, el día 8 de abril es incendiada una unidad de transporte de carga
utilizada por los agremiados de la organización Unión de Comunidades Campesinas
Marginadas (UCOCAM) generada en la asamblea comunitaria
El día 30 de mayo,
después de volver de un tequio, integrantes de la asamblea fueron interceptados
por el mismo sujeto y sus golpeadores a la altura del paraje Agua de Máscara. Genaro
Gómez González, Daniel Romero Pérez y Roberto Pineda Monfil fueron detenidos,
golpeados y torturados por el simple hecho de ser miembros activos de la
asamblea, lo cual queda asentado en una queja ante el Ministerio Público y la
comisión de la Oficina Regional mixta de derechos humanos de Huautla de
Jiménez. Dicha queja nunca prosperó.
El saqueo de recursos y el
nepotismo
El periodo en que ese presidente y sus cercanos ejercen el
poder con autoritarismo y represión, es también el periodo en que inicia el desvío
de recursos naturales y económicos del municipio. Zepeda favorece el saqueo de
arena, grava y piedra de río para beneficiar a sus propias empresas y las de
sus allegados, como la constructora que se encuentra a nombre de su yerno David
Tello, otra de materiales pétreos a nombre de su esposa y una más a nombre de
su hermano Vicente Zepeda.
También concede cargos
públicos a toda su familia, designando a su hijo Manuel como director de
logística y mantenimiento del municipio, y a su hija Elisa Zepeda como directora
del DIF y asesora de desarrollo municipal. Sin licitación de por medio, asigna
obras a sus propias empresas –práctica contraria las formas tradicionales del
pueblo pero muy cercana a la manera de actuar de los partidos políticos.
En junio del 2011 el
huracán Beatriz azotó con fuerza el estado de Oaxaca causando graves daños en
la sierra mazateca y en la comunidad de Eloxochitlán. Hubo decenas de
damnificados y enormes daños a las siembras y al ganado de la comunidad.
Algunos pobladores consideran que los daños causados fueron consecuencia de las
obras en el río, ya que su cauce fue
modificado debido al saqueo de piedra y arena que anteriormente sirviera como protección
natural de su cauce.
Ante la tragedia,
Protección Civil hace acto de presencia en la comunidad y realiza un mapeo de
los daños junto con el presidente municipal, a quien entrega recursos para
ayudar a las familias damnificadas. Estos recursos sólo fueron entregados a sus
seguidores, quedando excluidos del reparto los miembros de la asamblea
comunitaria.
La cacería de brujas
Durante el 2012 se desata una cacería de brujas contra
integrantes de la asamblea, decenas de delitos fabricados son usados para
liberar órdenes de aprehensión en contra de ellos. Algunos huyen de la
comunidad mientras otros se amparan.
Unos meses después, el
huracán Ernesto pega en la Sierra Mazateca. En medio de las labores de
reconocimiento de los daños, integrantes de la asamblea Comunitaria son
emboscados por un grupo de al menos 30 hombres encabezados por el presidente
municipal y acompañados por policías municipales que, sin mediar palabra,
inician una agresión contra los pobladores, derivando en la detención de Pedro
Peralta, quien luego de ser incomunicado y torturado por más de siete horas, es
trasladado al penal de Cuicatlán por los delitos de «portación de arma de uso exclusivo del ejército» (de fuero
federal), sustentado con un arma que pertenecía al grupo agresor y «daños y lesiones» (de fuero común).
Actualmente continúa
preso en el penal de Cuicatlán y su proceso se encuentra plagado de
irregularidades. Cabe destacar que el policía municipal Feliciano Margarito
Suárez, que fungía como comandante cuando Pedro fue detenido, alegó en la
diligencia del 13 de octubre, que fue forzado a firmar el parte informativo y
que el arma con la que fue presentado Pedro Peralta fue sembrada. Las
conclusiones de esas diligencias no han llegado al juzgado 8 donde se lleva el
proceso y dichas requisitorias son necesarias para cerrar la instrucción o proceso
y que el juez dicte sentencia.
El juez del juzgado
mixto de Huautla de Jiménez, Modesto Isaías Santiago Martínez, reclasificó el
delito de tortura y lesiones contra Pedro, pero a la vez reactivó las órdenes
de aprehensión contra integrantes de la asamblea. La Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) nunca emitió medidas cautelares a pesar de la evidencia
de tortura que se dictaminó en el peritaje realizado por la Procuraduría
General de la República (PGR) en el que concluye que en el proceso de Pedro,
fue violado el Protocolo de Estambul.
Las movilizaciones por
la liberación de Pedro no se hacen esperar, integrantes de la Asamblea
Comunitaria ponen en marcha una campaña política y mediática para denunciar el
caso y exigir su liberación. Movilizaciones sociales, información en medios
libres y alternativos, volanteos y pintas, son sólo algunas de las acciones
realizadas a las cuales la policía responde nuevamente con represión, como el
día 20 de noviembre de 2012 cuando, previo al desfile cívico deportivo, Manuel
Zepeda al frente de un grupo de policías agrede a la señora Leonides Fernández
quien no permitió que retiraran la propaganda que se encontraba pegada afuera
de su tienda, que exigía la liberación de Pedro Peralta y culpaba al presidente
municipal de los hechos violentos ocurridos en los últimos meses en la
comunidad.
Esa misma noche estaba
planeada la salida de una caravana rumbo a la Ciudad de México para conmemorar
el aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón, pero antes de salir, la
caravana es interceptada por el grupo de choque, policías municipales y Manuel
Zepeda, dando como resultado decenas de heridos, entre ellos niños, mujeres,
ancianos y el periodista Fernando Palacios, como queda asentado en la alerta
emitida por la organizaciónArtículo 19 (dedicada a la protección y defensa de
periodistas y de la libertad de expresión). Cabe destacar que a pesar de las
evidencias, la delegada de la PGR en Oaxaca no ha girado órdenes de aprehensión
contra los responsables del ataque. En los días siguientes la defensoría de
derechos humanos de los pueblos de Oaxaca emite recomendaciones hacia el
presidente municipal y medidas cautelares a favor los heridos. Días después se
instalan mesas de diálogo entre el gobierno de Oaxaca, el presidente municipal
y los afectados de la asamblea comunitaria.
Sin embargo este diálogo
nunca prosperó; no se tomaron en cuenta las medidas cautelares ni mucho menos
se hizo justicia.
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