Son cinco los
puntos fundamentales para entender si el caso Ayotzinapa se podrá esclarecer
algún día. Para explorarlos hace falta comprender los avances del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) nombrado por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y cuya presencia y actividad fue aceptada
por el gobierno mexicano. Estos hombres y mujeres con gran experiencia en casos
de desaparición forzada, crímenes de lesa humanidad y evaluación de riesgos en
contextos dictatoriales, ha tenido avances que no podemos soslayar.
Gracias a su claridad
sabemos con precisión que la aciaga noche del 26 de septiembre pasado los
estudiantes llegaron tiempo después de que se terminara el evento de la
presidenta del DIF, esposa del alcalde Abarca.
Sabemos a ciencia cierta
que las autoridades de Guerrero, la policía federal y los miembros del batallón
27 del ejército estaban plenamente informados de que los estudiantes de la
Normal de Ayotzinapa estaban boteando y tomando algunos autobuses.
En ningún momento, ninguna
autoridad pensó que los estudiantes estuvieran armados o haciendo cosa
distinta. Los miembros de GIEI han podido hablar con todos los familiares y
testigos conocidos del ataque. Es absolutamente indispensable esclarecer si el
caso de los 43 es una estrategia de desaparición forzada como práctica formal
ante grupos considerados potencialmente desestabilizadores, o una acción
criminal de un pequeño grupo dentro del sistema político/militar.
El primer
punto, sin duda, será impedir la pulverización del caso, es decir las
investigaciones se encuentran divididas en 13 causas penales, en 6 juzgados
diferentes, y los detenidos en tres prisiones distintas, lo cual resulta absolutamente inaceptable.
No es la primera vez que en
un caso penal la investigación surge desarticulada, fragmentada, esto se debe
en gran medida a las malas prácticas burocráticas del sistema de justicia
penal, ciertamente, pero también es resultado de decisiones políticas de
gobernadores que operan sobre las procuradurías locales y de las decisiones de
la PGR con la Segob, que al no hacerse plenamente responsable de un caso
criminal, permiten que la fragmentación aletargue el procedimiento de la
investigación, que a su vez permite la fuga de información y el robo hormiga de
evidencias. La atracción del caso en un solo juzgado, sumando las causas y
tomando en cuenta todos los delitos es indispensable y factible. Esto no
debería depender de la voluntad política, sino de la efectividad de los órganos
de administración e impartición de justicia así como de la Secretaría de
Gobernación. Negarse a la acumulación procesal significa que desean obstruir el
esclarecimiento del caso.
El segundo, sin
duda, es que se acuerde con la Secretaría de la Defensa Nacional, el encuentro
de miembros de GIEI con los soldados del Batallón 27 para hacer entrevistas
directas y buscar cabos sueltos. Hasta ahora
Sedena se ha negado a cooperar en la investigación ¿por qué el ejército niega
esta posibilidad si sus soldados, cuyos nombres ya se conocen, no
son responsables de limpieza social o desaparición forzada, o connivencia
criminal? Ciertamente sólo el presidente Peña, como comandante en jefe de las
fuerzas armadas, puede exigir al ejército que facilite este encuentro ¿Por qué
el presidente prefiere el desgaste que el caso le genera a su gobierno antes
que la elucidación? El gobierno federal sabe que el GIEI no opera como un
Ministerio Público, su labor fundamental es facilitar la efectividad de las
investigaciones y transparentar los procedimientos como coadyuvante.
Tercero: México tiene en el espacio los satélites
Solidaridad 1 y 2, Satmex 5 y 6, Quetzat 1 y Satex1, gracias a ellos y a la red
satelital con que opera en acción conjunta los Estados Unidos y nuestro país,
sumadas a la red federal de microondas operada por la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes, a las redes satelitales concesionadas por nuestro gobierno a
empresas privadas y la UNAM, tenemos la posibilidad de obtener fotografías
satelitales segundo a segundo del basurero de Cocula y los otros nueve escenarios
del crimen, lo cual resulta vital para la investigación. Gobernación y PGR se niegan a pedir
formalmente estas fotografías indispensables para el esclarecimiento del caso y
su integración en el expediente.
Cuatro: el GIEI no ha podido entrevistar
a todos los agentes de la Policía Federal y de la Policía
Ministerial que, según los testimonios, estuvieron presentes en las escenas del
crimen del día 26 de septiembre. Sus testimonios son indispensables y negarlos
resulta por demás sospechoso ¿prefieren desgastar a toda una corporación que
investigar a unos cuantos?
Quinto: Resulta ridículo que un juez haya declarado
que es mejor acusar a los sospechosos por el delito de secuestro, por tener
penas más graves que la tortura y el homicidio. La justicia no debe responder
al gusto del consumidor, sino a los hechos constitutivos del delito; en este
caso se deben investigar los siguientes crímenes: desaparición forzada,
tortura, tentativa de homicidio, encubrimiento, obstrucción de justicia, abuso
de autoridad, uno inadecuado de la fuerza, lesiones y amenazas.
Más allá de la imaginación,
de los chismes y las sospechas de todo tipo, lo que el GIEI exige es que se
haga un análisis del contexto real y del modus operandi de
los perpetradores para llevar a cabo la estrategia de búsqueda formal. Hasta no
tener certezas, los 43 jóvenes deben ser buscados por cielo, mar y tierra.
Porque un crimen que se da por sentado sin evidencia, es fácilmente reiterado.
A todos, al gobierno y a la
sociedad, nos conviene esclarecer este caso, debemos tener evidencia absoluta
de que el gobierno federal no lleva a cabo prácticas dictatoriales de
desaparición forzada, porque de ser así, hemos de hacer todo lo posible para
impedir que México caiga en el despeñadero de la limpieza social como práctica
política.
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