Manifestantes protestan en las
instalaciones de Televisa Chapultepec.
Foto: AP / Eduardo Verdugo |
Jenaro Villamil
23 de junio de 2015
Revista Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- Desde el inicio de su gobierno,
Enrique Peña Nieto quiso desembarazarse del vínculo contractual con Televisa y
TV Azteca, con las grandes empresas de radiodifusión y mostrarse como un primer
mandatario priista que impulsaría una reforma
profunda en telecomunicaciones y en medios.
A menos de tres años de
distancia, la reforma legal devino en una contrarreforma: todos los avances que
se lograron en el terreno de la reforma constitucional (incluir los derechos de
las audiencias, determinar que los medios son “servicios de interés público”, crear un órgano autónomo para que
el presidente no fuera el gran árbitro de las concesiones, avanzar en la
convergencia y eliminar la brecha digital, entre otras) se transformaron, en la
práctica, en retrocesos.
En ningún otro sexenio
como en éste el derecho a la información y los derechos de las audiencias han
sido sistemáticamente violados y vulnerados con el acuerdo de los grandes
corporativos mediáticos y el gobierno.
En ningún otro sexenio
como el peñista la práctica de la censura previa se ha generalizado no sólo en
los medios públicos (como el caso reciente y escandaloso del Canal 22), sino en
los medios electrónicos, en los medios impresos (dependientes del uso de la
publicidad oficial como mecanismo de control) y entre los concesionarios de
radio.
Lo peor de este
escenario es que el autoritarismo informativo ya no es monopolio exclusivo de
la Presidencia. En las entidades de la República, los gobernadores –sin
distinción de signo partidista– recuperaron las viejas prácticas del control,
intimidación, persecución hacia los medios e informadores críticos, la
impunidad frente a los homicidios de periodistas, el despilfarro de recursos
públicos para promoverse personalmente y la censura directa o indirecta.
Los casos más graves,
señalados una y otra vez en medios alternativos digitales o en las redes son
los de Javier Duarte, en Veracruz (que se llevará el récord de censor y agresor
en su mandato), Rafael Moreno Valle, en Puebla (que combina la ambición con la
guerra sucia a sus críticos), Roberto Borge, en Quintana Roo (que encarcela a
todo aquel que le sea incómodo), a Manuel Velasco, en Chiapas (que ejerce la
antigua práctica de sembrar chayotes en las salas de redacción nacionales y
estatales), César Duarte, en Chihuahua (que aspira a dirigir el PRI nacional a
través de la mano dura), o Rodrigo Medina, en Nuevo León (cuyo control y
convenio con las televisoras no lo ayudó en nada para evitar el hundimiento de
su partido).
Estos son algunos
ejemplos, pero no los únicos.
El estado de censura e
intimidación de los medios informativos en México es sólo comparable con la
denuncia constante en los foros internacionales, en las redes sociales y en
algunos medios internacionales que documentan este retroceso de manera
aleatoria.
El 2015 acumula una
serie de eventos que documentan esta situación:
1.-Caso Aristegui.- En cualquier otra nación civilizada las formas
y el fondo de la salida de Carmen Aristegui hubiera merecido un debate público
abierto y una solidaridad generalizada de los informadores. La conductora con
mayor índice de audiencia en la radio matutina fue despedida de la peor manera
y un equipo de 19 personas fue echado a la calle con argumentos pueriles.
La censura a Aristegui y
su equipo se encubrió de “asunto entre
privados” y ahora pretende ser reducido a un asunto contractual. El derecho
de la libre empresa se sobrepone sobre el derecho a la libertad de expresión y
el derecho a la información. Esos son los argumentos de MVS.
Lo más grave es que ni
una sola palabra de los gobernantes o algún pronunciamiento claro y contundente
de los legisladores que aprobaron la reforma de telecomunicaciones se ha
emitido en este caso. Hasta Andrés Manuel López Obrador ha preferido callarse
frente a este episodio que deja secuelas muy graves.
2.-Caso Canal 22.- Una de las secuelas más graves ocurrió esta
semana en el Canal 22. El director de Noticias, Juan Jacinto Silva, y un equipo
de 10 periodistas y colaboradores que realizaban programas de investigación
periodística como El Observador y El Global decidieron renunciar ante la
constante censura previa ejercida por Raúl Cremoux, actual director de la
estación pública que este día cumple 22 años.
El primer signo claro de
censura se generó cuando Noticias22 decidió informar sobre la salida de Carmen
Aristegui de MVS. Cremoux se enfureció. Y el señor director de Canal 22 se
olvidó del propio estatuto de medio público de esta estación dependiente de
Conaculta para manejar la estación como una extensión de los caprichos de la
vocería de Los Pinos.
Lamentable que Canal 22
celebre sus 22 años con este expediente de retroceso tan grave.
Pero no es el único
medio público donde se ha retrocedido a la era diazordacista del control
editorial. En prácticamente todos los estados los gobernadores manejan las
televisoras y radios públicos como si fueran su parcela privada para alentar su
Ego.
3.-La Publicidad como Mecanismo de Control Informativo.- El gobierno de Enrique
Peña Nieto ha destinado 11 mil 300 millones de pesos del erario en publicidad
destinada a medios de comunicación. El gasto no se ha democratizado en nada:
35% se ha destinado a las dos grandes televisoras, 19% a cerca de 10 grupos
radiofónicos, sólo 10% a medios impresos, 3% a medios impresos y electrónicos
internacionales, 2% a revistas, 6% a medios digitales, 15% a algo que denominan
“medios complementarios” y 9% a “diseño, producción, pos producción y
copiado”.
Se han reducido
sustancialmente los recursos a los medios públicos (Canal 11, Canal 22, IMER,
Radio Educación, OPMA, etcétera), al tiempo que se ha reforzado el control
editorial en los mismos. Están en el peor escenario los medios públicos: pobres
y censurados.
La publicidad se utiliza
como un arma de coerción y no de difusión. Al medio que trate de equilibrar con
información crítica, se le castiga retrasándole los pagos y las firmas de los
convenios publicitarios.
“No pago para que me peguen” fue el viejo apotegma
de López Portillo para justificar la suspensión de convenios publicitarios con
medios críticos como la revista Proceso. Sin decirlo, Peña Nieto “paga para que no le peguen y controla para
pagar después”.
4.-La promoción personalizada de los políticos en los
medios.-
La reforma constitucional en radiodifusión y telecomunicaciones, más la reforma
político-electoral prohibieron expresamente los infomerciales de políticos y
candidatos en medios electrónicos. En el 2015 la violación más sistemática del
Partido Verde y de varios gobernadores, con el consentimiento de las dos
grandes televisoras, fue en este aspecto.
Nadie los frenó a
tiempo. El daño se hizo no sólo contra la equidad de la contienda electoral
sino contra la credibilidad de los propios medios.
5.-Una tercera cadena de televisión a modo de Peña Nieto.-Desde su toma de
posesión, Peña Nieto anunció que licitaría dos grandes cadenas de televisión
digital. El proceso quedó a medias. Sólo se concretó una de las dos grandes
cadenas y fue para el Grupo Imagen, de Olegario Vázquez Aldir, que construyó
una plataforma multimediática desde el sexenio de Vicente Fox para lograr tener
la concesión de una cadena de televisión.
Grupo Imagen sólo tiene
clara una línea editorial: “somos
soldados del Presidente y al señor Peña Nieto no se le critica”.
Así ocurre en las
secciones informativas de los medios impresos, radiofónicos, digitales y en la
televisión de Cadena Tres. ¿Eso significa alentar la competencia y la
democratización en los medios electrónicos?
Evidentemente, estamos
en uno de los periodos de mayor retroceso en materia de respeto a la libertad
de expresión y derecho a la información.
Comentarios