Minerva Guadalupe Pérez Torres, desaparecida desde el 20 de junio de 1996: Verdad y Justicia hasta encontrarte.
San Cristóbal de Las
Casas, Chiapas, México
a 23 de junio de 2015
Centro de Derechos
Humanos Fray Bartolomé de las Casas
Boletín de prensa N° 16
Minerva
Guadalupe: Verdad y Justicia hasta encontrarte
La
desaparición forzada, práctica generalizada e impune en México
Minerva
Guadalupe Pérez Torres (en adelante Minerva), indígena chol, lleva la mitad de
su vida desaparecida, hoy tendría 38 años.
Siendo estudiante de secundaria, el 20 de
junio de 1996, se dirigía a su comunidad Masojá Shucjá, municipio de Tila,
Chiapas, para ver a su padre que se encontraba enfermo. En su camino, en el
poblado Miguel Alemán, fue interceptada por integrantes del grupo paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia, quienes la
privaron de su libertad, durante tres días le cometieron tortura y tortura
sexual, para posteriormente desaparecerla forzadamente. A casi dos décadas no
se sabe nada de su paradero.1
Son 19 años de negación de la verdad y
justicia, una loza de 19 años de impunidad. Hasta hoy nadie ha sido ubicado
como responsable directo e intelectual de la desaparición forzada y demás
violaciones de derechos humanos cometidas en contra de Minerva, a pesar de que
sus familiares denunciaron los hechos desde el día 23 de julio de 1996, ante la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), instancia que les ha negado
el acceso a la justicia.
El gobierno mexicano responde con
revictimizar, torturar y hostigar judicialmente a los familiares de Minerva y
de otras personas desaparecidas forzadamente y ejecutadas extrajudicialmente,
en la Zona Norte chiapaneca. Así lo confirman los recientes citatorios a los
familiares de las víctimas para confrontarse con sus agresores, los líderes
paramilitares del grupo Desarrollo, Paz y
Justicia: Diego Vázquez Pérez, Sabelino Torres Martínez, Marcos Albino y
Samuel Sánchez, dictando el Juez que de no comparecer en las próximas semanas
se les interpondrá una multa de $2,048.00.
El grupo paramilitar Desarrollo Paz y Justicia entrenado y protegido por la policía
estatal y el ejército mexicano, fue creado como parte de la puesta en marcha
del Plan de Campaña Chiapas 94', para
provocar el terror en la sociedad civil en el norte de Chiapas. En total este
Centro de Derechos Humanos ha podido documentar que Desarrollo, Paz y Justicia perpetró 85 ejecuciones, 37
desapariciones forzadas y más de 4,500 personas fueron desplazadas forzadamente
de sus comunidades por este grupo paramilitar.
El Estado mexicano tiene responsabilidad en
estos Crímenes de Lesa Humanidad por su protección directa a los paramilitares,
además no existe una investigación eficaz y eficiente donde la verdad y la
justicia, sea la luz para que estos hechos se esclarezcan, tal como lo
considera la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso similar:
El deber de investigar casos de desaparición
forzada subsiste mientras se mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de
la persona desaparecida. Incluso en el supuesto de que circunstancias legítimas
del orden jurídico interno no permitieran aplicar las sanciones
correspondientes a quienes sean individualmente responsables de delitos de esta
naturaleza, el derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el
destino de ésta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos, representa una
justa expectativa que el Estado debe satisfacer con los medios a su alcance.
El Estado está, por otra parte, obligado a investigar
toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por
la Convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede
impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud
de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su
libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es
válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o
impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención.2
Ante la falta de capacidad del gobierno
mexicano para investigar, sancionar y reparar los daños cometidos, las propias
familias de las víctimas y organizaciones sociales independientes han
emprendido caminos en la construcción de Otra Justicia. El 7 de diciembre de
2013, en Susuclumil, Tila, Chiapas, el Dictamen de la Preaudiencia Reunión para
la Justicia y la Verdad, determinó que el Estado mexicano no ha cumplido su
responsabilidad nacional e internacional de garantizar el acceso a la justicia
y reconoció en los Pueblos “su
persistencia en la lucha por el no olvido y las acciones de no repetición a
partir de la memoria”.3
La exigencia por la aparición de Minerva,
forma parte de las voces colectivas, comunitarias que se indignan por el dolor
del otro, de la otra, hasta encontrarla junto con todos y todas las miles de
desaparecidas forzadas en México y los 43 normalistas de Ayotzinapa.
1) Ver:
Minerva Guadalupe Pérez Torres. 18 años de impunidad. Producción: SanCristencia,
junio de 2014. Disponible en:
2)
Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Velásquez Rodríguez
Vs. Honduras. 29 de julio de 1988. Ficha disponible en:
3)
Tribunal Permanente de los Pueblos. Dictamen de la Preaudiencia Reunión para la
Justicia y la Verdad. Diciembre 2013, disponible en:
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