 |
| Foto de reunión de Peña Nieto con familiares de Ayotzinapa en 2014. La reunión de este jueves 24 de septiembre fue privada. // Foto: Cuartoscuro. |
Animal Político
Paola Alín
Pasaron 11 meses para que los padres de los
43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 volvieran a
encontrarse con el presidente Enrique Peña Nieto, pero esta vez las condiciones
fueron distintas. A punto de cumplirse un año sin saber dónde están sus hijos,
las familias llegaron a la reunión con dos objetivos claros: preguntarle frente
a frente por qué su gobierno sostuvo “la
mentira histórica” durante siete meses y exigirle el cumplimiento de ocho
demandas concretas.
En el
primer encuentro tardaron seis horas hablando, esta vez fue la mitad. La
reunión de este 24 de septiembre fue a puerta cerrada, pero según los
testimonios recabados por Animal Político, puede definirse como “infructuosa”. Salieron sin algún
acuerdo firmado, sin la promesa de cumplir sus exigencias, sin conseguir
siquiera la empatía del presidente y su gabinete porque fueron “fríos” e “insensibles” en todo momento. En resumen: “no tuvo caso verlo”, dice Felipe de la Cruz, vocero de los padres.
Las
familias de los estudiantes desaparecidos llegaron en tres autobuses poco
después del mediodía al Museo Tecnológico de CFE en el Bosque de Chapultepec de
la Ciudad de México. Dejaron sus celulares en los vehículos y pasaron dos arcos
detectores de metales.
Empleados
de presidencia cotejaron una lista de nombres para permitirles entrar al salón
y ocupar los asientos ordenados en un rectángulo gigante. Estuvieron listos a
la 1 de la tarde, hora fijada para el encuentro, y media hora después llegó el
presidente y detrás de él una docena de funcionarios federales.
El
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fue el primero en hablar
para dar la bienvenida a los familiares de las víctimas, sus representantes
jurídicos y organizaciones que los asisten; al presidente de la Comisión de
Derechos Humanos, Luis González Pérez y a Ángela Buitrago, Francisco Cox y
Carlos Beristain, integrantes del Grupo Interdisciplinar de Expertos
Independientes (GIEI).
Alfredo
Galindes, padre de Giovani Galindes y María de Jesús Tlatempa, madre de José
Eduardo, comenzaron el encuentro pidiendo la presentación con vida de sus
hijos, pero fueron breves porque enseguida Ángela Buitrago entregó el informe
del GIEI difundido el pasado 6 de septiembre y que echó abajo la versión que
los 43 normalistas habían sido incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero.
El
siguiente en hablar fue Felipe de la Cruz, vocero de los padres. Leyó un
documento con las ocho exigencias esenciales para continuar con la
investigación que lleve al paradero de los estudiantes. El punto más importante
fue la creación de una unidad especializada de investigación concentrada en dos
aspectos: que indague el paradero de los 43 normalistas y que investigue “el montaje con el que les pretendió
engañar”.
Peña
escuchaba, lo mismo que el resto de funcionarios, pero ninguno decía nada.
Siguieron
Bernardo, doña Joaquina, Nardo, pero Cristina Bautista, madre de Benjamín
Ascencio, demostró la actitud “firme, no
grosera” de los padres. Estábamos ahí “con
dignidad, sin súplicas”, por eso le entregó al presidente un paquete con
hojas que contenían la firma de 300 mil personas que están en contra de la
actuación del gobierno de Peña Nieto. El presidente las recibió sin hacer algún
gesto.
Clemente
Rodríguez, padre de Christian, fue de los más duros: “Se te cayó tu verdad histórica y ahora los expertos demostraron que no
los quemaron. ¿Qué tienes que responder”. Pero el presidente no dijo nada. “Era frío y se veía más enojado ahora porque
los padres siempre le hemos exigido, nunca le vamos a pedir”.
Siguieron
ocho padres más, como Mario González, padre de César Manuel, quien le dijo “mentiroso, recuerda que nos firmaste 10
puntos y no nos cumpliste”. Además, pidió que se castigara a Jesús Murillo
Karam, ex procurador; a Enrique Galindo, jefe de la Policía Federal y a Tomás
Zerón, por inventar la “verdad histórica”.
La
procuradora Arely Gómez fue la segunda funcionaria en tomar el micrófono y lo
hizo para insistir en que la investigación continuaba abierta y se tomaría en
cuenta las conclusiones del GIEI.
El
presidente Peña Nieto tardó unos 20 minutos en leer su discurso. Según el
testimonio de varios padres, dijo que la “verdad
histórica” que dio a conocer el ex procurador Jesús Murillo Karam era una “hipótesis”, lo mismo que el informe del
GIEI y, por eso, el expediente seguía abierto.
El
punto más álgido del encuentro ocurrió cuando informó la creación de la
Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas dentro de la
PGR. Fue ahí cuando los padres lo interrumpieron.
“Le pedimos que diera respuesta puntual a
la unidad especial de investigación, pero él dijo que eso lo abordáramos con la
PGR que ya tenía instrucciones y ahí el prefería no dar respuesta. Ahí se
volvió ríspida la reunión y por eso nos paramos”,
aseguró Vidulfo Rosales, abogado de los padres.
Felipe
de la Cruz pidió entonces que el presidente firmara sus promesas porque “de palabra no nos sirve. Papelito habla”.
Quien respondió a esto fue Osorio Chong y explicó que se estaba redactando una
minuta sobre el encuentro. Sin embargo, ante la tensión, la reunión terminó a
las 16:30 horas sin ningún documento firmado, ni el acuerdo de un próximo
diálogo.
Torero, de vuelta
a Cocula
Tras la reunión, el vocero del gobierno de
la República, Eduardo Sánchez Hernández, rindió una conferencia de prensa en la
que enumeró los “compromisos”
establecidos por el presidente Peña Nieto ante los padres de los normalistas,
entre los que destaca que se invitará al doctor José Torero a participar en un
tercer peritaje “sobre los hechos
ocurridos en el basurero de Cocula”.
Torero,
especialista en seguridad y fuego, es el perito convocado por el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes, y cuyos análisis permitieron
concluir que es científicamente imposible que en dicho basurero incineraran a
los 43 normalistas desaparecidos, tal como sostiene la “verdad histórica” de la PGR.
De
aceptar esta invitación, el doctor Torero se integraría a “un equipo de peritos del más alto nivel”, que contaría con el
reconocimiento oficial de la Procuraduría General de la República, el cual se
encargará de verificar si el tiradero de Cocula fue el lugar donde ultimaron a
los estudiantes raptados, o si esta hipótesis es errónea.
Este
fue, de hecho, el único compromiso nuevo formulado por el presidente de la
República en esta segunda reunión con familiares de los normalistas, ya que los
otros cinco ofrecimientos ya habían sido establecidos por el titular del Ejecutivo
con anterioridad.
Entre
esos compromisos ya conocidos están ampliar por otros seis meses la estancia
del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en México, para que
puedan continuar con su investigación sobre los hechos de Iguala; garantizar “a todos los afectados” acceso a
mecanismos de atención a víctimas; “integrar”
las observaciones del GIEI a las investigaciones que realiza la PGR; así como
crear una fiscalía especializada en búsqueda de personas desaparecidas, al
interior de la misma Procuraduría.
Asimismo,
otros compromisos anunciados por Peña son, en realidad, obligaciones que por
ley debe cumplir su gobierno, tales como “investigar
todos los hallazgos y posibles responsables que arroje la averiguación
(previa)”, así como “continuar los
trabajos para saber qué fue lo que pasó, de manera individual, con cada uno de
los desaparecidos”.
De no
llevarse a cabo dichos aspectos como parte de las investigaciones de la PGR, el
gobierno mexicano estaría incurriendo en una ilegalidad.
Esta fue,
de hecho, la principal crítica al encuentro con Peña Nieto, formulada de manera
posterior por los padres de los normalistas: que presentó “de manera unilateral” seis compromisos “que no son sustanciales y que ya estaban acordados”.
En
contraste, subrayó Vidulfo Rosales, abogado de las familias, “de los ocho puntos que los padres de
familia presentaron, (Peña Nieto) no
se comprometió al cumplimiento de ninguno”.
Esas
ocho exigencias presentadas por las familias de los normalistas desaparecidos,
asesinados y heridos, son: que el gobierno federal reconozca la legitimidad del
movimiento de familias; que acate las observaciones formuladas por el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes; que se dé atención digna e
inmediata a los sobrevivientes de los ataques de Iguala, así como a las
familias de todos los afectados; y que cese la campaña de criminalización de
los normalistas de Ayotzinapa.
Asimismo,
exigieron que haya una actitud respetuosa hacia las familias al darse a conocer
actualizaciones del caso; que se aplique de forma inmediata tecnología de punta
para la búsqueda de los estudiantes, así como que se cree una unidad especial
dentro de la PGR, que se encargue de investigar no sólo el paradero de los
alumnos y la identidad de sus atacantes, sino también que vaya en contra de los
funcionarios que a lo largo de este año han entorpecido y boicoteado la
investigación.
Las
familias de los normalistas desaparecidos aclararon que no se oponen a la
creación de una fiscalía que investigue todos los casos de desaparición forzada
en el país, pero advirtieron que ése es un proceso que las autoridades deben
realizar en coordinación con todas las familias de víctimas de México, no sólo
con las víctimas de Ayotzinapa, y siempre “al
tenor de la Ley General contra la Desaparición Forzada”, ordenamiento legal
que ni siquiera se ha terminado de discutir en el Poder Legislativo.
Por
ello, aseguraron que, independientemente de ese proceso para la creación de una
fiscalía, el caso de los 43 normalistas demanda de forma inmediata una “investigación específica”, que esté a
cargo de una unidad especial que se concentre únicamente en los hechos de
Iguala.
El
presidente de la República, sin embargo, no se comprometió a cumplir ninguna de
estas exigencias y, tal como reconoció su vocero, “no se estableció ningún plazo perentorio” para que Peña Nieto
responda, al menos, si acepta o rechaza las demandas de las familias de los
estudiantes desaparecidos.
Peña
a padres de los 43: “estamos del mismo lado”
Pidió
buscar juntos la verdad, transmite el vocero Sánchez
Ofrece
no dar carpetazo y seguir toda indagatoria, “tope
donde tope”
Ordena
crear fiscalía especializada para la búsqueda de desaparecidos
Habrá
tercer peritaje en caso de diferencias entre la PGR y el GIEI
Rosa Elvira Vargas y
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Viernes 25 de septiembre
de 2015, p. 2
Apunto de cumplirse un año de la tragedia
de Iguala y en la segunda reunión con familiares y representantes de los
estudiantes normalistas de Ayotzinapa, cuyo paradero se desconoce desde
entonces, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó crear una fiscalía
especializada para la búsqueda de personas desaparecidas. También se
comprometió a no dar carpetazo al expediente y mantener abierta cualquier línea
de la indagatoria, “tope donde tenga que
topar”.
Tras el
encuentro, el vocero de la Presidencia Eduardo Sánchez expuso parte del
contenido de las intervenciones y compromisos del mandatario con los familiares
de los 43 jóvenes desaparecidos.
“Estamos del mismo lado. Ustedes y yo
buscamos lo mismo: saber qué pasó con todos y cada uno de sus hijos”, citó
el funcionario como una de las expresiones de Peña Nieto, que concluyó: “busquemos juntos la verdad”.
El
mandatario, dijo, firmó de recibido el pliego petitorio llevado por la comisión
de Ayotzinapa a esta junta, y ordenó a Gobernación, Relaciones Exteriores y la
PGR “analizar la viabilidad” de los
ocho puntos ahí planteados.
Sin
embargo, no se fijó un plazo para dar respuesta a esas demandas, aunque “ofreció un análisis riguroso y con
prontitud”.
De
acuerdo con Sánchez, en plena reunión el mandatario ordenó a sus colaboradores
investigar “todos los hallazgos y
posibles responsables” que arroje la averiguación del caso Ayotzinapa e
incorporar las recomendaciones y líneas de investigación propuestas por el
grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En este
punto –y en atención a las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de
Expertos Internacionales (GIEI)– la Procuraduría General de la República deberá
integrar un equipo de peritos “del más
alto nivel” para analizar los hechos ocurridos en el basurero de Cocula. En
este grupo podrá participar, si así lo decide, el experto forense José Torero,
quien en su momento concluyó que no era posible que los estudiantes hubieran
sido quemados en ese sitio.
Según
Sánchez, existen “abundantes
coincidencias” entre el informe de los expertos de la CIDH y la investigación
de la PGR, y para aquellos puntos “en los
que hay contraste” se dispuso un tercer peritaje y de ese modo “tener mayores elementos para esclarecer,
con la certeza que sea posible, qué fue lo que ocurrió la noche del 26 de
septiembre y la madrugada del 27 de septiembre (de 2014) en Iguala”.
Como
tercer punto dijo que se deberá esclarecer qué fue lo que ocurrió de manera
individual con cada uno de los desaparecidos, al tiempo que la secretaría de
Gobernación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas aseguren el acceso a
los afectados a los mecanismos de atención y se garanticen los cuidados médicos
a todos los lesionados de los sucesos de septiembre de 2014.
En el
encuentro, el gobierno federal presentó una numeralia de sus pesquisas sobre
este caso: 111 personas detenidas; 52 eran policías municipales de Iguala, 19
de la de Cocula y 40 más vinculados al crimen organizado en Guerrero, así como
el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles
Pineda, “señalados como los autores
intelectuales de este abominable crimen”.
Se han
realizado 664 dictámenes periciales, analizado 135 muestras de ADN y recabado
577 declaraciones ministeriales.
Detalló
que hubo 6 mil 770 patrullajes de búsqueda, 255 sobrevuelos y 94 operaciones en
aviones no tripulados.
Los
familiares de los desaparecidos, aseguró Eduardo Sánchez, han recibido
asistencia jurídica, sicológica y médica, incluida la instalación de una unidad
de salud en la Normal de Ayotzinapa.
El
funcionario declinó calificar el ambiente que imperó en el Museo Tecnológico,
para cumplir sólo la encomienda de informar de los acuerdos alcanzados.
Los
representantes de los medios pidieron saber si el Presidente dio respuesta al
reclamo de investigar y eventualmente llevar ante la justicia a diversos
funcionarios públicos, entre ellos el ex procurador general Jesús Murillo
Karam, acusado de alterar las investigaciones del caso, y si respondió sobre
abrir el cuartel militar de Iguala a los expertos internacionales.
Sánchez
respondió: “hay un mandato constitucional
para el titular de esta dependencia (PGR) de llevar a cabo todas las investigaciones sin restricción alguna y sin
más limitación que la que el propio derecho establece”. La PGR, subrayó, “tiene la obligación de llevar a cabo la
investigación con estricto rigor técnico, más allá de cualquier especulación”.
En su
intervención, Peña Nieto manifestó “su
solidaridad con el dolor de la comunidad de Ayotzinapa; reiteró su compromiso
de escucharlos, dialogar y reafirmó la voluntad y buena fe del gobierno para
esclarecer los hechos”, indicó Eduardo Sánchez. El mandatario dijo
comprender el dolor e indignación de los padres, en este, “seguramente el año más difícil de sus vidas, porque ninguna madre,
padre, hijo, hermano, debiera sufrir lo que ellos han sufrido”. Al final
del encuentro se firmó una minuta de los acuerdos.
Comentarios