J. Jesús Esquivel
Corresponsal de la
revista Proceso en Washington
@JJesusEsquivel
Washington – Con el acuerdo que firmó el
gobierno de Enrique Peña Nieto con el Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) de la CIDH, no solo se reabre la investigación para buscar
a los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, sino que también se desmiente
tácitamente la “verdad histórica” que
quiso imponer el ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam.
La “verdad histórica”, que casi todo el
país consideraba como una “mentira
histórica”, fue el intento del gobierno de Peña Nieto de dar carpetazo al
que puede ser posiblemente considerado como uno de los “crímenes multitudinarios” más atroces en la historia moderna de
México.
La
indignación nacional y la presión internacional provocada por la desaparición
de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014,
pusieron entre las cuerdas al gobierno de Peña Nieto, quien ya no podía
sostener esa “verdad histórica” de un
cansado ex procurador, y menos ante las revelaciones del GIEI formuladas en el
informe de la investigación que realizó en el lugar de los hechos.
Con el
respaldo incondicional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
de la OEA, el GIEI doblegó a Peña Nieto y consiguió que se reabriera el caso,
no solo para iniciar una nueva investigación sino también para eliminar de ésta
las mentirosas y sesgadas resoluciones a las que llegó la SEIDO con Murillo
Karam.
El
acuerdo firmado tomó por sorpresa a muchos, especialmente a quienes han
adoptado la línea de Los Pinos como verdad
absoluta, pero a este compromiso se le tiene que entender desde el contexto
del éxito de la presión internacional y del desprestigio de México como un país
donde impera la impunidad en materia de violaciones a los derechos humanos.
No es
casualidad que el gobierno de Peña Nieto firmara el pasado lunes 19 el acuerdo
con el GIEI, en el preámbulo de la celebración de la “audiencia de oficio” solicitada por la CIDH para analizar el caso
de Ayotzinapa, durante su 156 sesión ordinaria de audiencias sobre derechos
humanos en las Américas; evento al que México llegó señalado como un país donde
se violan los derechos humanos de manera sistemática por parte de las fuerzas
de seguridad.
Un día
antes de que Peña Nieto concediera la anulación de la “verdad histórica”, el gobierno de Barack Obama, por medio del
Departamento de Estado, lo castigó por considerar que su gobierno no cumple con
los estándares mínimos de garantías a los derechos humanos en la guerra contra
el narcotráfico. Obama le suspendió el 15 por ciento de los fondos que destina
para financiar la Iniciativa Mérida en el contexto de la lucha contra el
narcotráfico.
El jalón de orejas de Obama a Peña Nieto en
términos monetarios es pecata minuta.
Le quitaron 5 millones de dólares de los 148 que autorizó el Capitolio para
financiar la Iniciativa Mérida. No obstante, la descertificación en derechos
humanos al gobierno de Peña Nieto es un golpe y un mensaje político que sacudió
a todas las estructuras del gobierno mexicano y en especial a las del Ejército
y la Policía Federal, por lo que no les quedó más remedio que recular y
enterrar la cabeza en un hoyo por el caso Ayotzinapa.
El
acuerdo de 10 puntos con el GIEI es sin duda un paso hacia delante. Ahora, como
coadyuvante de la pesquisa, el GIEI tendrá más espacio para supervisar y opinar
sobre las investigaciones, y los padres y familiares de los 43 normalistas
tendrán que ser informados sobre los resultados y avances de la investigación.
Pero
como siempre hay un pero cuando se trata de gobiernos que promueven y
patrocinan la impunidad, la Secretaría de Gobernación por medio de Roberto
Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos, aclaró que el GIEI no podrá,
como parte de la investigación, interrogar a elementos del 27 Batallón de
Infantería de Iguala. Campa Cifrián, quien durante la audiencia no pudo ocultar
su molestia cuando sobre este tema la CIDH le preguntó que si era Peña Nieto,
el jefe supremo de las fuerzas armadas del país, o el general Salvador
Cienfuegos, titular de la Sedena, quien tenía la última palabra respecto a la
petición del GIEI de interrogar a los militares del batallón de Iguala.
Adusto,
Campa Cifrián respondió que el presidente era el que tenía la última palabra,
pero luego, ante reporteros, explicó que solo el Ministerio Público mexicano
tendría la autoridad de interrogar a los elementos del batallón de Iguala; que
si el GIEI quería preguntar, podría hacerlo pero por escrito enviando sus
preguntas al Ministerio Público para que éste las formulara.
¿Qué
nos adelanta esto, más allá de los próximos seis meses que autorizará la CIDH
al GIEI como ente coadyuvante en la nueva investigación de Ayotzinapa? Que Peña
Nieto seguirá cubriendo con el manto de la impunidad a las fuerzas armadas en
los casos de violaciones a los derechos humanos. Y pese a que el jalón de orejas de Obama a Peña Nieto sí
dolió, en la Sedena el coscorrón del
Departamento de Estado les hizo lo que el
viento a Juárez.
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