Centro de Medios Libres
17 noviembre, 2015
Por Tlachinollan
En las
últimas semanas la espiral de la violencia ha crecido de manera
exponencial en las principales
cabeceras municipales y estos últimos
días en municipios de la zona centro del estado. La gravedad del caso es
que la población ha sido rehén de las
bandas del crimen organizado que han asentado sus reales en lugares donde prevalece la producción de enervantes, reservas boscosas y
concesiones mineras. En el cinturón minero de Guerrero, que se ubica en las
regiones de la Tierra Caliente, zona Norte y Centro se han afianzado las
empresas del crimen que han tomado el control de las principales actividades
económicas y se han dado el lujo de
tener bajo su control varias
presidencias municipales. El caso más reciente es el de Cocula, con la
detención del presidente municipal.
Si
hiciéramos un recuento de los hechos de violencia que se han suscitado
en este 2005 en el estado tendríamos una estadística marcada con números rojos
y con sangre esparcida por los 81 municipios, principalmente Acapulco,
Chilpancingo, Iguala, Chilapa, San Miguel Totolapan, Tierra Colorada y Taxco.
En estas regiones, después de los
trágicos hechos de Iguala del 26 y 27 de septiembre de 2014, la situación de violencia e inseguridad
empeoró. Las desapariciones se siguen multiplicando, los asesinatos se han
acrecentado y el poder destructor de los grupos criminales ha logrado imponerse
por encima de cualquier corporación policíaca o militar, por su
capacidad de cooptación y corrupción.
No solo es Iguala el único municipio donde el
gobierno federal reconoce que se infiltró el crimen organizado, sino en la
mayoría de municipios de la región norte. En la Tierra Caliente, que está en
permanente disputa con los grupos de Michoacán, la totalidad de estos
municipios están supeditados al poder fáctico del crimen organizado. Buen
número de municipios de la región Centro, sobre todo los que están volcados
hacia la Sierra, se encuentran en una lucha intestina por el control de las
plazas. Acapulco enfrenta una disputa
feroz por el control del puerto, donde las organizaciones criminales se han
logrado infiltrar en los grupos policiales que ahora forman parte de esta disputa a muerte. La Costa
Grande se encuentra atenazada por bandas del crimen que han extendido su poder
provenientes de Michoacán y Jalisco para pelear con las organizaciones
criminales locales. En la Costa Chica ha salido a relucir esta conflictividad
delincuencial con los asesinatos de 12 personas
en un palenque en Cuajinicuilapa. La Montaña se mantiene en un nivel
medio en cuanto a los hechos de violencia provocados por los grupos de la
delincuencia organizada que están expandiéndose de la zona centro.
La llegada del nuevo gobernador y el anuncio
del secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio, sobre su nueva estrategia de seguridad en nada
afectó a las bandas del crimen organizado, por el contrario, fue una coyuntura
propicia para los reacomodos y para pelear por la recuperación de los territorios
arrebatados. Para ellos el nombramiento de un general como el nuevo responsable
de la estrategia de seguridad en el
estado no es novedad. Saben muy bien que
en Guerrero el Ejército tiene una forma
diferenciada de operar la guerra contra las drogas y la guerra contra los movimientos
insurgentes. Su experiencia en este trajín les dice que la fuerza del Ejército
se concentra en la persecución y
desmantelamiento de los grupos
guerrilleros u organizaciones que subvierten el orden del sistema. Conocen cómo
realizan los operativos contra la delincuencia. De antemano les llega la
información sobre cuándo y cómo se desplegarán. Con suma facilidad se
escabullen y se ponen fuera de su radio de acción. Con los años de aprendizaje
han sabido mantener una connivencia que se expresa en los códigos secretos de
la no agresión.
Los tres últimos presidentes de la república
han implementado diferentes planes bélicos para combatir a la delincuencia sin
que hayan logrado revertir los índices delincuenciales. Para la población se
trata de meras acciones espectaculares que no pasan de la costera de Acapulco.
Además de onerosos son infectivos y opacos, porque nunca entregan resultados ni
cuentas claras. El hermetismo con el que manejan sus operativos despiertan
suspicacia y desconfianza entre la población porque no hay manera de saber si
están actuando con transparencia y cumpliendo con su mandato. Lo que la
gente de a pie que es víctima de sus
abusos cree que más bien su presencia es
para proteger los intereses macrodelincuenciales donde convergen los intereses
de los grandes políticos y las élites
económicas con las empresas del crimen organizado.
En lugar de que la población sienta que el
ambiente se distiende con estos planes bélicos, experimenta una mayor
inseguridad y miedo. Constata más bien que el uso de la fuerza se utiliza contra los movimientos que protestan y que
increpan al poder. La reciente agresión a los estudiantes de Ayotzinapa,
quienes fueron brutalmente golpeados por los policías del estado, responde a
este esquema de terror, para desmovilizar a la población y someterla a la
lógica de la guerra. En contrapartida vemos cómo los grupos de la delincuencia gozan de total
impunidad, porque no son perseguidos ni
molestados en sus acciones delincuenciales.
No es casual que los hechos de violencia
hayan arreciado en los municipios de Chilapa, Acapulco, Iguala, Chilpancingo,
Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo, Tixtla, Eduardo Neri, San Miguel Totolapa,
Coyuca de Catalán, Cuajinicuilapa, Tecpan de Galeana, entre otros. Es claro que en estos lugares se está dando un reacomodo de los grupos
delincuenciales que responden a la
coyuntura política que vivimos y a los
acuerdos que varias autoridades municipales y estatales hicieron debajo de la
mesa con los jefes de las plazas.
Desde la balacera en la costera Miguel
Alemán, donde murió un civil, el nuevo gobernador constató en carne propia lo
que es estar a merced de la delincuencia y lo que implica que las autoridades
sean displicentes y que más bien, su inacción los haga aparecer como parte de estos actores armados que los dejan
actuar a sus anchas. Estos hechos de violencia se han venido en cascada al
grado que se han consumado casos que en
un solo día hay más de 14 personas asesinadas en el estado. Lo que sobresale de
estas acciones gansteriles es la colusión de las autoridades de seguridad
pública y las encargadas de investigar los delitos con las bandas
delincuenciales.
La ausencia de los cuerpos de seguridad para
prevenir y contener los hechos de violencia es atroz por su ineficacia y falta
de coordinación. No es casual que la población les haya perdido la confianza.
No porque les tenga aversión, sino porque sabe cómo están ligados con la
delincuencia y cómo hacen un trabajo turbio desde las mismas instituciones
gubernamentales.
La detención de los policías federales en
Carrizalillo, (el día que tomó posesión el gobernador Héctor Astudillo), por parte de los pobladores, se
dio porque la gente constató que venían con alguien a quien ubicaban dentro de
un grupo delincuencial y que por lógica dedujeron que estos agentes venían
representando los intereses de ese grupo. Lo menos que pudieron hacer fue
retenerlos e investigar por qué estaban actuando de esa manera. Decidieron
entregarlos al ministerio público federal para que fuera quien se encargara de
determinar su situación legal.
No pasaron más de dos semanas cuando de nueva cuenta se suscitaron otros hechos de
violencia donde se enfrentaron grupos de la delincuencia organizada con
policías ciudadanos pertenecientes a la UPOEG, en la comunidad de El Naranjo,
municipio de Leonardo Bravo, en la sierra de Chichihualco. Posterior al
enfrentamiento llegó el Ejército, (pero a decir de la población que sufre los
estragos de la delincuencia), los militares procedieron a desarmar a los
policías ciudadanos, como la solución más efectiva para evitar otra
confrontación armada. El enojo de la gente fue que no implementaron un
operativo para dar con el paradero del grupo contrario. Más bien se quedaron en
el lugar para tomar el control de la situación y detener a los policías con el
fin de procesarlos.
Esta forma de operar del Ejército no solo ha
puesto en entredicho la legalidad de su actuación, sino ante todo ha generado
desconfianza y despertando sospechas,
porque los efectivos militares no se
confrontan con los grupos del crimen
organizado. No ven que estén dispuestos a perseguirlos y detenerlos.
Esta tibieza y complicidad del Ejército
orilló a que los campesinos decidieran retenerlos para obligarlos a que
liberaran a sus policías. Su exigencia se basaba en el temor fundado de que los
agresores llegarían para ultimar a la población y a los pocos policías que
quedaban. Este presentimiento fue real porque hubo una nueva incursión del
crimen organizado que llegó para matar a quienes habían decidido organizarse
para defender su vida y el patrimonio de su pueblo.
La que impera en el ambiente de la Sierra es
la complicidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno con las
mafias del crimen. Están muy alejadas de la lucha de los pueblos y ven que
su preocupación se centra en el hecho de
que varias comunidades hayan decidido formar su policía comunitaria, para auto
protegerse de los grupos delincuenciales y de esta manera recuperar el control
de su territorio. Esta postura de los pueblos es la que no toleran las
autoridades militares ni civiles. Para ellas, la conformación de policías
comunitarios son factores de riesgo, porque les implica una amenaza para el
estatus quo del gobierno. No les preocupa cómo brindarles seguridad a los
pobladores que son pobres y que han sido rehenes de las bandas del narcotráfico
que los obliga a enrolarse a sus filas como productores de amapola,
cooptando a los más jóvenes para que
formen parte del sicariato. Les interesa más desactivar su organización,
impedir que los pueblos de la sierra se levanten para garantizarse seguridad y
para hacer valer sus derechos ante la ineficacia de las autoridades y su complicidad
con lo que delinquen.
Este lunes los hombres y mujeres de la sierra
hicieron sentir su fuerza ante las
autoridades del estado. En plena capital vinieron a demandar al gobierno que
dejen de confabularse con los grupos delincuenciales y que respeten su
organización como pueblos. Hicieron pública su desconfianza en las
corporaciones policiales del estado y del mismo Ejército, porque tienen
elementos para decir que sus actuaciones no están para garantizar seguridad a
la población sino para destruir su organización policial, porque quieren
mantener de rodillas y en la pobreza a los pueblos. Se empeñan en mantener
condiciones de semiesclavitud con los grupos de la delincuencia organizada que
tienen asolada la región serrana. Son los pueblos y la gente del campo las que
de nueva cuenta tienen que salir de su entorno para venir a la capital del
estado y gritar que pare este desgobierno impuesto por el crimen organizado y
se acabe este estado de violencia.
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