Colaboración
Por Fabiola Gutiérrez
Quiroz
Agencia SubVersiones
21 enero, 2016
Habitantes y la Representación General de los Bienes Comunales
de Milpa Alta y Pueblos Anexos, se dieron cita la mañana del sábado 16 de enero
en el pueblo de San Bartolo Xicomulco para rechazar la base naval y la bodega
de resguardo de material militar que se pretende construir en dicha comunidad.
Durante un recorrido hacia el predio donde se anunció la obra, dijeron que no
van a permitir que se instale el ejército en sus tierras, las cuales se ubican
dentro de Suelo de Conservación del Distrito Federal, por lo que pidieron a las
autoridades federales que desista de sus planes para evitar futuras
confrontaciones. Aclararon que su movimiento es pacífico y democrático sin la
bandera de partidos políticos.
El 8 de octubre de 2015,
el Diario Oficial de la Federación dio a conocer el otorgamiento a la
Secretaría de Marina de un terreno que abarca una superficie de 7,361.67 metros
cuadrados, que se encuentra en el pueblo San Bartolo Xicomulco. Ante esta
noticia, comuneros de Milpa Alta se dieron a la tarea de interponer juicios de
amparo en los tribunales federales, pero mencionaron que si no son atendidas
sus demandas, recurrirán a instancias internacionales.
El predio en disputa fue
designado a la Secretaria de Marina por el Instituto de Administración y
Avalúos de Bienes Nacionales de la Secretaria de la Función Pública, quien
sostiene que ingresó al Patrimonio Inmobiliario Federal mediante Contrato de
Compra Venta el 15 de marzo de 1961, lo que hizo que la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes pudiera adquirirlo. Sin embargo, los comuneros
sostienen que la manera en cómo el gobierno federal se apoderó del terrenos es
ilegal, pues es propiedad comunal de los pueblos de Milpa Alta desde 1952 por
resolución presidencial. Por lo tanto, los artículos 138 y 139 del Código
Agrario hacen inexistente el acuerdo donde se le otorga a la marina dichas
tierras.
Por su parte, el pasado 15
de diciembre, la Secretaria de Marina, mediante un comunicado, señaló que el
terreno que se le asignó será utilizado «para
adiestramiento canino, principalmente para búsqueda, rescate y recuperación de
víctimas de siniestros» y que no será alterado el entorno ecológico con
ninguna obra. Pero para los comuneros son insuficientes estas declaraciones,
pues como dijeron, el problema de fondo es la privatización de una propiedad comunal. También mencionaron que la
actual situación del país ha demostrado «que
la presencia de militares en cualquier comunidad, denota actos de violencia a
la población civil, así como graves violaciones a los derechos humanos».
Otras de las
preocupaciones de los comuneros, es que la base naval no sólo causará graves daños
ecológicos a un ecosistema «donde se
extrae más del 71% del agua potable que se consume en la zona Metropolitana de
la Ciudad de México», sino que también viene abrir la brecha para impulsar
mega proyectos que están detenidos gracias a la resistencia que han dado, como
es el Proyecto Arco Sur, que consiste en una autopista dentro de sus tierras
comunales; la apertura de centros comerciales y unidades habitacionales.
Los pobladores de Milpa
Alta enfatizaron que ellos son los únicos dueños del terreno otorgado a la
Marina y que sólo ellos podrán determinar su uso y destino, por lo que piden a
las autoridades federales, estatales y delegacionales que se les tome en cuenta
en cada decisión que se realice en torno a sus tierras. Hacen un llamado al
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Comunales que deje sin efecto
el acuerdo del 8 de octubre de 2015. Asimismo, reprocharon que se dé prioridad
a la construcción de una base militar en sus tierras y no se atienda
necesidades básicas como es la educación, salud y trabajo.
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