Por el
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas
Publicado
originalmente en: http://www.frayba.org.mx/archivo/boletines/160216_boletin_03_san_andres.pdf
Centro de Medios Libres
16 febrero, 2016
Hoy hace 20 años, en San Andrés Sakamch’em de los Pobres, el
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Gobierno Federal firmaron
los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígenas. Son 20 años, en
que el gobierno de México se ha negado a cumplirlos; 20 años de puesta en
práctica en los territorios zapatistas, con la construcción de sus propias
formas de gobernarse, primero a través de los Municipios Autónomos y
posteriormente con los 5 Caracoles y sus Juntas de Buen Gobierno.
El Centro de Derechos
Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) considera que el Estado mexicano
no sólo ha incumplido su obligación de respetar, garantizar y promover los
derechos de los pueblos originarios, sino que ha violentado estos derechos de
manera reiterada. Esto, para imponer su política económica y así avanzar en un
modelo de desarrollo económico en beneficio de las empresas nacionales y
extranjeras, en despojo a las comunidades indígenas a lo largo y ancho del
país.
Las administraciones
federales y estatales han pisoteado los derechos indígenas, particularmente a
la libre autodeterminación, la autonomía y a la tierra y el territorio. Es el
caso del pueblo nahua de Xochicuautla, en el Estado de México, que denuncia la
devastación de su territorio por amenaza de la autopista Toluca-Naucalpan,
proyecto del grupo Higa; y la Tribu Yaqui en Sonora, que ha ganado un amparo
otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para suspender el
Acueducto Yaqui, que les quita el agua para abastecer a la industria en
Hermosillo, sin embargo, las propias autoridades no han respetado esta
decisión.
También han sido atacadas
las formas de gobierno que varias comunidades y pueblos originarios han
construido, como las comunidades autónomas de Santa María Ostula y Cherán en
Michoacán, agredidas por gobiernos locales, estatales y federal no pocas veces
coludidos con la delincuencia organizada.
Es importante señalar que
continúa la política de contrainsurgencia del Estado mexicano en contra del
EZLN y los pueblos en Chiapas que construyen caminos diversos al capitalismo
neoliberal. Es evidente la militarización en zonas indígenas, el impulso a
conflictos en comunidades con presencia zapatista, la instrumentalización de
organizaciones campesinas para confrontar a Bases de Apoyo del EZLN y la
utilización de programas gubernamentales asistencialistas para controlar y
cooptar a la población que resiste. Además persiste el desplazamiento forzado y
la impunidad en delitos de lesa humanidad cometidos por el Ejército mexicano y
grupos paramilitares.
Frayba reivindica el
inalienable derecho de los pueblos indígenas a la autonomía y a la libre
determinación para definir sus propias formas de gobierno, así como su derecho
a la tierra y el territorio, elemento fundamental de su cosmovisión y necesario
para su sobrevivencia.
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