Colaboración/Por Rogelio
Velázquez
Agencia SubVersiones
26 febrero, 2016
¿Recuerdan aquel 7 de noviembre de 2014 cuando el entonces
procurador, Jesús Murillo Karam, dijo en cadena nacional que los normalistas
habían sido incinerados en un basurero de Cocula? Él lo nombró una «verdad histórica». Nadie la creyó.
Murillo fue quien dio la
cara ante los medios, pero la investigación en la que se basó para afirmar tal
cosa, fue hecha por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), órgano de inteligencia de la PGR. Desde su
creación en septiembre de 2014 –días antes de la desaparición de los
normalistas– Tomás Zerón de Lucio ha dirigido la AIC. Zerón de Lucio trabajó en
la PFP, era hombre cercano a Genaro García Luna, pero fue destituido de la
institución en 2007 por fallas operativas en el seguimiento de un convoy de
hombres armados en Sonora.
Tiempo después fue
contratado por el gobierno del Estado de México –cuando Enrique Peña Nieto era
gobernador– para ser director de Inteligencia en la procuraduría de esa
entidad. Fue precisamente el gobierno del Estado de México el primer cliente en
este país de la empresa de espionaje italiana Hacking Team. Años después, ya en
la PGR, Zerón de Lucio llevó a Hacking Team al gobierno federal para labores de
«inteligencia» al servicio de la AIC.
Incluso, a pesar de que en
septiembre de 2015 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
(GIEI) señaló la falta de evidencias científicas para determinar que los
normalistas fueron incinerados en Cocula, Tomás Zerón de Lucio fue de los pocos
funcionarios que se atrevió a ratificar la llamada «verdad histórica», que ha sido refutada una y otra vez.
Pero ¿para qué saber todo
lo anterior? Porque fue precisamente la AIC la que investigó a Jorge Emilio
Esquivel Muñóz, alias El Yorch. Y
fueron agentes de ésta agencia los que supuestamente encontraron 50 bolsas con
cocaína, 26 pastillas Ribotril y 300 gramos de marihuana en la mochila de El Yorch.
Los agentes fueron
denunciados por detener a Jorge Emilio sin una orden judicial, sin
identificarse y sin señalar el motivo por el cual se le detenía, violando en
todo momento el procedimiento judicial. Además amenazaron con sus armas a las
personas que se acercaron a auxiliar al joven.
Hasta el momento la PGR no
ha mostrado los videos de la detención de Jorge Emilio que ha pedido su
defensa. La PGR sostiene que el joven portaba una mochila con droga, pero su
defensa y varios testigos, argumentan que en el momento de su detención ni
siquiera llevaba mochila. Los videos confirmarían una u otra versión; no
obstante, la Procuraduría no ha decidido mostrarlos.
Parece que la Rectoría de
la máxima casa de estudios quiere matar dos pájaros de un tiro: atrapan a un
supuesto narcomenudista para bajar
las quejas y la presión por el aumento de la venta de droga en el campus, y el
incremento de los delitos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
(FCPyS), y acusan a un integrante de un colectivo incómodo para desprestigiar,
no sólo a éste, sino al movimiento estudiantil que en sus Prepas, CCHs, y Facultades
se gesta y mantiene.
Lo anterior le ha servido
a las autoridades universitarias, por un lado lograron que el tema de «El Yorch» se colocara en la agenda
estudiantil por encima del de las agresiones en la FCPyS, y por otro, un
linchamiento mediático a los individuos organizados en la UNAM. Incluso,
columnistas como Federico Arreola se han burlado de la apariencia del joven,
señalando su «feo tatuaje, su
desagradable panza, y su lamentable corte de pelo», además, violando toda
ética periodística –y antes de que se lleve un juicio– ya lo nombra delincuente. Pareciera una versión reloaded de los comentarios en la prensa
contra los estudiantes huelguistas de 1999-2000.
Por último, hay que
señalar que Jorge Emilio fue sacado de las instalaciones de la PGR sin previo
aviso y enviado a un penal federal en Hermosillo, Sonora.
Habrá que preguntarse: ¿Se
debe ser estudiante de la UNAM para hacer trabajo político o cultural ahí? ¿Se
debe estar matriculado para ingresar al campus? ¿Se deben sacar a los cientos
de ambulantes que diario alimentan a miles en CU, por no ser estudiantes? ¿Se
debe sacar a los Pumas que hacen uso del Estadio Olímpico y lucran con la venta
de boletos y cerveza, por no ser estudiantes y no dar un solo peso a la UNAM?
¿Se deben condenar las barricadas y el daño al mobiliario de la misma manera
que la poca transparencia en la construcción de edificios a los que se les
asignan millones de pesos? ¿Conocen a un supuesto dealer que haya sido enviado a una prisión federal a miles de
kilómetros en tan poco tiempo?
¿Debemos creer en quien
nos vendió la «verdad histórica»?
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