Eliana Gilet
Desinformémonos
27 abril 2016
Las comunidades se fortalecieron con la visita de los
integrantes de la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas en
México. El lunes 25, visitaron Coyotepec por la mañana y Tecámac por la tarde,
mientras el martes 26 fue el turno de Xochicuautla y San Francisco Magú.
La visita ocurrió en un
momento muy oportuno, en que están sufriendo hostigamientos de arriba, indican
desde el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero. “En esos términos funcionan las visitas del Alto Comisionado, porque
además permitió que gente de otros pueblos cercanos, de distintas zonas,
estuvieran presentes en las 4 sedes. Y nosotros, como centro de derechos
humanos pudimos documentar de forma más amplia la situación en el Estado de
México”, relató Antonio Lara, coordinador del Ladrillero.
Integrantes de la Oficina
del Alto Comisionado ya habían estado en Xochichuautla, durante el segundo día
de ataque a la comunidad vivido hace apenas un par de semanas. La empresa
constructora filial del Grupo Higa y la policía estatal desalojaron a uno de
los pobladores –referente de la comunidad– y tiraron abajo su casa, una de la
decena que “obstruye” el trazado de
la autopista Toluca–Naucalpan. Claro que la acción no sólo fue burda sino que
ilegal, ya que la comunidad tiene ganado un amparo que detiene las obras hasta
que el conflicto social encuentre un cauce.
Además de encontrarse en
pie de lucha en la defensa de sus territorios y sus bienes naturales, estos
pueblos tienen en común la participación en la Coordinación Antirrepresiva
denominada “Fuego de la Digna
Resistencia”, articulada por pueblos y organizaciones del EdoMex, en contra
de la recientemente aprobada “Ley
Eruviel”, que permite a la policía usar munición real para reprimir
cualquier tipo de manifestación social.
“Los integrantes de la Oficina del Alto Comisionado va a
reunirse con el gobierno del Estado de México para hacerle llegar las
preocupaciones que pudo recabar en las comunidades. También, por los propios
procedimientos internos de la ONU, hará llegar sugerencias de la Comunidad
Internacional al mismo gobierno de este estado. A su vez, pudimos corroborar
que la Ley Eruviel no obtuvo el respaldo de la ONU, como sostuvo la Consejera Jurídica
del ejecutivo estatal, Luz María Zarza, cuando fue aprobada”.
De hecho, el propio
congreso local que la aprobó ya sufrió el primer golpe de la presión social en
rechazo a la misma, y decidió enviar su propia ley a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación para que “sea
revisada”.
“Los pueblos dicen que no es suficiente una revisión, sino la
abrogación de la ley. Pero es un primer logro de los pueblos que el congreso
asumiera públicamente a someterse a la Suprema Corte de Justicia”, relató Lara.
Por lo pronto, la Comisión
Nacional de Derechos Humanos también llevó la Ley Eruviel a la Suprema Corte de
Justicia, promoviendo que sea declarada inconstitucional por violar los
derechos de expresión, reunión y manifestación.
Desde los pueblos se
indica que lo que está en peligro es algo un poquito más delicado, con una ley
que permite tal despliegue brutal de fuerza contra cualquier población civil
desarmada. “Los amparos que estamos
promoviendo con las comunidades, por más que concordamos con lo señalado por la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, sostienen que lo que ataca la Ley
Eruviel es la integridad personal y la vida de las personas del Estado de
México”.
Una de esas heridas
abiertas está en San Salvador Atenco, dónde el próximo 3 y 4 de Mayo conmemorarán
la brutal represión y las violaciones cometidas por el Estado en el año 2006,
cuando este último, ya entonces, impulsaba la construcción del Nuevo Aeropuerto
de la Ciudad de México en esas tierras. Proyecto que todavía se resiste.
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