J. Jesús Esquivel
Corresponsal de la revista
Proceso en Washington
Publicado por Rompeviento
TV
Fecha: abril 20, 2016
Washington – Las disculpas
ofrecidas por el Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador
Cienfuegos, por el caso brutal de tortura contra una mujer de 21 años de edad
en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, hace un año, están siendo tomadas por
algunos medios nacionales, columnistas y articulistas como un “acto de honestidad” que debe ser
aplaudido.
La disculpa de un
Secretario de la Defensa es inédita, sin duda. Pero en lugar de magnificarla,
deberíamos aprovecharla para presionar al gobierno federal y pedir justicia por
los miles y miles de casos de violaciones de derechos humanos que han cometido
los militares. La disculpa de
Cienfuegos es la aceptación de que el Ejército y la Marina torturan,
desaparecen a personas, sin importar edad ni sexo, y que cometen ejecuciones
extrajudiciales.
Como si fuera el credo de
la impunidad –hasta que apareció el caso de Ajuchitlán del Progreso-, la Sedena
y la presidencia de México negaban rotundamente que elementos marciales
cometieran todo tipo de violaciones a los derechos humanos e inclusive las más
horrendas. Necesitaría posiblemente millones de cuartillas para documentar con
precisión todas las violaciones a los derechos humanos que históricamente se le
achacan a la Sedena. Y otros millones de cuartillas para exponer las negativas
y el rechazo a las acusaciones que tanto ciudadanos mexicanos comunes y
corrientes como organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales
documentan, denuncian y exigen que se haga justicia castigando con todo el peso
de la ley a los responsables.
La respuesta, claro, es y
será la impunidad.
El acto de contrición de Cienfuegos es tan falso como las sanciones
que impone la justicia militar a los pocos soldados o marinos que castiga por
violaciones a los derechos humanos.
La disculpa se dio porque ante la evidencia irrevocable de la tortura a
la joven de Ajuchitlán del Progreso, Cienfuegos no tenía alternativa. ¡Existe
el video de tan deplorable crimen!
La famosa disculpa del Secretario General de la
Sedena significa que para que se acepte que un militar o marino comete
violaciones a los derechos humanos y sea castigado, se tiene que presentar una videograbación
del acto. Lo cual tampoco es garantía de que al criminal se le castigue en el
fuero civil, como a cualquier criminal.
Lo correcto, si existiera
la justicia y la lógica en el gobierno federal, sería que a partir de la
disculpa de Cienfuegos se abrieran y se investigaran correctamente todos los
casos de denuncias contra militares, comenzando por la ejecución de civiles en
Tlatlaya, Estado de México, donde la impunidad militar imperó en el fallo de la
justicia marcial que recientemente se dictó.
Sería incluso necesario y
oportuno consultar a los expertos en materia constitucional, militar y
judicial, para determinar si Felipe Calderón, titular del Sexenio del Muerte, pudiera ser acusado y procesado por delitos de
lesa humanidad, por los más de cien mil
mexicanos muertos por culpa de su lucha militarizada contra el narcotráfico
y el crimen organizado. La oportunidad que abrió Cienfuegos con su disculpa tendría que ser aprovechada por
la justicia nacional para examinar el caso de Calderón, sin tener que recurrir
a la justicia internacional para imponer un castigo.
Es aberrante, como el
crimen cometido contra la joven guerrerense, que la Sedena admitiera
culpabilidad solo por la existencia de una videograbación. Ante ello, quedó
acorralada.
Los medios nacionales, los
columnistas y editorialistas que aplaudieron la disculpa de Cienfuegos, olvidaron la histórica negativa de la
Sedena a admitir que sus elementos cometen violaciones a los derechos humanos.
En la disculpa, estos medios nacionales, columnistas y editorialistas vieron a
un Cienfuegos redentor. Se les olvidó
que hace apenas mes y medio el gobierno de Enrique Peña Nieto, la Sedena y la
Semar, rechazaron e incluso desacreditaron el informe sobre la situación de los
derechos humanos en México emitido por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH).
A los militares, el
informe del órgano jurídico interamericano los catalogó como los principales
violadores de derechos humanos contra civiles mexicanos, protegidos por la
impunidad gubernamental y la lucha militarizada contra el narcotráfico.
La Caja de Pandora la abrió Cienfuegos. Ahora, la población civil
estará más lista para videograbar y documentar las violaciones a los derechos
humanos cometidas por los militares, lo cual, por lo menos, es garantía de una disculpa por parte de la Sedena.
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