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Foto:
Represión a movilización magisterial, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 15
de abril de 2016. (Tragameluz)
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Centro de Derechos Humanos
Fray Bartolomé de las Casas
Boletín de prensa Nº 10
San Cristóbal de Las
Casas, Chiapas, México
A 16 de abril 2016
.- Incomunicación,
Privaciones Arbitrarias de la Libertad, Tortura y Tratos Crueles Inhumanos y
Degradantes hacia al menos 24 personas detenidas
.- 18 docentes de la
CNTE trasladadas injustificadamente al Penal de Máxima Seguridad en Tepic,
Nayarit
.-Niñas, niños,
mujeres y personas mayores afectadas por gases lacrimógenos ante el uso
desproporcionado de la fuerza policiaca
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
(Frayba) documentó violaciones a derechos humanos consistentes en: Uso
Desproporcionado de la Fuerza Pública, Privaciones Arbitrarias de la Libertad,
Tortura y Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes que conforman un patrón de
represión y criminalización de la protesta social. Hechos cometidos en San
Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, durante los operativos de
desalojo a las manifestaciones convocadas por la Sección VII de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores del Estado de Chiapas (CNTE) y el Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación (SNTE). Acciones perpetradas por elementos de
la policía federal, la gendarmería y la policía estatal quienes utilizaron de
manera indiscriminada e injustificada gases lacrimógenos y balas de goma
dañando la salud de quienes se manifestaban en la jornada del 15 de abril de
2016, de 10:00 a 14:00 horas aproximadamente. Además lesionaron físicamente a
la población que pasaba o estaba en el lugar de la represión, incluyendo niñas,
niños, mujeres y personas mayores de edad.
Testimonios refieren que
en San Cristóbal de Las Casas, las agresiones policiacas incluyeron
allanamiento a casas particulares y negocios, uso de gases lacrimógenos dañando
a familiares de enfermos que se encontraban en el Hospital de las Culturas,
personas golpeadas incluso que no tenía nada que ver con las manifestaciones,
vigilancia por parte de militares vestidos de civil e infiltración de grupos de
choque para justificar la represión y generar confrontación. Asimismo
sobrevolaron dos helicópteros de la policía federal, sin matrícula, desde los cuales
tiraban gases lacrimógenos, y un helicóptero de protección civil.
En Tuxtla Gutiérrez se
implementó un cerco policíaco que inició en el punto de manifestación en La
Pochota y fue replegando al magisterio hacia el centro, en zonas donde los
ataques con gas lacrimógeno, balas de goma y piedras afectaron a población en
general. También sobrevolaron helicópteros lanzando gases lacrimógenos. Hubo un
número indeterminado de personas heridas y con crisis nerviosas.
En Tuxtla Gutiérrez y San
Cristóbal de Las Casas, Chiapas los elementos policíacos detuvieron de manera
arbitraria y con tratos crueles inhumanos y/o degradantes, sin respeto a las
garantías personales ni mediar protocolos que salvaguarden la seguridad e
integridad, al menos a 8 profesoras, 10 profesores y tres personas que pasaban
por el lugar: un repartidor de agua, un técnico en electricidad y un instructor
de gimnasio, además de un estudiante que se encontraba en un taller mecánico y
dos personas más no identificadas. Estas detenciones se realizaron entre las
10:00 horas y 12:00 horas en distintos lugares y las personas fueron
trasladadas a las instalaciones de la Procuraduría General de la República en
el Libramiento Sur número 2069, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Según testimonios
mencionan que supieron de la detención de su familiar a través de redes
sociales, pero no fue sino hasta las 23:00 horas que recibieron llamadas de las
personas detenidas, por lo que estuvieron más de 12 horas en incomunicación y
se les permitió ver sólo por un lapso de 5 minutos cada quién e iban entrando
de tres en tres, siendo la última visita que pudo tener contacto con su
familiar a las 5:00 horas del día 16 de abril. La mayoría decía desconocer a
detalle la situación jurídica de las personas detenidas.
En la mañana del día 16 de
abril, las 18 personas del magisterio fueron trasladas en un avión Boing 727
Mat XC_MPF de la Policía Federal al penal de Máxima Seguridad de Tepic,
Nayarit. Las y los docentes son acusados de ataques
a las vías generales de comunicación, daños,
terrorismo y lesiones, delitos tipificados para inhibir la protesta social,
criminalizar y judicializar la libre manifestación.
Lo anterior violenta los
derechos a la Manifestación, Asociación y Reunión, Pensamiento y Expresión, así
también se vulnera el derecho a la Integridad y Seguridad Personal y Libertad
Personal y en relación a los anteriores el derecho al Debido Proceso Legal.
Los hechos referidos
generan un patrón de la represión y criminalización de la protesta en Chiapas y
el país, lo cual pone en riesgo a la población en general agredida de manera
indiscriminada, siendo que a mujeres, niños y niñas se les violentan derechos
específicos.
Responsabilizamos al
Secretario de Gobierno Juan Gómez Aranda quien había publicado su compromiso de
“privilegiar el diálogo y el cumplimiento
irrestricto del marco jurídico como única vía para encontrar soluciones a los
problemas de los chiapanecos”; a Manuel Velasco Coello, Gobernador del
Estado de Chiapas, a Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad y
a Jorge Llaven Abarca, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a quienes
el Frayba había informado de la grave situación urgiendo a evitar eventos y/o
daños que resulten de imposible reparación. Así mismo a Enrique Peña Nieto y
Miguel Ángel Osorio Chong, quienes son causantes de la política represiva del
actual régimen autoritario.
Este Centro de Derechos
Humanos exhorta al Estado mexicano para que: asuma la obligación de proteger,
garantizar y respetar los derechos humanos; cese la represión y criminalización
de la protesta social; garantice la vida, la integridad y seguridad personal de
quienes ejercen su derecho legítimo a la libre manifestación; atienda de manera
inmediata, eficaz, pronta, seria, exhaustiva e imparcial estos hechos
sancionando a los responsables de las violaciones a derechos humanos descritas;
y que libere de manera inmediata a las personas arbitrariamente detenidas e
injustificadamente trasladadas acusadas de delitos fabricados como justificación
de las acciones represivas.
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