Por Tinta Incógnita**
(** Tinta Incógnita es un
colaborador de la sección de Artículos de Opinión de Rompeviento TV. El
anonimato es un juego y una pregunta: ¿vale más lo que escribe la pluma o la
pluma que lo escribe?)
RompeViento TV
Fecha: abril 25, 2016
Esta semana se celebró la Sesión Especial de la Asamblea
General de Naciones Unidas (UNGASS, por sus siglas en inglés) sobre el problema
de las drogas. La sesión, que se llevó a cabo en la sede de la ONU en Nueva
York, tiene la intención de sostener un diálogo mundial inclusivo y
transparente alrededor del tema del control de drogas, ante el evidente fracaso
de las políticas actuales en la materia.
La “guerra contra las drogas”
Las políticas de control de droga que se aplican actualmente
en la mayoría de los países del mundo tienen su origen en la Convención Única
sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas establecida en 1961. Este acuerdo
internacional tomó un enfoque prohibicionista con la intención de eliminar la
producción y oferta de drogas y detener el consumo castigando a los
consumidores.
Estados Unidos fue el
principal impulsor de estas políticas prohibicionistas con la llamada “guerra
contra las drogas”, pero luego de más de cuatro décadas esta agresiva
estrategia no ha resultado en una disminución considerable en el consumo de
estupefacientes ni ha afectado realmente a los grupos de delincuencia
organizada que trafican con estas sustancias.
En cambio, ha costado un
desmedido número de vidas humanas. Sólo en México, más de 100 mil personas han muerto
desde que el gobierno calderonista inició la guerra contra el narcotráfico en
2006 y más de 30 mil personas están en prisión por “delitos contra la salud”,
gracias a una legislación sumamente incomprensiva y desmesurada.
Consecuencias de la “guerra contra
las drogas”
Las políticas prohibicionistas fueron aplicadas por la fuerza,
los cuerpos policiales y las fuerzas armadas se encargaron de imponer estas
leyes punitivas y acabaron por enfrentarse violentamente con los grupos
criminales y cárteles de la droga, que surgieron inevitablemente para
satisfacer la alta demanda de estupefacientes.
Este enfrentamiento entre “la justicia” y “el crimen” desató una fatal espiral de violencia que se mantiene
hasta hoy y afecta gravemente a los sectores sociales más vulnerables, a la
gente de a pie que vive en los llamados “países
en desarrollo”. La retorcida lógica política manda combatir la violencia
con más violencia.
La “justicia” en México -y en muchos otros países- ha optado en
infinidad de ocasiones por dejar en segundo plano las libertades y derechos
individuales con el afán de imponer las medidas punitivas, se inclina en cambio
por el uso excesivo de la fuerza pública y las detenciones arbitrarias.
Ya son recurrentes las
ejecuciones extrajudiciales -con casos como los de Tlatlaya, Apatzingán o
Tanhuato-, y las desapariciones forzadas -con el caso emblemático de
Ayotzinapa. Por si esto fuera poco, la tortura se ha vuelto una práctica
generalizada. No queda ni la menor duda de que México vive una aterradora
crisis de derechos humanos.
La justicia está
desaparecida, enterrada en alguna fosa clandestina con los ojos todavía
vendados. En el país reina la impunidad. La clase política, las élites
económicas y las fuerzas armadas, rechazan responder por los delitos cometidos
y los crímenes consumados bajo su guardia, en un alarde de ingobernabilidad y
obstrucción a la ley.
A la crisis de violencia y
de gobernabilidad podemos sumarle el enorme gasto económico que conllevan las
políticas antidrogas actuales. México gasta nueve mil millones de dólares al
año en la imposición de las medidas prohibicionistas, y el gasto global excede
los 100 mil millones de dólares anuales.
Mientras tanto, el
narcotráfico en México obtiene ganancias de hasta 40 mil millones de dólares al
año, el doble del ingreso que representan las remesas. Este dinero del narco
alimenta la corrupción política y paraliza el actuar de un sistema de justicia
de por sí endeble e ineficiente.
Sobran razones para decir
que la “guerra contra las drogas” ha
sido un fracaso, tanto en materia de seguridad como en materia de salud. El uso
de sustancias ilícitas no ha disminuido significativamente, por el contrario,
las drogas ilícitas son ahora más puras, más baratas y más ampliamente
utilizadas que nunca.
La UNGASS es una
oportunidad única para salvar al mundo, y en especial a América Latina, de la
crisis de violencia e ingobernabilidad que vivimos desde hace años. Tenemos que
recordar que una importante dimensión del problema de las drogas debe atenderse
desde la salud pública, no con la criminalización.
Muchos países están
aplicando políticas de droga comprensivas que han generado resultados
alentadores. Si bien ninguna estrategia es del todo impecable podemos aprender
mucho de cada una. Pero esta tarea quedará para la próxima ocasión.
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