por Andrés Figueroa
Cornejo
Red Latina sin fronteras
22 mayo, 2016
La Minga de la Cumbre Agraria, Campesina,
Étnica y Popular inicia un paro nacional histórico e indefinido desde el
próximo 30 de mayo de 2016 por el cumplimiento de sus demandas.
“Lo más importante es conocer el momento correcto
para sembrar”.
Masanobu
Fukuoka
A lo largo y ancho del territorio de
Colombia se realizará el Paro general de la Cumbre Agraria Nacional, Campesina,
Étnica y Popular desde la mañana del 30 de mayo de 2016. Para conocer sus
propósitos y expectativas nos entrevistamos mediante una conexión en línea
entre Santiago de Chile y Bogotá con el miembro de la Comisión Política del
Congreso de los Pueblos y delegado de esa organización en la Cumbre Agraria
colombiana, Eduardo León.
-¿Qué es la Cumbre Agraria? ¿Qué persiguen?
“La Cumbre Agraria, Campesina,
Étnica y Popular es un proceso relativamente nuevo donde se articulan
corrientes indígenas, de negros, campesinos y populares de una larga
trayectoria de historia de lucha social en Colombia. Surgió en las
movilizaciones agrarias de 2013 y 2014 que tuvieron como objetivo confrontar a
una serie de políticas públicas dirigidas a profundizar el modelo capitalista
actual que se expresa en el extractivismo agroexportador. Ese modelo despoja
los bienes comunes de la naturaleza en los territorios históricos y ancestrales
de nuestras comunidades negras e indígenas. Frente a nuestras movilizaciones,
el gobierno de Juan Manuel Santos respondió con una propuesta de ‘pacto
agrario’ que, en síntesis, no recogió las demandas planteadas por nuestras
comunidades y prosiguió la agenda del saqueo. Esto nos llevó a la necesidad de
avanzar de una manera más audaz y decidida en la unión y articulación popular
que cuajó en una Cumbre Agraria donde convergen los procesos más importantes y
grandes del país”.
-¿Cuáles son los principales puntos que construyen la unidad
de la Cumbre Agraria?
“Transformar la
relación entre el campo y la ciudad en la cual existe una asimetría feroz a
favor de las urbes. En nuestro campo sufrimos un atraso estructural en todos
los aspectos: en la participación política, en el desarrollo económico, en
materia de exclusión social. Esa brecha ha generado graves problemáticas
sociales que podrían resumirse en que existe una evidente subordinación del
campo a la ciudad. La fórmula extractivista y agroexportadora impuesta por la
actual fase capitalista tiene por objeto intentar resolver la disminución de su
tasa de ganancia y buscar nuevas fuentes de acumulación de capital. Estamos
ante un escenario de expoliación, expropiación y despojo de nuestras tierras y
territorios, y de los bienes que contienen, de tal manera que nuestras
comunidades se encuentran al borde de la desaparición. Hoy nuestros campos son utilizados para la
extracción intensiva de petróleo, carbón, gas, minerales metálicos (oro, níquel,
etc.). Para ello el gobierno implanta una infraestructura destinada a la
circulación del capital al servicio de la inversión transnacional. Asimismo, se
han promulgado leyes que favorecen la extranjerización de las tierras. Incluso
se han conculcado aquellas que la propia legislación agraria, que tiene muy
pocas cosas que benefician a nuestras comunidades, nos servían. En la
actualidad el campesinado ni siquiera puede acceder a los baldíos de la nación,
que eran la única posibilidad que teníamos para usar algunas tierras. Los
territorios colectivos de nuestras comunidades afrodescendientes han sido
invadidos por el gran capital financiero y agro-industrial. Igual cosa sucede
con los resguardos indígenas que, no obstante contar con una mayor protección legal,
no han dejado de sufrir el embate neoliberal. Todo ello configura un conflicto
que porta causas históricas y culturales que la administración de Santos se
niega a reconocer”.
“EN COLOMBIA EXISTE UN CONFLICTO INTEGRAL”
-El gobierno de Santos habla de paz para Colombia…
“Que la paz es sólo la
terminación de la guerra es la idea que el gobierno insiste en vender
internacionalmente, cuando el conflicto armado en Colombia tiene orígenes
sociales, políticos y económicos.
Nosotros queremos avanzar en la paz con justicia social y
ambiental y en un país con una vida digna. Esa es la paz que requerimos desde
el mundo social”.
-Paz con justicia social, desde Chile por ejemplo, no tiene
relación con el relato gubernamental colombiano y el discurso del poder que
pareciera dibujar una suerte de larga guerra civil restringida exclusivamente
entre el Estado y las insurgencias [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
– EP (1)
y el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (2)], como si no existiera un
pueblo y una sociedad organizada distinta a las fuerzas político-militares de
las FARC-EP y el ELN…
“Efectivamente, el
movimiento social y popular colombiano caracteriza el conflicto en nuestro país
como social, político y económico. Esto es, un combate estructural e histórico.
Las insurgencias armadas sólo son una expresión de ese conflicto, más allá de
que las causas que provocaron las insurgencias sean las mismas que nos
movilizan a nosotros/as. A partir de esa consideración profunda, pensamos que
el modelo de paz planteado por el gobierno de turno se trata de una paz ideada
para crear las condiciones propicias sólo para una superior inversión
extranjera y facilitar la depredación de nuestros recursos”.
-¿Cómo describe la Cumbre Agraria y el Congreso de los Pueblos
a la forma y el contenido del Estado colombiano?
“Como a un Estado
corporativo, un Estado al servicio del gran capital y de las gigantes
multinacionales que están presentes en el país. En consecuencia, aunque
respaldamos las negociaciones y los diálogos entre la insurgencia y el gobierno
que se desarrollan en La Habana, Cuba, con las FARC-EP, y con las que se
iniciarán en su fase pública en Quito, Ecuador, con el ELN, nosotros
consideramos que la paz no es simplemente la terminación de la guerra”.
LA FÓRMULA DE LA PAZ CON JUSTICIA
SOCIAL DE LOS PUEBLOS
-¿Qué significa la paz para ustedes, entonces?
“Reconocer que en
Colombia existe un conflicto integral y que, por tanto, los movimientos
sociales y populares somos un sujeto social y político que es preciso tomar en
cuenta a la hora de construir una solución política a la crisis. Por eso varias
organizaciones de la Cumbre Agraria estamos exigiendo nuestra participación
directa, vinculante y decisoria con el gobierno”.
-¿Como una tercera mesa de negociación y diálogo con la
administración-Santos?
“No nos gusta mucho que
se hable de una ‘tercera mesa’, porque pareciera que hubiera una especie de
jerarquización. Preferimos hablar de un espacio complementario al de las mesas
que se están adelantando entre las insurgencias y el gobierno. Nosotros nos
referimos a una complementariedad autónoma respecto de las mesas de diálogo y
negociación ya en curso. O sea, esa complementariedad no implica mutua
dependencia”.
-¿Y cómo han prefigurado ese espacio complementario
independiente?
“Como una Mesa Social
para la Paz donde se pueda instalar una agenda que permita debatir y arribar a
acuerdos en torno a aspectos estructurales”.
-¿Qué significa precisamente justicia social para la Cumbre
Agraria y el Congreso de los Pueblos?
“Paz con Justicia Social significa que no es posible pensar en
una paz por la que hemos luchado siempre, si no hay cambios sustanciales que
nos emprendan hacia la democratización del país. Ello quiere decir varias
cuestiones. Significa que se reconozca que las comunidades agrarias,
campesinas, indígenas, afrodescendientes y urbanas podemos tomar y poner en la
práctica nuestras propias visiones alternativas al sistema capitalista. En ese
sentido, tenemos nuestros propios planes de vida y nuestras propias relaciones
sociales, ambientales y económicas en nuestros territorios. Relaciones
económicas que hoy están subordinadas al imperio del capital. Significa que
abogamos y exigimos una democracia participativa y directa, donde se reconozcan
nuestras propias formas de gobierno y nuestras propias autoridades. En la
actualidad hay decisiones que se toman a nivel gubernamental que impactan en
contra de nuestras comunidades. Por ejemplo, no se respeta el derecho a la
consulta previa (Convenio 169 de la OIT) ni los mecanismos de participación
ciudadana y consultas populares contemplados en la Constitución”.
-¿Qué
ocurre con la soberanía alimentaria?
“No obstante, que nuestras economías propias están bastante
diezmadas, podrían garantizar la mayoría de los alimentos para el país. O sea
que Colombia está en condiciones de auto-alimentarse. Pero del 60 al 80 % de
los alimentos son importados en el marco de los tratados de libre comercio. Una
de nuestras reivindicaciones fundamentales es la soberanía alimentaria y no
solamente la seguridad alimentaria. Al respecto, uno de nuestros objetivos es
que los alimentos sean producidos por nuestras propias comunidades. Colombia
tiene una geografía y biodiversidad tan ricas, que es capaz no sólo de producir
el alimento para todos/as los colombianos, sino que incluso podríamos
contribuir en la alimentación de otros países, empezando por los pueblos
hermanos de NuestraAmérica. Lo anterior se transforma en una disputa de
proyectos de desarrollo en torno a cómo se organiza el territorio. El gobierno
privilegia el extractivismo y los agro-negocios, mientras que nosotros postulamos
un ordenamiento territorial fundado en la agro-ecología, la protección del
medioambiente y de los recursos vitales para la humanidad como el agua.
Colombia todavía es uno de los grandes productores de agua y cuenta con cuencas
hidrográficas extraordinarias, aunque hoy están en grave riesgo de desaparecer
debido a la explotación minera”.
“EL ESTADO COLOMBIANO EN VEZ DE CAMINAR HACIA LA PAZ, MUY POR
EL CONTRARIO, ESTÁ PROFUNDIZANDO LAS CAUSAS DEL CONFLICTO”
-¿Cuáles han sido las respuestas que han recibido por parte
del Estado corporativo colombiano respecto de sus demandas centrales?
“Desde el 2014 hemos presentado un pliego y acordado una
agenda con el gobierno nacional, en el contexto de una Mesa Étnica Nacional
(lugar de interlocución y negociación). Allí también pusimos un punto ligado a
la construcción de confianzas alrededor de la financiación de algunas obras de
infraestructura y proyectos productivos para el fortalecimiento de nuestras
organizaciones, entre otros temas. Se trata de aspectos que si el Gobierno
Nacional hubiera tenido la voluntad política, ya se habrían cumplido. Por
ejemplo, acordamos la dotación de $1.500 millones de pesos (600 mil dólares)
por año desde el 2014, pero al 2016 ni siquiera ha sido aprobado el presupuesto
del 2014. Ello ilustra claramente cómo el gobierno incumple sus compromisos. De
hecho, nosotros nos movilizamos y paramos desde el 30 de mayo próximo por 8
puntos bien definidos (3), y
que consideran temas sustantivos que han sido sistemáticamente no cumplidos”.
-He visto las imágenes de la implacable represión
policíaco-militar en contra de las movilizaciones que ustedes han desarrollado
en los últimos años (4)…
“El gobierno, al igual que lo hace con las insurgencias, ha
implementado una estrategia de invasión y desgaste para hacerle el vacío a la
Mesa Étnica Nacional. Asimismo, el gobierno no está dispuesto a discutir
ninguna de nuestras demandas que toquen siquiera de manera mínima las
estructuras del modelo neoliberal. Por ello es que hemos resuelto efectuar el Paro
Agrario”.
-¿Cuáles son las características del Paro Agrario que se
inicia el 30 de mayo?
“Es de carácter indefinido y con fines políticos muy
concretos. Queremos reponer nuevamente sobre la mesa las reivindicaciones que
llevan incumplidas más de dos años. La administración de Santos lo único que
nos ha dicho es que el modelo no va a cambiar hasta que no se cambie el
gobierno. Y así pasa que los pocos bienes públicos que quedan ya están en la
lista para ser privatizados; la educación dejó de ser un derecho y se convirtió
en mercancía. Lo mismo ocurre con la salud y otros derechos sociales y económicos.
En consecuencia, el desenvolvimiento del proyecto capitalista del Estado
colombiano en vez de caminar hacia la paz, muy por el contrario, está
profundizando las causas del conflicto. En general, también perseguimos
concitar la solidaridad nacional e internacional con nuestra causa para que la
administración de Santos comprenda la urgencia de abrir canales de negociación,
diálogo y participación con el movimiento social y popular”.
-Y
los Derechos Humanos en Colombia…
“Todo arranca desde la concepción ‘por arriba’ de la ausencia
de inclusión social, económica, política y ambiental. Los efectos de la
exclusión son devastadores en materia de Derechos Humanos en el país. Por abajo
hay asesinados, desaparecidos, perseguidos, amenazados, judicializados por
ejercer el derecho a la protesta. Muchos dirigentes y dirigentas han sido
acusados falsamente de ejercer terrorismo sólo por haber impulsado los paros
que realizamos el 2013 y el 2014. En este sentido, la situación de los DDHH en
Colombia bajo el gobierno de Santos no es sustancialmente distinta a la que
sufrimos durante los 12 años de la administración del ex presidente Álvaro
Uribe. Entonces Santos busca desmovilizar la insurgencia no sólo armada, sino
también al movimiento social a través de su negación reiterada de acceder a un
cese del fuego bilateral solicitada tanto por el pueblo movilizado, como por la
insurgencias armadas. Esto contrae un grave problema para nuestras comunidades
porque bajo el supuesto del gobierno de combatir a las insurgencias armadas, se
viola flagrantemente por el lado de las fuerzas estatales el Derecho
Internacional Humanitario. Por eso, en tanto el relato oficial dice que estamos
prácticamente al borde de un momento de post-conflicto y de paz en Colombia,
desde el 30 de mayo vamos a salir a las carreteras y las calles miles y miles
de campesinos y pueblo urbano, demostrando que la realidad es completamente
otra. Pondremos de manifiesto la verdad del país: que aquí se violan los DDHH;
que se profundiza un modelo que somete a la pobreza estructural a nuestra
gente; que se entregan sin mayores requerimientos ni contraprestaciones
nuestros recursos básicos al capital extranjero. El gobierno tendrá que
entender que la paz no es únicamente el fin de la guerra”.
-La lucha del pueblo colombiano se ofrece en medio de una
ofensiva brutal del imperialismo norteamericano en contra de otros pueblos de
NuestraAmérica, como son los casos de Venezuela, Brasil, Argentina, Paraguay,
Honduras, Ecuador, sólo por nombrar los más trágicamente visibles. ¿Cómo
evalúan semejante coyuntura?
“Nuestra suerte como pueblos de Colombia, es la misma suerte
de varios países de NuestraAmérica. Sin duda que los gobiernos progresistas y
populares del continente están padeciendo una embestida impresionante por parte
del capital imperialista. Pero por otra parte y por la misma causa, también la
resistencia de los pueblos se multiplica. Sin una pizca de pretensión, los
pueblos colombianos estamos en pie de afirmar que hoy podemos aportar en la
resistencia popular a escala continental. Por eso solicitamos la solidaridad
internacional. Probablemente nuestra lucha y paro serán bloqueados
mediáticamente y sólo contaremos con la compañía de los medios alternativos e
independientes. Desde ya les aseguramos que la movilización que comienza el 30
de mayo tendrá estatura histórica. Vamos a lograr varios de los objetivos que
nos hemos impuesto. El movimiento social y popular colombiano se está
reactivando y radicalizando, llegando al punto de poder exigir”.
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