Publicado en el órgano
Frecuencia Laboral, Marzo del 2013
Corresponsalía de
Colectivo Magisterial.
La Casa de Todas y Todos
En el hecho (…) lo que erige es la
despedida masiva de millones trabajadores al servicio de Estado. El transcurso
que camina es una cadena continua de reformas de carácter descomunal, de
despojo total del apartado social del Constituyente de 1917; es el proceso más
agresivo por gobierno alguno desde aquél año, que trasciende a la aniquilación
de nuestra soberanía como país independiente”
Opinión de más de 3.2 millones de trabajadores que interpusieron solicitud
de amparo contra la esclavista reforma laboral y que prepararon el amparo
contra la reforma educativa.
Desde su promulgación al inicio del presente sexenio, la
Reforma Educativa ha mostrado avances lentos ante la resistencia de amplios
sectores del magisterio en diferentes regiones del país.
Frente al embate agresivo
de la reforma, el magisterio realiza en estos días una jornada de
movilizaciones en defensa de la educación pública y la estabilidad laboral, lo
cual se ha traducido en bloqueo de carreteras, puertos y pasos fronterizos en
los estados de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero, mientras que en el resto
del país los maestros inconformes se suman a la protesta mediante mítines,
protestas y volanteo para la difusión del paro magisterial.
El magisterio disidente
agrupado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE),
anunció un paro generalizado de labores a partir del 15 de mayo (Día del
Maestro) en rechazo a la reforma, que ya empieza a cobrar los primeros despidos
de los docentes que se negaron a presentar la reciente evaluación del desempeño.
La SEP anunció el cese de 3 mil 700 maestros que no presentaron examen en todo
el país, pero muchos de ellos siguen en sus puestos de trabajo sin recibir
salario alguno y sin contar con notificación de despido.
Linchamiento mediático
La Reforma Educativa arrancó con una intensa campaña en los
grandes medios de difusión (Televisa y TV Azteca a la cabeza) encaminada a
desprestigiar la labor de los docentes y de la educación pública, con
intenciones claras de allanar el camino en el proceso de privatización de la
escuela pública. La idea es desacreditar la labor docente frente a la sociedad,
difundiendo una imagen distorsionada de los maestros como “flojos”, “vándalos” y sin preparación para estar frente a grupo,
pero además hacerlos aparecer como únicos
responsables de los múltiples problemas que enfrenta la educación pública
en el país.
El argumento de los
maestros inconformes es que la Reforma Educativa vulnera los derechos laborales
más elementales, provoca el deterioro de las condiciones de trabajo y carga
sobre los padres de familia el mantenimiento de las escuelas mediante los Consejos de Participación Social, bajo
el supuesto de alentar la Autonomía
Escolar. Todo ello con la intención de privatizar
el servicio para convertirlo en un negocio redondo para beneficio de
grandes empresas representadas por Mexicanos
Primero.
En su esencia, la reforma
representa la afectación salarial de los docentes y su estabilidad en el empleo
al eliminar la plaza base. El sindicato (SNTE) pasa a convertirse en un apéndice
de la SEP, se legaliza la política del despojo de los derechos laborales y se
elimina de un plumazo el derecho de la sociedad a la educación pública, laica y
gratuita.
El proyecto clave del
Estado, aliado incondicional de los grandes grupos empresariales y
trasnacionales, es desmantelar la
educación pública y preparar el terreno para convertir la educación en una
mercancía sólo al alcance de quienes puedan pagarla, pero además, adaptar los programas educativos a las
necesidades del capitalismo en su etapa neoliberal.
OCDE y reforma educativa
La reforma educativa, aprobada por el Congreso de la Unión el
20 de diciembre del 2012 sigue los lineamientos del Acuerdo de Cooperación
OCDE-México para Mejorar la Calidad de la
Educación en las Escuelas de México. Ambiciosos proyectos pedagógicos, como
la Reforma Integral a la Educación Básica
y la Alianza por la Calidad de la Educación, son frutos de las propuestas
que el club de países ricos hizo al gobierno federal en el análisis del sistema
escolar mexicano a luz de los resultados PISA de 2006. Lo grave de ésta reforma
estructural (y del resto que han sido aprobadas durante el sexenio), es que se “legalizan” sin consenso ni consulta, a
espaldas de la sociedad mediante un “pacto”
amañado entre partidos que sólo se representan a sí mismos.
El corazón de esta reforma
viene a ser la Evaluación Universal de
los docentes, que se aplica hoy con la idea de justificar el despido de
miles de docentes y la contratación de personal sin derechos laborales ni
prestaciones. Se busca renovar la plantilla con nuevas generaciones de docentes
que desconocen lo que son los derechos de antigüedad, jubilación y
prestaciones. Un esquema privatizador, sin duda, con una receta al gusto de los
grandes grupos empresariales nacionales y extranjeros.
Evaluación punitiva
Desde que se anunció la Reforma Educativa, los maestros han
sostenido (contra la versión mediática), que no se oponen a una evaluación para
mejorar su labor en el aula. Lo que cuestionan es el aspecto punitivo de la
evaluación, que sólo sirve para justificar la eliminación de la plaza base,
condicionar el aumento salarial y dividir al magisterio entre “idóneos” y “no idóneos”. Otro argumento es que además el examen estandarizado no refleja la preparación del docente ni se ajusta
a las condiciones materiales y sociales en que aprenden los alumnos en las
diferentes regiones del país.
Respecto al aumento
salarial, al que todo docente tenía derecho hace años como parte del contrato
colectivo, hoy se condicionan los incentivos a los maestros que logren mejores
puntajes en la evaluación, pero aun así, se les condiciona el aumento a la
disposición de presupuesto.
En otras palabras, si un
maestro logra las mejores calificaciones y puntajes pero no hay presupuesto, le
dicen: ¡Suerte para la próxima! Si el
quejoso acude a tribunales a demandarlos, le van a decir que no hubo dinero en el erario (porque ya
se lo robaron o se esfumó inexplicablemente).
La Reforma Educativa en su
artículo 39 de la Ley General del Servicio Profesional Docente establece que
los beneficios “…tendrán una vigencia
hasta de cuatro años…”, lo cual quiere decir que pueden ser menos años a
criterio del patrón y que esta prestación será de carácter temporal, siempre
sujeta a suficiencia presupuestal.
Pero más grave que el
condicionamiento de los incentivos, es que la reforma ha eliminado la seguridad
a un trabajo estable, pues de no aprobar el examen en una tercera evaluación,
el maestro será despedido sin responsabilidad para el Estado y sin derecho a
una indemnización, sin importar los años de antigüedad en el trabajo. Lo mismo
aplica para quienes se nieguen a presentar la evaluación.
Criminalización de la protesta
Ante el aumento de las protestas de maestros contra la reforma
educativa en todo el país, el Estado ha optado por la represión, la
desaparición forzada, la campaña de desprestigio contra los disidentes y el
silencio cómplice de los medios de comunicación cuando la indignación es muy
evidente en algunas regiones. La represión contra los movimientos sociales, es
un tema clave en la estrategia del Estado, pues el despojo abierto y descarado
de los derechos laborales es parte del proyecto neoliberal que incluye no sólo
la privatización de la educación, sino también de los recursos naturales del
país.
La Reforma Educativa
impuesta contra los intereses de los trabajadores de la educación y de la
sociedad en general, responde a la etapa neoliberal del capitalismo mundial.
Una nueva división internacional del trabajo basada en cadenas globales de
producción y el uso masivo de fuerza de trabajo barata, coloca a México como
abastecedor de ésta, donde se eliminan los derechos laborales y se establece un
control férreo de los trabajadores. Los mismos sindicatos (muy limitados de por
sí en su función), pasan a ser un estorbo para el saqueo descarado del país. En
la educación, lo que importa es adaptar los contenidos a las necesidades imperialistas: preparación
de personas acríticas, sin
conocimiento de la historia nacional, sin sentido de pertenencia y disponible
para ser explotada sin derecho alguno.
Otro gran objetivo es
convertir la educación en un negocio
redondo para beneficio de los grandes grupos empresariales con apoyo del
erario público. La misma escuela pública se perfila como centro de preparación
de personal, dirigidos de manera directa o indirecta por las empresas.
Articulación de las luchas
Como parte del proyecto neoliberal, la agresión y el despojo
es contra toda la sociedad y no sólo contra los trabajadores de la educación.
De hecho, la embestida neoliberal va contra 54 millones de trabajadores
mexicanos (Población Económicamente Activa), a la que se suman 2.5 millones de
menores de edad que trabajan o son explotados sin el menor derecho humano o
laboral a lo largo y ancho del país (datos del INEGI).
Todas las adecuaciones a
la Constitución hechas sin consenso social y al amparo del poder, son para
justificar el despojo de los derechos de los mexicanos y para la contención y
represión de los sectores disidentes que se opongan a los planes criminales de
las trasnacionales a través del Estado neoliberal.
En cuanto a la digna
resistencia y lucha de los maestros, aunque es constante y crece a nivel
nacional, es todavía fragmentaria y las demandas centrales giran sobre los
derechos gremiales y rescate de derechos perdidos. Es necesaria la articulación
de todos los sectores sociales golpeados por el neoliberalismo. Dentro del
movimiento, la unidad con los padres de familia a nivel nacional es también una
de las grandes tareas pendientes.
Creemos que la
articulación de los movimientos de lucha y resistencia en todo el país puede
tener como base una serie de acuerdos mínimos comunes que respeten la dinámica
de los grupos que luchan, pues sólo así es posible enfrentar la embestida
neoliberal y construir las bases para un cambio de fondo del país, donde todos
los sectores sociales tengamos cabida dentro de un gran proyecto de nación.
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