José Adriano Anaya
Diario ContraPoder
Centro de Comunicación
Alternativa
16 Mayo 2016
En Chiapas se vive una escalada de conflictos y
movilizaciones. Algunos de ellos con una legitimidad incuestionable, pero otros
son orquestados dentro de la pugna que existen entre los grupos de poder
encabezados por los exgobernadores, que tienen puesta la mira, los intereses y
ambiciones en el 2018, en la que ninguno de ellos desprecia la posibilidad de
un interinato.
Esta situación ha
enrarecido el clima político de la entidad, en la que sobresalen el caos,
alimentado por la falta de rumbo, la inacción en la búsqueda de acuerdos y la
ausencia de decisiones políticas que busquen modificar el escenario de carencia
de gobernabilidad que priva en la entidad.
Sobre estas condiciones ya
de por sí difíciles, el gobierno federal, a través del secretario de educación
Aurelio Nuño, busca incendiar la
entidad, al declararle la guerra a los maestros chiapanecos, bajo el argumento
de que hará cumplir la ley en lo concerniente a la evaluación docente.
Aurelio Nuño,
lastimosamente no podía argüir un argumento más lastimero, que el de la
responsabilidad de la aplicación de la ley, como si la secretaría de educación
a su cargo fuera un modelo de firme cumplimiento de la norma.
Al respecto, si hay un
interés real del cumplimiento de la ley, Aurelio Nuño deberá hacer cumplir lo
mandatado en el artículo 3º constitucional, sobre la obligatoriedad de la
educación básica y media superior. De igual manera debe hacer posible el mandato
de la gratuidad de toda la educación que
imparta el Estado. Deberá hacer cumplir que toda la educación que imparta
el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser
humano y fomentar el respeto de los derechos humanos.
Basado en ese compromiso
de cumplir la ley, Aurelio Nuño debe hacer cumplir, que el Estado garantice la calidad de la educación obligatoria de
manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la
infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos
garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos, tal y como lo
establece la constitución.
Con el celo que emplea
para obligar a que los maestros sean evaluados, Aurelio Nuño debe garantizar
que la educación que se imparta en todas las escuelas del sistema nacional de
educación sea laica, pero sobre todo democrática, y además debe garantizar la
vida autonómica de todas las instituciones de educación superior públicas a
quienes se les haya otorgado la autonomía universitaria, tal y como lo mandata
el artículo 3º de la constitución.
Lo falaz de los argumentos
de Aurelio Nuño, es que todo lo contemplado en el artículo 3º constitucional,
el Estado le da un cumplimiento parcial, lo que lo sitúa en la violación de la
ley, pero el secretario de educación cree que cumple con la ley, amenazando y
despidiendo a los maestros que se niegan a ser evaluados.
Sin duda, los pésimos
resultados que existen en la educación en el país, es necesario de promover un
conjunto de reformas que permitan diseñar un nuevo modelo educativo basado en
aprendizajes significativos y útiles para la vida cotidiana y en la que la
evaluación de los educandos, de los maestros y del sistema educativo, sea un
medio para lograr de manera continua la calidad educativa.
Para ello es importante
contar con el respaldo de los maestros, a quienes, en el marco de respeto de
los derechos humanos contemplados en la constitución, se les deben reconocer y
garantizar los derechos adquiridos.
Desafortunadamente nada de
esto entiende el secretario de educación, quien está convencido en que la
evaluación es el fin del proceso educativo y para ello emplea
indiscriminadamente a las fuerzas policiales con el propósito de obligar a los
maestros a que sean evaluados.
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