Osvaldo León, comunicólogo
ecuatoriano, director de la revista América Latina en Movimiento.
Artículo publicado en la revista
“La comunicación en disputa”,
Nº 513-514, mayo-junio
2016,
América Latina en
Movimiento
URL de este artículo:
ALAI AMLATINA, 07/06/2016.- Golpear a todo lo que mínimamente
huela a democratización de la comunicación –eje estratégico para superar las
asimetrías existentes y desmonopolizar la palabra en beneficio de un mayor
pluralismo y diversidad–, parece ser una de las prioridades de los gobiernos de
derecha, legítimos e ilegítimos, en la región.
De un plumazo y de entrada
de juego, Mauricio Macri, al asumir su mandato en Argentina, vía decreto
ejecutivo, prácticamente desarma la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual, para proteger al puñado de monopolios mediáticos que gravitaron en
su elección. Esta ley, una de las leyes
más discutidas de la historia de ese país, fue aprobada en 2009 tras una
laboriosa construcción ciudadana con la participación de una multiplicidad de
sectores sociales y políticos.
En Brasil, donde está en
curso un golpe palaciego impulsado por poderes fácticos (empresariales,
mediáticos, sectores judiciales, policiales y de la derecha parlamentaria), el
presidente interino Michel Temer no solo que intenta cerrar el Ministerio de Cultura,
sino también intervenir ilegalmente la Empresa Brasileña de Comunicación,
organismo creado en 2007 para gestionar las emisoras públicas federales de
radio y televisión. De hecho, una de las
poquísimas medidas adoptadas en este campo por el expresidente Lula.
El mensaje es claro: no
les basta con tener un poderoso blindaje mediático, también quieren poner coto
a las conquistas (mayores o menores) que se inscriben en la óptica de democratizar
el campo comunicacional. Es más, por el carácter antipopular de las políticas
que contemplan sus programas neoliberales, incluso buscan aniquilar cualquier
espacio de manifestación pública.
Una lucha tenaz
Durante la campaña electoral de 2010 en Brasil, la presidenta
de la Asociación Nacional de la Prensa, María Judith Brito, sin mayor tapujo
señaló: “los medios de comunicación han
asumido de hecho una posición opositora en este país ya que la oposición está
profundamente fragilizada”. Y, precisamente, por ese rol de articulador
político que asumen esos medios es que nació el calificativo de Partido de la Prensa Golpista (PIG, por
sus siglas en portugués). Y que hoy está jugando un rol clave en el golpe que
apunta a imponer el poder económico sobre la decisión democrática.
Por lo mismo, el pasado 5
de mayo, con diversas manifestaciones públicas, ese país fue escenario de la “Jornada Nacional de Lucha contra el
Golpismo Mediático”, para denunciar “cómo
el monopolio privado en las comunicaciones, representado principalmente por las
Organizaciones Globo, hiere a nuestra democracia, la libertad de expresión y el
derecho a la comunicación”.
Convocada por el Foro
Nacional por la Democratización de la Comunicación (FNDC) y el Frente Brasil
Popular (FBP), esta jornada es un testimonio vibrante de la disputa que se
confronta en el campo comunicacional en nuestra región: la aspiración de
fuerzas populares por hacer valer el derecho a la comunicación frente a una
estructura mediática concentrada en manos de unas cuantas familias o
corporaciones, que pretende definir la suerte de nuestros países.
Uno de los cambios que se
registra en la región, justamente, es que se ha instalado en el debate público
el tema de regulaciones al sistema mediático, que anteriormente era considerado
como un asunto intocable. Y esto, sobre
todo por la revitalización de movimientos por la democratización de la
comunicación, ya que esta causa ahora es asumida por una pluralidad de sectores
sociales y políticos, siendo que anteriormente estaba circunscrita a ciertos
actores involucrados directamente en este ámbito.
En el campo de los
gobiernos progresistas, donde inicialmente prima un sentido “pragmático” de buscar “entendimientos” con los pesos pesados
del poder mediático hegemónico, con el tiempo y al calor de la disputa política
en algunos países se da paso al reconocimiento del Derecho a la Comunicación en
marcos constitucionales y en leyes específicas.
En unos casos como resultado de una construcción ciudadana, en otros
como secuela de una correlación de fuerzas.
Sin embargo, por la lentitud
y limitaciones en la implementación de tales disposiciones legales los cambios
que se operan quedan muy fragilizados y expuestos a una permanente arremetida
del poder mediático, que se mueve de manera muy sincronizada, nacional e
internacionalmente, en torno a ejes estratégicos definidos, con ofensivas
comunicacionales integrales y sobre la base de un tejido de diversos sectores
muy articulado (partidos políticos, Ongs, think
tanks, sectores académicos, gremios, etc.).
Enfoques
En este escenario, como trasfondo se puede apreciar las
dificultades para articular políticas y estrategias comunicacionales, tanto en
las esferas oficiales como en los movimientos políticos y sociales que
propician tales cambios. De ahí, la
persistencia de actitudes reactivas, ancladas a las matrices de los oponentes,
y de respuestas dispersas y fragmentadas que priman en su accionar, por lo
general en tono panfletario, cuando en el plano de las ideas lo que importa es
confrontar las ideas fuerza del oponente, con el eje centrado en la
contundencia argumentativa propia.
A nuestro entender, en
gran medida esto se debe a que prevalece una visión instrumental de la
comunicación que se limita a la herramienta unidireccional centrada en la
información y la diversión, con los mismos patrones y formatos definidos por el
poder del sistema dominante.
Consecuentemente, la comunicación queda reducida a los medios masivos y
el marketing (por extensión a las
redes digitales), contemplando marginalmente a otras expresiones comunicativas
y artísticas. Con esta visión, además,
se deja de lado el componente relacional y dialógico propio de esta actividad
humana, lo que redunda en el divorcio entre comunicación y cultura.
Ante la necesidad de
analizar con aplomo el curso de los acontecimientos, conviene recordar que
durante décadas, desde un posicionamiento crítico a tal enfoque, la
comunicación popular ha asumido que más allá de transmitir, importa compartir,
en términos dialógicos y participativos.
Por lo mismo, rescata las condiciones de producción y reproducción
social del sentido, dando particular importancia a las dinámicas organizativas
y de movilización que son nodales para realmente emprender procesos de
cambio. Como en la lucha por los cambios
la disputa ideológica-cultural es la de mayor trascendencia, porque encara la
cuestión de la hegemonía, es esta perspectiva que precisa ser potenciada en
todos los niveles como soporte clave para hacer efectivo el protagonismo
popular en tiempos complejos.
Comentarios