Colaboración
Texto: Marcos Ge y Sari
Dennise
Fotografías: Marcos Ge
Agencia SubVersiones
/26 junio, 2016/
La crisis global
La salud de la vida en el planeta, humana y de otras especies,
está en crisis. Este 22 de junio en México, médicxs y enfermerxs se unieron a
la sociedad movilizada tomando la calle, en expresión de un movimiento que se
suma a los recientes en otras geografías, como Argentina y Francia; y que
también recuerda al movimiento médico de la década de 1960.
En el núcleo del complejo
problema de la salud encontramos su misma concepción. Actualmente se le
comprende como la administración de remedios industriales para paliar los
efectos del descuido prolongado de la vida saludable (alimentación, actividad
libre, contacto con otras especies) en aras del incremento de la productividad
por medio de la explotación.
La salud, así comprendida,
resulta en el mero mantenimiento del ser humano como elemento necesario para
sostener la explotación por largas décadas; es decir, significa arreglar, a
nivel primario, los mecanismos de producción, no la vida. El costo de esta
visión es el deterioro de la existencia.
El contexto local
La administración y control de la salud industrial han sido
asumidos por las empresas farmacéuticas y las aseguradoras. En México, como en
otros países, la línea frontal de la administración de la medicina la tienen
lxs médicxs y enfermerxs de instituciones públicas, como el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Ellxs conformaron el
grueso de lxs alrededor de 10 mil médicxs que se movilizaron del Hospital
General a la Secretaría de Salud (federal), al tiempo que decenas de miles lo
hicieron en 82 ciudades del país. En la Ciudad de México también había médicxs
de otras instituciones públicas y privadas, como el Hospital Justo Sierra de
Guadalajara, entre varias otras.
Las instituciones públicas
mexicanas se muestran cada vez más renuentes a asumir la compra de productos
farmacéuticos industriales para cubrir las necesidades de lxs derechohabientes.
Buscan transferir esa responsabilidad a la iniciativa privada, la que generaría
grandes ganancias de la compra-venta de farmacéuticos con baja regulación y privaría
de su abasto a lxs pacientes que no puedan pagarlas.
Esta problemática se
materializa en la falta de medicamentos e insumos que lxs enfemerxs y médicxs
soportan en los hospitales y centros de salud. Mensajes como: «¡No
hay gasas, no hay alcohol, pero Peña tiene su avión!», «¡No
queremos militares, queremos hospitales!» y «¡Alto a la privatización!»,
entre otros, navegaron en pancartas sobre la marea de batas blancas.
El proceso de
transferencia de responsabilidades de la esfera pública a instituciones de
salud privadas no es una fantasía. Recientemente, la organización PODER
documentó —a través de información enviada a Mexicoleaks y publicada en rindecuentas.org— cómo la Fundación Mexicana para
la Salud (Funsalud) controla las políticas de la salud industrial en México.
Con 169 asociados «entre los que destacan poderosos grupos
farmacéuticos a nivel mundial como Laboratorios Pfizer, propietarios de
hospitales privados como Olegario Vázquez Aldir o el presidente del Consejo de
la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM), Alfredo Rimoch»,
Funsalud es un grupo de empresarios que ejercen presión sobre órganos de
gobierno y partidos políticos para incidir en las políticas públicas de salud
oficiales en beneficio de sus intereses privados. La organización fue fundada
por empresarios, con recursos federales, en el sexenio de Miguel de la Madrid.
Desde entonces ha tenido como presidentes a siete secretarios de Salud, es
decir, un organigrama con estructura de puerta giratoria que garantiza que las
secretarías en realidad trabajen para ellxs.
Uno de los actores
convocantes a las movilizaciones del 22 de junio, el movimiento YoSoyMédico17, nació en 2014 en
Guadalajara cuando 16 médicos fueron procesados legalmente por la pérdida de
vidas humanas que, según denunciaron, fue producto de insuficiencias del sector
médico. Esto es visto por los profesionales de la salud como un ejemplo de la
criminalización de individuos que sólo están en el extremo final de una larga
cadena de deficiencias estructurales.
La Cooperativa de salud
Panamédica ha señalado que la Reforma en salud y seguridad social es una de las
más agresivas hacia la población: no sólo afectaría a lxs profesionales de la
salud sino a todxs lxs potenciales pacientes. El sistema universal de salud,
propuesta de dicha reforma —basada en el seguro popular— acota la atención
médica a ciertos servicios y desvía hacia el sector privado todas aquellas
intervenciones que no figuren en su catálogo, «haciendo de la salud un verdadero negocio para aseguradoras y servicios
privados de salud, algo que ya pasa en otros países y que demuestra no ser la
solución». ¿Acaso todo es negligencia médica?, se cuestionaba la
cooperativa en un posicionamiento leído en su noveno aniversario, el 7 de
abril, día mundial de la salud. A lo que respondió:
Existe otra explicación a esto: hay negligencia del Estado.
Por todos es bien sabido que una consulta en el IMSS, en el ISSSTE, en la
Secretaría de Salud o en algún otro servicio público nos quita, en el mejor de
los casos, toda la mañana… Si bien nos va, nos atenderá un médico durante 15
minutos y nos recetará un medicamento que posiblemente no está en existencia
dentro de la farmacia y con un pase a una consulta de especialidad o a algún
estudio de laboratorio o de gabinete que será programado para dentro de 3 a 6
meses. Sin embargo, no es el profesional de salud el responsable de un sistema
de salud público fallido, aunque sí es quien da la cara ante las miles de
personas necesitadas de atención. Los verdaderos responsables son aquellas personas
que, sentadas detrás de un escritorio, toman las decisiones de cómo, cuándo y
en qué cantidad se distribuyen los recursos destinados a nuestra salud. Son los
mismos quienes, como estrategia para justificar la entrada en vigor de una
Reforma de salud, han hecho responsables de la situación actual del sistema de
salud público a todos los profesionales de esta rama: una responsabilidad que
no les corresponde. Es una estrategia que se ha usado en otros momentos con los
compañeros electricistas, con los compañeros maestros, etcétera.
En paralelo con las protestas
por la Reforma de salud (aún no publicada ni aprobada oficialmente) que apenas
se encuentran en ciernes; las protestas por la Reforma educativa (aprobada a
mediados de 2013) han retomado fuerza este año y actualmente son sostenidas
tanto por maestras y maestros agrupadxs en la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE) –fracción disidente del Sindicato Nacional
de los Trabajadores de la Educación (SNTE), el sindicato más grande de América
Latina– como por alumnxs, padres y madres de familia y población en general en
todo el país, pero sobre todo en los siempre revolucionarios estados del sur.
Así fue que el 19 de junio, al menos diez personas fueron asesinadas por arma
de fuego luego de que, de acuerdo con pobladores de Nochixtlán, Oaxaca,
policías federales abrieran fuego contra participantes del bloqueo carretero en
apoyo a la resistencia del movimiento magisterial contra la Reforma educativa.
La Asociación Nacional de
Enfermeros y Enfermeras (Anem), afirma que ese día se sometió al Centro
comunitario de salud en Asunción de Nochixtlán a un cerco policial, con el
objetivo de impedir a enfermerxs cumplir su obligación de atender a los
enfermos y personas heridas sin distinciones, los obligaron así a atender
exclusivamente heridos de las fuerzas policiales, en violación no sólo del
artículo cuarto de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos sino de los
Convenios internacionales de Ginebra.
Las movilizaciones en
Oaxaca denuncian las políticas de despidos masivos de maestrxs y la falta de
solución a carencias en escuelas rurales, insuficiencias que el gobierno
federal ha ignorado, buscando culpar de la crisis en educación a lxs propixs
maestrxs. Maestrxs «culpables» que
son análogxs a lxs médicxs «culpables».
Se ha documentado cómo es
que en estados como Oaxaca los gobiernos locales reciben de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) presupuestos para pagos de maestros que
exceden la nómina magisterial, y cuyo paradero se desconoce. Un artículo al
respecto señala: «la Sección 22 de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizó su propio conteo, según el cual hay
más de 83 mil maestros y 113 mil plazas» (se presume que el excedente
registrado por el gobierno estatal, son «maestros»
aviadores, jubilados, muertos o que renunciaron, posible indicador de uso
ilegítimo de esos recursos por el gobierno estatal).
Contra esos abusos es que
resisten, ahora también, nuevas capas sociales, que se adhieren y entretejen
con movimientos en otros tiempos y otras
latitudes. Este crecimiento orgánico de las luchas del siglo tiene su raíz en
la existencia de un tipo imparable e irreductible de resiliencia y resistencia:
el de la vida misma.
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