COMUNICADO A LA
OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
CONAMURI
Red latina sin fronteras
Desde la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas
Conamuri denunciamos que empresarios y corporaciones, en contubernio con
funcionarios locales del Indert (Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra),
usufructuando el aparato fiscal-policial, perpetran actos de amedrentamiento y
amenazas contra pobladoras y pobladores campesinos que, en consecuencia, viven
en permanente estado de zozobra.
Se trata del Asentamiento
Ko’ê Pyahu, ubicado en el distrito de Juan Manuel Frutos, Pastoreo
-departamento de Caaguazú-, donde 120 familias censadas ocupan desde hace tres
años 2.300 hectáreas de tierra pertenecientes al INDERT y destinadas a la
Reforma Agraria. Años anteriores otros ciudadanos de origen extranjero
ingresaron al territorio para provocar deforestación y otros daños ambientales
que solo benefician a sus empresas. Esta vez, son menonitas que cultivan pinos
y eucaliptos los que pretenden adueñarse de las tierras de las familias
campesinas allí asentadas y que se dedican a la agricultura agroecológica.
El INDERT en forma
institucional respalda la tramitación de las familias campesinas en su proceso
de constitución de asentamiento, ya que, de hecho, se está actualmente en la
etapa de designar a un juez para iniciar los trámites de la mensura judicial.
Pero, funcionarios locales de esta institución del Estado, son los que permiten
que se desenvuelvan situaciones de latente violencia al alquilar las tierras a
empresarios del agronegocio. Frecuentemente éstos últimos, acompañados de
efectivos policiales y fiscales y bajo tutela de la APER (Agrupación de
Protección Ecológica y Rural) van hasta la comunidad para lanzar amenazas de
allanamiento y cateo en las viviendas campesinas.
Ya están imputadas
alrededor de 40 personas en el último lapso por diferentes acusaciones que, en
el marco de la lucha por la tierra, constituyen criminalización de la protesta
social: invasión de propiedad ajena, asociación criminal, abigeato. Nada de esto se ha probado. No
se puede hablar de invasión cuando la
ocupación es pacífica y ha sido adjudicada por el INDERT a las familias
campesinas; es inviable hablar de asociación
criminal cuando las familias conformaron una Comisión Vecinal Ko’ê Pyahu
para presentarse y gestionar ante las instituciones y está plenamente
reconocida y habilitada; el abigeato
no ha sido probado jamás, por lo que se trata de injurias para provocar la
intervención de las autoridades y la aplicación de leyes que castigan la
organización social por su contenido ideológico, como la Ley Antiterrorista.
En el asentamiento, las y
los pobladores cultivan rubros de autosustento y también para la renta. Viven y
quieren seguir viviendo en libertad, y eso es una afrenta para el capitalismo
agrario -encarnado en esta ocasión por los empresarios menonitas- que no
concibe la idea de que una comunidad crezca desde la autogestión y desarrolle
su forma de vida y su sistema de producción a través de mecanismos propios y
dignos. Rodeados de cultivos extensivos de soja, plantaciones de eucalipto y
pino, pastura para la gran ganadería, la comunidad Ko’ê Pyahu sigue los
principios de la Agroecología para producir alimentos sanos con los que se
surten los mercados de Caaguazú y Alto Paraná.
Responsabilizamos desde
Conamuri cualquier hecho de violencia contra esta comunidad de Pastoreo a los
empresarios menonitas que disputan estas tierras con argumentos que no tienen
asidero alguno; a los corruptos funcionarios locales del INDERT y a los
policías y fiscales que se prestan para perpetrar estas acciones que están
totalmente fuera de la ley.
Tierra para
la Vida
¡Reforma
Agraria, urgente y necesaria!
PARA MÁS
INFORMACIÓN:
Teodolino Gamarra (0984) 169-380
Presidente de la Comisión Vecinal Ko’ê
Pyahu
VER TAMBIÉN (fuente, fotos y videos):
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