Camila Vollenweider
Fuente: CELAG
Agencia Latinoamericana de
Información
22/06/2016
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) de México acaba de informar que, hasta el momento, la represión policial
a la protesta de maestros en Nochixtlán, Oaxaca, ha dejado 8 muertos, 22
desaparecidos y 45 heridos de bala. Esta matanza sucedió el pasado domingo 19
cuando la Policía Federal y la de dicho Estado reprimieron con extrema
brutalidad una concentración de 2 mil personas, mixtecos en su mayoría, que
además provenían de poblaciones aledañas como Yanhuitlán, Tilantongo, Xochistlahuaca
y San Andrés Sinaxtla.
Habían arribado temprano a
Nochixtlán a ofrecer y comprar productos en el mercado comunal, cuando se
encontraron con una feroz ofensiva policial, preparada con armas de alto
calibre, que arrojó gases sobre maestros y padres quienes desde hace varias semanas
vienen tomando acciones de protesta contra la Reforma Educativa impulsada por
Peña Nieto y el titular de Educación, Aurelio Nuño.
Oaxaca no es el único
escenario donde se expresa con contundencia el malestar de la comunidad
educativa contra las políticas educacionales y laborales del gobierno. Las
protestas se vienen sucediendo desde hace tiempo también en Estados como
Michoacán, Chiapas y Guerrero, donde ya habían comenzado los enfrentamientos
con las fuerzas de seguridad, detenciones de maestros y amenazas por parte dela
SEP de descuentos en la nómina a los docentes que se ausenten de las escuelas.
Y no debe olvidarse que este profundo malestar tiene también importantes
conexiones con la masacre de los maestros normalistas de Ayotzinapa.
Lo sucedido el domingo
contó con una respuesta similar de parte de las autoridades, indicando la
profunda crisis institucional y la impunidad que se vive en México: negación de
la responsabilidad de la policía, promesas de creación de comisiones para
investigar los hechos que, como la población mexicana bien sabe, quedan en
declaraciones y promesas, impunidad de los responsables e inculpación de las
víctimas.
Como bien demuestran los
recientes sucesos de Nochixtlán, el conflicto no se reduce a lo estrictamente
educativo. La apatía o “normalización”
de buena parte de la población de México hacia la extendida violencia
institucional se está viendo contrastada por una creciente movilización no sólo
de docentes y estudiantes, sino del “ciudadano
común” que parece despertar luego de décadas de atropello a sus derechos.
Un aspecto a destacar en
el mapa social y geográfico de esta nueva explosión popular, es el componente
comunitario e indígena de los ciudadanos en lucha. Todos los Estados que
contienen focos de importante descontento abrigan una gran cantidad de
población indígena, y buena parte de los docentes y los alumnos de las escuelas
públicas provienen de estos sectores.
Durante las semanas
previas a la masacre en varios púlpitos pudieron escucharse arengas en náhuatl
y otras lenguas originarias apoyando las reivindicaciones de los docentes en lucha.
El espíritu comunitario de
estas poblaciones no sólo explica la solidaridad de los comerciantes que se
interpusieron como escudo entre los maestros y la policía, sino la persistencia
y el carácter de movilización social que ya ha adquirido el conflicto.
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