¿Autosuficiencia
alimentaria? lo que hay y para lo que nos alcanza
Por Daniela Medina
SinEmbargo
octubre 16, 2016
Al menos 28 millones de
personas en México no tienen la respuesta ni la certeza de si podrán llevarse
un alimento a la boca el día de mañana. Casi una cuarta parte de la población
total no tiene dinero suficiente para tener acceso a la canasta básica y darle
de comer a su familia. Y si lo logran, será por el “beneficio” de alguno de los 6 mil 700 programas sociales que les
llenará el estómago con chatarra. En un país que contaba con la capacidad para
proveer de alimentos locales y saludables a sus habitantes, una serie de
decisiones tomadas para favorecer la economía, derivaron en la actual crisis de
malnutrición: millones sin comer, millones con sobrepeso, millones con
diabetes. ¿En qué momento perdió México su autosuficiencia alimentaria?
Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).– “Los mexicanos consumimos alimentos por dos
razones: lo que hay y para lo que nos alcanza” y a pesar de vivir en una
país con las condiciones climáticas para producir la mayor parte de lo que sus
ciudadanos se llevan a la boca, actualmente más del 50 por ciento de lo que se
come, viene del extranjero.
Lo anterior lo dice la
investigadora Julieta Ponce Sánchez a SinEmbargo, quien especifica que la
seguridad alimentaria en México está garantizada sólo en términos de calorías
pues desde hace algunos años se cuenta con una disponibilidad de 3 mil 200
kilocalorías por persona al día, lo cual supera las necesidades de cualquier
adulto promedio, no obstante, la mayoría de ellas provienen de una alimentación
poco saludable.
“La disponibilidad de los alimentos se ha garantizado gracias
a las cadenas comerciales. Es más fácil garantizar alimentos cuando la
camioneta de Gamesa, Sabritas o Coca Cola llega a las comunidades más
vulnerables y esto ocasiona que las tiendas del Gobierno federal –como las Diconsa, que
son más de 25 mil puntos de venta por todo el país y sin capacidad de
refrigeración– vendan productos
industrializados, que tienen adicionado sodio, azúcar y grasas trans, a que
tengan vida de anaquel”, expone Ponce Sánchez.
Estos tres ingredientes
fueron los que empezaron a cruzar las fronteras a partir de Tratado de Libre
Comercio (TLCAN) y que hoy relacionamos con el problema de nutrición y de salud
del país. Los ves en barritas de cereal, galletería, preparaciones para endulzar
leche, cereales dirigidos a niños, todo lo que ya es parte de la dieta habitual
y que hoy está culturalmente identificado con las familias”, dice la directora
del Centro de Orientación Alimentaria (COA).
Mireya Vilar Compte,
académica del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la
Universidad Iberoamericana, define que una persona tiene seguridad alimentaria
cuando tiene acceso a una alimentación variada, inocua y de calidad en todo
momento, tanto en términos geográficos como monetarios.
Dice en entrevista con
este medio que en el país se mide a través de la Escala Mexicana de Seguridad
Alimentaria, en la que mediante una serie de preguntas se categoriza a la
población en cuatro dimensiones: seguridad alimentaria, seguridad alimentaria leve,
moderada y severa.
“[A
lo largo de los años ha habido] variaciones
muy tenues en donde en realidad no corresponde –y es una de las cosas que
más preocupa– al nivel de intervenciones
sociales que hay. Por ejemplo, actualmente se dice que Prospera no está
vinculado a mejoras en la inseguridad alimentaria pero es muy difícil afirmarlo
porque es un programa que se instrumenta desde antes de que se midiera,
entonces el contrafactor es que no sabríamos cómo estaríamos en ausencia de
estos programas.
A partir de la Cruzada contra el Hambre no se
vieron modificaciones reales y esto condujo a que el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi) midiera de una
forma distinta la inseguridad alimentaria, les hicieron algunas modificaciones
en términos del parafraseo y cambiaron el orden, y eso condujo a estimadores un
poco distintos a lo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval)”.
Hay una gran preocupación de por qué si hay un
programa como la Cruzada contra el Hambre no está cambiando el indicador y en
vez de revisar la política o la estrategia, lo que han hecho es echarle la
culpa al indicador, se tendrían que revisar ambos”, dice.
COMER COMO UN ACTO
POLÍTICO
La nutrióloga y especialista en sistemas alimentarios, Julieta
Ponce menciona que las decisiones político-económicas del Gobierno mexicano lo
han hecho perder su soberanía alimentaria, es decir, su capacidad para tomar
resoluciones y garantizar el Derecho Constitucional que dice en el Artículo 4
que la alimentación debe ser nutritiva, suficiente y de calidad.
“No es suficiente hablar de que hay alimentos sino que eso ha
convertido el acto de comer en un acto político, porque su lugar de origen dice
mucho de la política del sistema alimentario del país”, dice.
Se refiere específicamente
a las decisiones tomadas por el Estado Mexicano en la crisis alimentaria
mundial de 1982 y la firma del TLCAN en 1994, que fueron determinantes para la
situación actual de desnutrición y obesidad:
“En 1980 México producía suficientes alimentos para la
población mexicana y para mantener el modelo económico decidieron vender esos
alimentos y también comprarle al extranjero, de donde venían ya procesados para
aguantar las grandes distancias, con características de calidad que deciden los
otros países enviar a México y a favor de los grandes monopolios de productos
ultraprocesados […]
¿por qué esas decisiones económicas ahora
se tienen que resolver en los consultorios nutricionales?”.
“A la vez que se firmó un tratado comercial con miras a
fortalecer el sistema económico, debió privilegiarse a las personas y al medio
ambiente. Esto provocó que México fuera perdiendo autosuficiencia alimentaria y
por ende soberanía, porque hoy México no puede decidir sobre su sistema
alimentario debido a que al menos la mitad de los alimentos dependen del
extranjero”,
continúa.
EL ABANDONO DE LO
NUESTRO
Privilegiar a las empresas no sólo impacta la salud de los
consumidores, es también parte de un círculo vicioso que ha expulsado a miles
de campesinos de sus tierras y que hace que los subsidios gubernamentales se
concentren en el 10 por ciento de los productores, ubicados en estados que
cosechan alimentos para exportar, como Sinaloa. Eso también lleva a que el 70
por ciento de los pequeños productores viva en la pobreza, de acuerdo con lo
declarado por la representante de la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura (FAO) en México en 2012.
Lo anterior ha provocado
una pérdida en la autosuficiencia alimentaria, o sea, lo producido en México
para consumirse por mexicanos, especialmente en cultivos estratégicos con
información genética mexicana, que están disponibles todo el año y que tienen los
nutrimentos que requiere la población en este momento para resolver los
problemas de salud: maíz, frijol, amaranto, chía. Hortalizas como el nopal,
otros cultivos como el aguacate, cacahuate y otros productos de origen animal
que complementarían toda la lista, como el huevo, leche y sardina, especifica
Ponce.
“En particular tenemos un problema con la disminución en el
consumo de frijol que se ha caído a la mitad en tan solo 12 años, si antes las
personas en México consumían 15 kilos de frijol al año ahora consumen siete.
También la tortilla de maíz ha caído drásticamente, aunque sigue siendo uno de
los alimentos primarios se ha ido sustituyendo poco a poco con galletería,
productos de panificación, de trigo que están concentrados en un monopolio
liderado por Bimbo y que no necesariamente están utilizando todo el trigo
mexicano sino que también están importando”, continúa.
LA ALIMENTACIÓN, OTRO
DERECHO VULNERADO
En 2011, la Cámara de Diputados aprobó modificaciones al
Artículo 4º Constitucional con el que se agregó el párrafo que señala que “Toda persona tiene derecho a la
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”,
no obstante, a cinco años de ello, el Estado no sólo no lo ha garantizado sino
que lo ha vulnerado.
“Se incumple desde que las 2 mil 300 calorías no están
garantizadas ni en su origen ni en su calidad, no son inocuas”, dice la directora del
COA.
“Tenemos muchos casos donde el Estado ha sido
incapaz de garantizar, por ejemplo cuando hay una crisis. En una granja, con
una gallina, como empezó el caso de la influenza aviar y terminamos comprándole
huevo a Malasia, puso en jaque a toda la economía del país. Si hay un problema
con un productor de huevo, tendría que haber muchos más, el hecho de permitir
los monopolios por derecho no podría hacerse, porque al permitirlos el Estado
está de manos atadas en una crisis y es incapaz de responder, abastecer y
garantizar la disponibilidad de alimentos”, ejemplifica.
Dice que otro caso donde
el Estado no ha sabido proteger a la población es en la lucha del impuesto al
refresco, en el que la industria ha presionado para echarlo para atrás; al
igual que al permitir la siembra de maíz y soya transgénicos:
“Ahí hay un amparo promovido por la sociedad civil no por el
Estado, Sagarpa
(Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) permitió los cultivos comerciales de maíz y
soya transgénicos. Estamos hablando que es representante del Estado y por
derecho constitucional tienen la obligación de proteger contra terceros”.
“Pero la peor falta –dice– es no promover ese derecho, pues las
personas no están enteradas de que lo tienen”.
“No tendrían que utilizar el tiempo aire para
decir que los diputados están haciendo su trabajo, tiene que destinarse a
decirnos qué condiciones han garantizado para que se pueda ejercer el derecho a
la alimentación. Y esto lo incumple porque las tres estrategias que ha
utilizado hasta el momento la Secretaría de Salud (SSa) para el combate a la obesidad están basadas
en la industria: que paguen el impuesto, el sello para los productos ‘menos
malos’ y el etiquetado frontal que es ilegible, que ni los profesionales de
salud pueden comprender, que no protege al consumidor y además violenta su
derecho a la información”.
Menciona que muchas mamás
no saben que tienen derecho a amamantar y que los niños tienen derecho a
recibir lactancia materna, aparte de que no los protege del bombardeo
publicitario de fórmulas lácteas en los centros de salud, por ejemplo.
“La gente no sabe que tiene derecho a comer bien y mientras
esto sucede, la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública,
en su página de alimentos permitidos para los expendios escolares tienen 600
botanas junto con jugos altos en azúcares, productos hechos de soya, y eso le
ha permitido a la industria alimentaria decir que los promueven. Entonces,
¿para quién trabajan?”, cuestiona.
¿HACIA DÓNDE IR?
A casi tres años de la presentación de la “Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la
Obesidad y la Diabetes”, organizaciones civiles y expertos en el tema han
denunciado que es “débil, frágil e
incongruente”, además de un “fracaso” que termina por beneficiar a las
empresas, según lo dicho en un documento de la Alianza por la salud en 2015.
Por su parte, la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) determinó en marzo de este año que la Cruzada
Nacional contra el Hambre, el principal programa social de la actual
administración, tiene deficiencias en el diseño, en la focalización de la
población a atender y en la coordinación de acciones implementadas, por lo que
no hay pruebas de su contribución a la erradicación del hambre en 7 millones de
personas.
“No es un problema de hambre, no es que nos estemos muriendo
de hambre, nos estamos muriendo de una mala alimentación, que puede conducir a
tener una vinculación fuertísima entre obesidad y seguridad alimentaria porque
no se tiene acceso a una dieta de calidad”, dice Mireya Vilar.
“En la medida en la que el gobierno no logre
mejorar la pobreza, mejorar el acceso a alimentación va a ser sumamente difícil […] Pero también hay un aspecto clínico fundamental que si llega un
paciente obeso a la consulta del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro
Social) no le vamos a mandar una dieta
que no pueda pagar porque lo único que vamos a hacer es continuar su proceso de
desempoderamiento, tenemos que pensar en cómo desde una perspectiva médico
preventiva podemos dar recomendaciones de nutrición dado el nivel
socioeconómico de la gente”, concluye.
Por su parte, Julieta Ponce llama a una estrategia
intersecretarial que apoye la cultura de pequeña escala:
“Que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) promueva los subsidios a una lista de
alimentos estratégicos. Que la Secretaría de Economía promueva los puntos de
venta de esta canasta y que la Secretaría de Salud compruebe que en una
promoción del consumo de los alimentos estratégicos estaría garantizando, con
base en los datos científicos, el impacto positivo a la salud de las nuevas
generaciones.
Pero esto no se resuelve poniendo comedores en las
poblaciones rurales. Ya tenemos que sobrepasar ese tema, estamos hablando de
soberanía alimentaria y tendríamos que estar hablando de la autonomía también,
¿qué tan capaz está la ciudadanía mexicana de reconocer un alimento nutritivo
que sea suficiente y que sea de calidad?”.
La experta en Manejo Integral de la Obesidad concluye:
“Esta estrategia necesitaría una declaración amplia del
derecho a la alimentación del más alto nivel de gobierno, que esté vinculada
intersecretarialmente. Nosotros tenemos toda la evidencia de que el día que se
empiece a producir y a consumir más productos del campo y del mar mexicano,
entonces vamos a hablar de soberanía alimentaria, de combate al sobrepeso y la
obesidad y de que hay condiciones para ejercer el derecho a la alimentación”, finaliza.
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