Por Rafael Camacho
Agencia SubVersiones
13 de noviembre de 2016/
Hace ya varios meses que a través de diversos comunicados,
autoridades de la comunidad indígena de Santa María Ostula, Pómaro y San Juan
Huizontla, así como habitantes, Policías Comunitarias y Grupos de Autodefensa
de los municipios de Aquila, Coahuayana y Chinicuila, han denunciado una
escalada de violencia en la región costa-sierra del estado de Michoacán.
Dicha escalada, señalan,
se debe principalmente a la reagrupación de células del crimen organizado
vinculadas con los Caballeros Templarios,
cártel que después de la retirada provocada por el surgimiento de los Grupos de
Autodefensa en 2013 y 2014 se ha visto nuevamente fortalecido desde la llegada
de Silvano Aureoles a la gubernatura del estado. El plan de seguridad pública,
cuya primera medida había sido la implementación del Mando Único en el estado
hace poco más de un año, se ha revelado de hecho un rotundo fracaso.
A la par del aumento de la
violencia, se ha registrado también un alza en el hostigamiento que realizan la
Marina, el Ejército, la Policía Federal y la Policía de Michoacán en contra de
la comunidad de Ostula y las comunidades aledañas. El evidente reacomodo de
fuerzas y las órdenes de aprehensión contra el comandante comunitario y
Director de Seguridad en el municipio de Aquila, Germán Ramírez Sánchez, y del
Director de Seguridad en el municipio de Coahuayana, Héctor Zepeda Navarrete,
han encendido las alertas en las comunidades y en la región.
Imágenes de
los bloqueos realizados por la comunidad de Ostula durante diciembre de 2015
para exigir justicia por el asesinato de un menor en manos del ejército
mexicano, y la liberación del comandante Cemeí Verdía, quien fue liberado el 24
de ese mes. Fotografías por Regina López.
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Pobladores, Grupos de Autodefensa y Policías Comunitarias de
Santa María Ostula, Pómaro, San Juan Huitzontla y Aquila, así como de
Coahuayana y Chinicuila, han iniciado desde el 2 de noviembre pasado una serie
de acciones, entre las que destacan la toma de las alcaldías de Aquila,
Coahuayana y Chinicuila, así como un bloqueo permanente en la carretera federal
200.
No está en negociación nuestra seguridad comunitaria, pues son
los muertos en nuestros municipios, los que fueron asesinados y desaparecidos,
las mujeres violadas, las familias extorsionadas y destruidas, las miles de
personas en la región que fueron desplazadas por la violencia criminal, las
comunidades que fueron despojadas de sus tierras sagradas, minerales y maderas
preciosas en peligro de extinción, los que hablan por nuestra determinación
irrenunciable de que la muerte y violencia no regrese a nuestros municipios y
comunidades. No lo podemos negociar porque sería resignarnos a ver morir a
nuestras familias, a ver la muerte tan cotidiana que nos acostumbremos a ella,
a hacer del miedo la única certeza, a perder la esperanza de que la oscuridad
termine.
Con estas palabras
–extraídas de uno de los comunicados recientes firmado por las Comunidades
Indígenas de Ostula, Pómaro y San Juan Huizontla– el Consejo Ciudadano de
Seguridad de Coahuayana y las Autodefensas del municipio de Aquila, no dejan
dudas sobre cuál es la intención y firmeza de los firmantes. Y continúa:
Exigimos una señal de que el gobierno del estado de Michoacán
y el gobierno federal tienen disposición de abonar a la paz y la seguridad y no
por el contrario abonar a que los templarios regresen y se apoderen de la vida
de todos nosotros.
Ante esto y después de
varias reuniones con comisiones sin carácter resolutivo enviadas por el
gobierno de Michoacán, el día 11 de noviembre se llevó a cabo una mesa de
negociación, donde acudió el Subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán,
Carlos Gómez Arrieta, quien lejos de buscar soluciones reales a las demandas
establecidas en un pliego petitorio de seis puntos, amenazó con usar la fuerza
pública si no se retiraba el bloqueo en la carretera federal 200.
Imágenes de
los bloqueos y la toma de casas de gobierno realizados por las comunidades
Indígenas de Ostula, Pómaro y San Juan Huizontla, el Consejo Ciudadano de
Seguridad de Coahuayana y las Autodefensas del municipio de Aquila. Noviembre
2016.
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Es importante señalar que
al mismo tiempo que se llevaba a cabo la mesa de negociaciones en Aquila, el
Secretario de Seguridad Pública del estado, Juan Bernardo Corona Martínez,
declaró ante diversos medios de comunicación que detrás de los bloqueos de
Aquila y Coahuayana podrían estar implicadas «células delincuenciales que tratan de revivir y operar movilizando
gente».
Las declaraciones del
Secretario de Seguridad Pública de Michoacán demuestran, en el mejor de los
casos, una profunda ignorancia del conflicto y sus actores, y en el peor, un
claro intento de confundir a la población y justificar el uso de la fuerza
pública; una estrategia de gobierno que busca culpar a las víctimas y
denunciantes, a la vez que hace caso omiso ante el fortalecimiento y avance de
los agresores.
Ya sea por ignorancia,
malicia, estrategia o todas estas condiciones juntas, tachar de criminales a
los pueblos organizados es una muestra de la nula capacidad que tiene el
gobierno para resolver sus demandas, a la vez que manda una señal peligrosa
sobre la forma en que puede intervenir en un conflicto social en el que hay
comunidades armadas de por medio.
LOS VERDADEROS CRIMINALES
Templarios,
policía, ejército, marina: en alianza criminal para someter a los pueblos de la
Costa-Sierra de Michoacán
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Germán Ramírez, comandante de la Policía Comunitaria de Ostula
y Director de la Policía del municipio de Aquila, señala en entrevista
telefónica que «los Templarios no se
reorganizaron, ellos ya estaban organizados desde antes, son una organización
criminal que aún cuenta con mucho poder en varias regiones y sólo estaban
esperando las condiciones para salir de nuevo con mayor presencia».
Estos son los nombres y
apodos de algunos de los criminales señalados como los principales responsables
de la reorganización de los Templarios en la región:
Federico González, alias Lico, y Mario Álvarez López, alias el Chacal, son señalados como los
autores intelectuales de los 34 asesinatos y las seis desapariciones ocurridas
en la comunidad de Ostula entre los años 2010 y 2015. Lico también es señalado como el autor intelectual de la emboscada
contra Cemeí Verdía el pasado 25 de mayo del 2015, que derivó en un
enfrentamiento entre comunitarios y miembros del crimen organizado, en el que
perdieron la vida Reginaldo Rodríguez, comandante de la Policía de Ostula, y
Miguel Sandoval, comandante de la Policía Comunitaria de la cabecera municipal
de Aquila, además de seis miembros del crimen organizado.
A Jesús Cruz Virrueta,
alias el Chuy Playas, se le vincula
con el atentado del pasado domingo 16 de octubre en contra de policías y
autodefensas de San Pedro Naranjestil, donde siete elementos resultaron
heridos. También es señalado como el responsable del asesinato de los policías
auxiliares Juan Cruz y Luis Olazcon, quienes fueron «levantados» el pasado 24 de octubre en la encargatura de San Juan
de las Palmeras y encontrados horas después calcinados y con impactos de balas
en el paraje de La Parota.
Fernando Cruz Mendoza,
alias el Tena, es un reconocido
lugarteniente del cártel en la región de Tierra Caliente; fue considerado en su
tiempo mano derecha de Nazario Moreno, alias el Chayo, líder fundador de los Caballeros
Templarios. José María Cruz, alias el Tunco,
otrora jefe de plaza en el poblado de Tizupan, junto con Sergio Mendoza
Ontiveros, alias el Ñao, están
vinculados con el incremento de la violencia en la zona de Huahua y Caleta de
Campos.
Juan Hernández Ramírez,
originario de Maruata y ex presidente municipal de Aquila, y José Antioco
Calvillo García, alias el Profe,
originario de Cachán, fueron detenidos por estar vinculados al atentado del 25
de mayo de 2015. Después de la detención, Antioco Calvillo confesó haber
participado en varias reuniones donde planearon el asesinato de Cemeí Verdía y
el usufructo de concesiones mineras en la región de Aquila. Entre los
participantes de dichas reuniones destacan Juan Hernández, los Viagras (célula del crimen organizado en la región) y Adolfo
Eloy Peralta Mora, alias el Yanki, ex
secretario de Seguridad Pública de Michoacán y gente de confianza del entonces
comisionado para la Seguridad y el Desarrollo de la entidad, Alfredo Castillo.
CONFESIÓN DE ANTIOCO CALVILLO
Los Tejemedios
Publicado el 8 de junio de
2015
Antioco Calvillo ex-líder de las
autodefensas en Huahua confiesa haber participado en reuniones con el
expresidente municipal de Aquila y con el subsecretario de Seguridad Pública de
Michoacán, Adolfo Eloy Peralta Mora alias el "yanki" y Los Viagras donde planearon el asesinato de
Semeí Verdía y el usufructo de concesiones mineras en la región de Aquila.
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