Los datos que la
PGR ocultó al GIEI sobre el trasiego de drogas en autobuses de pasajeros
Redacción
Desinformémonos
Con información de La
Jornada
Foto: Ernesto
Álvarez
25
enero, 2017
En
julio de 2014 en un operativo conjunto, la Procuraduría General de la República
y el Ejército mexicano, detuvieron en Puebla a presuntos integrantes del grupo
criminal Guerreros Unidos en posesión de 250 mil dólares en efectivo, tres
vehículos y 24 kilos de cocaína, que luego se dijo en que en realidad era “heroína”. La Secretaría de Gobernación
(Segob) informó mediante boletín 351/14 que uno de los detenidos, Gonzalo Souza
Neves, había tomado el mando del grupo delictivo a partir de la detención de
Mario Casarrubias el 29 de abril del mismo año, quedando Souza a cargo del
trasiego de drogas a través de compartimentos ocultos en diversos vehículos,
principalmente en autobuses de pasajeros, señala el boletín sobre el cual
documenta el periódico La Jornada.
Esta información se le ocultó al Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI) y a los padres y madres de los 43 normalistas
desaparecidos meses después:
“Señalamientos
de padres de los normalistas y documentos oficiales de los que La Jornada tiene
copia refieren la falta de entrega de información relacionada con antecedentes
del tráfico de heroína en camiones de pasajeros”
indica el periódico.
La utilización de autobuses para el trasiego de narcóticos
no era nueva. El titular de la Comisión Nacional de Seguridad en ese entonces,
Monte Alejandro Rubido, señaló en conferencia de prensa el 30 de abril de 2014
que Mario Casarrubias realizaba tales traslados mediante tráileres con fruta y
en autobuses de pasajeros.
El tema vuelve a aparecer en el auto de formal prisión
dictado a Souza y Bahena, donde se detalla que este último fue descubierto en
flagrancia, ya que al momento de su detención introdujo un paquete a la parte
posterior de un autobús de la compañía Guelaguetza Tours Inc., cuya sede está
en Chicago, Illinois.
Pese a que todos esos antecedentes fueron consignados de
manera oficial, unos meses después la PGR no los proporcionó cuando le fueron
requeridos por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI),
designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para analizar la
indagatoria del caso Ayotzinapa.
El 8 de enero de 2015 la PGR emitió el oficio 263/2015 en
respuesta a una solicitud de información sobre los antecedentes, estructura,
líderes y células de Guerreros Unidos, e indicó a los expertos del GIEI que
únicamente localizó datos según los cuales el grupo delincuencial fue formado
en 2011 por integrantes de La Familia
michoacana y los Beltrán Leyva.
Aunque ese documento incluye un esquema mucho más completo
de la estructura del grupo, el nombre de Souza Neves no aparece en ninguna categoría,
ni siquiera en la de detenidos o fallecidos, y no hace referencia al tema de
los autobuses. Asimismo, en el oficio 0402/2015, emitido el 8 de febrero de ese
año, la Policía Federal incluye otro esquema de Guerreros unidos donde tampoco
se consigna la existencia de Souza Neves.
Esta misma falta de datos sobre el detenido o de la
utilización de autobuses para traficar drogas puede notarse en los oficios
4800/2015, del 9 de marzo de 2015; el 3417/2015, del 14 de abril; el 9540/2015,
del 13 de mayo, y el 137107/2015, del 14 de julio, todos elaborados por el
Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la
Delincuencia, de la PGR.
En enero y marzo de 2016, la PGR dio a conocer dos
documentos más sobre el tema, pero en esta ocasión todos los datos al respecto
aparecen como reservados.
Al presentar en junio de 2016 su informe final sobre el caso
Ayotzinapa –conocido como el libro blanco–, la PGR señaló en la página 164: “respecto de la versión de que el citado
autobús (en referencia a uno de los que tomaron los normalistas antes de
ser atacados) podría haber sido utilizado
para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, hasta el momento no se
encontraron evidencias que sustentaran esa hipótesis”.
El hecho de que ninguno de los datos sobre los autobuses le
haya sido notificado al GIEI ni se incluyera en las indagatorias del caso
Ayotzinapa motivó que los padres de los estudiantes desaparecidos enviaran un
documento de denuncia a la PGR, entregado el 23 de diciembre de 2016.
En la misiva –de la cual este diario tiene una copia–, los
familiares se quejaron también de que la PGR omitió decir que Souza Neves
estaba mencionado con el alias de El Uruguayo en una libreta que se le decomisó
a Sidronio Casarrubias, uno de los supuestos involucrados en la desaparición de
los jóvenes.
En ese mismo cuaderno, presuntamente Casarrubias también
tenía anotados los nombres y teléfonos de Omar Hamid García Harfuch, entonces
coordinador de seguridad regional de la Policía Federal en Guerrero, y Leonardo
Vázquez, secretario de seguridad pública de esa entidad.
El no mencionar esos datos ni a los padres ni al GIEI podría
indicar que no ha habido buena fe de la PGR y es más grave aún porque se trata
de información de especial relevancia, considerando que una de las hipótesis
que los expertos recomendaron seguir para explicar el ataque contra los
estudiantes era que éstos tomaron autobuses usados por el crimen organizado
para traficar droga, señala la carta elaborada por padres de los normalistas.
En efecto, los integrantes del GIEI pidieron al gobierno de
México que no descartara en la indagatoria la existencia de un quinto autobús,
que el 26 de septiembre de 2014 fue tomado en Iguala por normalistas, pero no
fue atacado.
Frente a la insistencia del GIEI en que dicha línea de
investigación debía agotarse, la respuesta del gobierno federal ha sido siempre
que no cuenta con antecedentes de que se emplearan autobuses para el trasiego
de narcóticos, lo cual significa que la PGR ocultó información de manera
deliberada a los especialistas mientras estuvieron en México, subrayaron los
padres en su carta.
Además, cuando el grupo de expertos solicitó en varias
ocasiones que se le diera información sobre la estructura de Guerreros Unidos,
en ningún organigrama apareció el nombre de Souza Neves o su alias de El Uruguayo, a pesar de que el gobierno
lo identificó como uno de los supuestos líderes del grupo criminal y sucesor de
Mario Casarrubias.
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