Integrantes de la Policía Comunitaria de Nuevo
Balsas se cubren el rostro para evitar ser fotografiados durante la búsqueda de
18 personas secuestradas el 7 de febrero de 2015.
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Nuevo
Balsas: el pueblo rebelde que se levanta contra el narcotráfico
Demián Revart
febrero 11, 2017
“A la memoria del
comandante Rogelio Hurtado, asesinado el 10 de enero de 2014 en una cobarde
emboscada de La Familia Michoacana”.
El origen de la palabra Cocula es trifasético, la acepción con
mayor uso es “cocolli/cocollán”,
viene del náhuatl y significa “riña”
o “discordia”, por tanto, el lugar se
traduce en “el sitio de las riñas o las discordias”. Esto sonará algo cliché. Cocula apareció en el mapa nacional hasta que la versión
de la Procuraduría General de la República señaló a este municipio como pieza
clave en el asunto de la desaparición forzada de los 43 normalistas de
Ayotzinapa, argumentando “científicamente” que fueron incinerados en el
basurero municipal -ubicado a 3.7 km. de la cabecera coculeña- por integrantes
del cartel de los Guerreros Unidos.
Este
punto-cliché me servirá para explayar en el artículo [1] las características más visibles del imperio territorial del narcotráfico en el norte de Guerrero,
y que en una de las comunidades más azotadas por dicho imperio, se gritó
valerosamente “¡QUE SE VAYAN TODOS!”, esquematizando una resistencia
que sigue vigente por la fundación de una Policía Comunitaria en coordinación
permanente con los pobladores de Nuevo Balsas. “Nos sentimos
seguros en nuestra propia tierra, pero la lucha contra el narco sigue”, y en efecto, si bien el lienzo de la violencia está casi pintado
de blanco, permanece aún la huella y la zozobra de las células delictivas.
Algo es claro: el miedo logró cambiar de
bando.
I
La guerra contra el narcotráfico es la guerra
generalizada contra los pueblos. Guerrero ha
sido dominado sistemáticamente por grupúsculos del capital en alianza con todo
tipo de políticos profesionales que nacen desde las oligarquías del cielo,
hasta las montañas, riberas y desiertos del México pobrista.
El collage de ejemplos va así: los grandes
terratenientes a inicios del siglo XX, las empresas intermediarias para la
exportación de los productos del campo, la megaminería y la burocratización del Instituto Mexicano del Café (INCAFE) -de 1975 durante las heladas en
Brasil que volcaron a México como una nación caficultora en potencia, hasta su
liquidación en 1989, provocando la reducción del precio del café a la
mitad durante la crisis de la sobreproducción-. Estos y más ejemplos han dejado
las puertas abiertas a elementos intermedios que se han aprovechado de las condiciones territoriales y de
marginación de la gente para instalar sus negocios que van desde el control
económico de la producción de marihuana, aguacates, drogas sintéticas, el “cobro de piso”, los impuestos en las
actividades ganaderas, pesqueras y artesanales, así como su colusión directa en
los puestos gubernamentales (entendida, más popularmente, con los hashtags de #FueElNarcoEstado)
dándole a los mexicanos una visión prima de que “el gobierno y el narcotráfico son la misma cosa”. Así es, el
jugoso fetiche del poder económico se inyecta en cualquier individuo o
colectividad que tenga disposición de explotar al-otro y los-otros.
El caso del
narcotráfico es que lo percibimos como un fenómeno de barbaries, cuando
necesita de toda nuestra sapiencia socio-política: no lo hemos analizado como
una extensión del Estado, transfigurándose por lo tanto en una
extensión de las contradicciones de clase, ¡es un enemigo de la emancipación de los pueblos! Basta visitar
parte de la frontera norte del país y las zonas guerrerenses que describiré
para entender lo que es un “imperio territorial”.
El
narcotráfico no se contenta con pequeños y medianos espacios de cooptación
económica, necesita concentrar sus cobros en donde se producen más ganancias, a
lo que lógicamente, deberá generar mayores niveles de violencia y estrategias
de intimidación territorial para avasallar a quien se le cruce por el camino.
Los antecedentes
en Nuevo Balsas se dan principalmente en las actividades económicas desde
finales del siglo XX. Al estar regulada la economía por mercados que atienden
el flujo del capital antes que las necesidades regionales y locales, los “coyotes” (especuladores de la
mercancía) interceden fácilmente en las comunidades más alejadas de las
cabeceras municipales, en este caso, regulando los precios de la pesca de
mojarra y huachinango. La misma limitación comunicativa y de las vías de
transporte en la zona del Río Balsas dificultan en gran medida la posibilidad
de ejercer la autonomía el comercio de sus productos, por eso, la entrada de
estos ‘especuladores’ es muy común en
zonas como laderas, barrancas, montañas, ríos extensos o desiertos
semipoblados.
La riqueza natural de uno de los cauces del Río Balsas. Fotografía:
Demián Revart / Ruptura Colectiva (RC)
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La ubicación geográfica no
es una mera deducción abstracta, ha influido enormemente en la configuración del delito en Guerrero. Antes de los 80’s, el pueblo se llamaba
únicamente “Balsas” –ahora nombrado
como “Viejo Balsas”, tras la
construcción de la presa hidroeléctrica Ingeniero Carlos Ramírez Ulloa, mejor
conocida como “El Caracol”, el pueblo
se fue desplazando hacia la zona de Cruz Labrada. El “Nuevo Balsas” fue un centro de readaptación territorial de otras
comunidades como Campo Arroz y Tecomapa. Los pobladores más seniles dan en un
punto estratégico en esta topografía delincuencial con una de sus memorias,
recordando que: “la parte del tren porfirista del Viejo Balsas siempre fue camino
de paso del abigeato [2] y ahora lo es del narcotráfico
por su fácil salida por el Río Balsas (la parte de la laguna) en lanchas hasta
la Presa del Caracol, y de ahí acercándose a la salida hacia Apaxtla de
Castrejón, Cuetzala del Progreso, Oxtotitlán, y Teloloapan, sitios de dominio
de La Familia Michoacana, los Guerreros Unidos y el grupo delincuencial que
protegió al exgobernador Aguirre Rivero”.
Dialogando con los
pobladores, ellos recuerdan que los grupos criminales –antes de la
insurrección- “cobraban cuota por pescar, les quitaban 2 pesos por cada
kilogramo de mojarra a los pescadores, nos dificultaban el trabajo, nos
sentíamos acorralados”, lo que es necesario interpretar como una desmesurada cuantificación del crimen, donde estos grupos no se conforman con un impuesto
contabilizado por persona, sino por la cantidad exacta de la producción, para “cobrar más a quien pesque”.
A partir de 2009, inicia una
“película” de terror en el poblado;
el cártel de La Familia
Michoacana mostró su presencia con una ola de secuestros a pescadores y campesinos
con indómitas técnicas de terror como la extorsión, el homicidio y las
violaciones a mujeres. Reducidas células delictivas de Los Guerreros Unidos también se adentraron, y aunque poseen un enorme
potencial armado debido a su reciente creación por la ‘liberación’ de plazas del extinto Cartel Beltrán Leyva, La Familia Michoacana es mucho más
ambiciosa gracias a su rápida extensión desde Tierra Caliente. A la cabeza de
la organización va el famoso sicario Uriel Wences Delgado, alias “La Burra” o “El 50”, operador mediano del cártel y originario de Nuevo
Balsas, principal encargado de realizar las llamadas telefónicas y elegir a las
víctimas que el grupo ha secuestrado.
La fecha en la que comenzó
esta “película” tiene una respuesta
lógica con base en la explicación económica que dio previamente: una gran
minera multinacional = un gran flujo de capitales. La Minera Media Luna -subsidiaria de la empresa canadiense Torex Gold- arribó a Cocula en
2008 con tan sólo unas 15 personas, entre geólogos y personal de recursos
humanos dedicados durante 3 años a inspeccionar los cerros que han ‘pelado’ por la actividad a cielo
abierto y también de los recursos minerales que aguarda esta rica zona
orográfica. Además de dividir a las comunidades de La Fundición, Real de Limón,
Atzcala y al propio Balsas [3] por la inapelable contaminación ambiental
y la doble afectación -primero a las condiciones de trabajo de los pescadores,
y en segunda, a la vida, preservación y fauna del Río Balsas-, ha propiciado
que el concepto “extracción de oro” no se refiera únicamente al extractivismo de este
metal precioso, sino a una oportunidad colosal para el narcotráfico y los
gobiernos locales de enriquecerse a costa de las ganancias de la mina.
A la delincuencia organizada
no le bastó con hacer cobros millonarios para permitir la operatividad de la
mina, el ingreso de camiones de carga, las unidades de exportación-importación
y de sus mismos trabajadores, multiplicó también los secuestros y extorsiones
contra los mismos residentes de la región.
Uno de los factores para la
futura insurrección fue la humillación machista que engendraban los integrantes
del cártel contra las esposas de sus víctimas, diciéndoles literalmente cosas
como “está muy buena
tu hija/esposa, me la alistas porque mañana me la voy a llevar” o “qué rica está
tu vieja, me la preparas porque ahora es mía”, afectando tanto el tejido familiar como las relaciones
afectivas en la comunidad.
Pobladores han denunciado
ante diversos medios que la mesa directiva de Media Luna pagaba hasta 1 millón
de pesos por mes a “La Burra” para
permitir que “los dejaran
chambear”. Esta declaración nos
hace pensar que el poder logístico de La
Familia es tan grande para que un grupo armado tenga a sus pies a una
multinacional de tal envergadura. En varios tramos de los caminos de terracería
que llevan a la entrada de la minera, se pueden observar distintos letreros y
señales de tránsito balaceados como una “alegoría
identitaria”, el narco dice con estos balazos: “¡este negocio también es mío!”.
Elevemos el pensamiento a un
plano estatal; el 38% del territorio hidalguense es explotado por empresas
mineras que extraen minerales metálicos y otros no-metálicos, por lo que
debemos entender que la incidencia del narcotráfico con dichas empresas se
reproduce parasitariamente en otros poblados. ¿De cuánto serán sus ganancias
netas?
II
De la rabia y la desesperación a la
reapropiación de la vida comunitaria: la conformación de la Policía Comunitaria
en Nuevo Balsas
En los principios básicos de la psicología moderna se
dice que es sugestivo afirmar que el ambiente condiciona totalmente el
comportamiento humano. La cuestión de la violencia ha llegado a una normalización descomunal como fenómeno social, donde el ambiente
–biológico y social- ya no responde a este principio relacional ambiente-individuo. Pienso que es otro principio psicológico el que
determina, en un panorama más amplio, al comportamiento y las actitudes: la motivación. En el caso de esta resistencia, el acto de
insurrección fungió como un acto de configuración y motivación psicológica al
mismo tiempo. ¿Qué
podían perder los pobladores si se encontraban al borde de la desesperanza?
¿Cómo se dio la insurrección
de Nuevo Balsas? Por la tarde del 13 de diciembre de 2013, un grupo de sicarios
asesinó a sangre fría a un muchacho que buscaba la ayuda desesperada de un
grupo de militares, a los cuales cruzó en su lancha a una de las laderas más
retiradas del lago del pueblo donde se supuestamente se encontraban integrantes
del cártel. La venganza fue hacer correr su sangre.
La noticia -y la imagen del
cadáver- corrió de casa en casa, de voz en voz. Por la noche, entre la rabia y
la desesperación, un grupo de hombres de la localidad sacaron sus escopetas
tlaxcueras, rifles calibre .22, revólveres [4] y palos. En la explanada, justo
en la parte trasera de la Comisaría Municipal, tocaron las campanas con
enjundia y llamaron con bocinas –conectadas por cables casi improvisados- a que
la población se congregara y en un acto de reapropiación comunitaria, pudiera
requisar el control de sus vidas. Así se fundó la Policía Comunitaria de Nuevo
Balsas, literalmente, en un santiamén que superpuso a la valentía sobre la
incertidumbre del “¿qué podría pasar si nos rebelamos?”.
Durante esa insurrección
armada, la gente desterró a Uriel Wences Delgado “La Burra” y a cada uno de las personas ligadas a La Familia
Michoacana. Se dieron jaloneos y percances en los límites del pueblo con la
policía estatal, federal y el ejército mismo. En sí, el proceso de conformación
de la PC ha sido interpretado por sus integrantes como un “pleito-diálogo”. No
existe confianza plena en el gobierno, porque “el gobierno
no nos aceptó del todo porque se supone que ellos salvaguardan el orden”, comenta en entrevista el comandante de la PC.
Comunitarios en un rondín por la noche de un caluroso enero de 2017.
Fotografía: Demián Revart / Ruptura Colectiva (RC).
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Sin embargo, con el tiempo
el asunto de la seguridad se moldeó más a la autonomía normativa de Nuevo
Balsas, por lo que la tranquilidad es la nueva fragancia del
pueblo.
El comandante de la PC
relata que previamente a la formación de este órgano de seguridad, “ocurría una incursión violenta de estos grupos cada semana, y sí,
la gente sólo andaba pensando a quién le tocaría mañana ser la próxima víctima”. En la escalada más bárbara de violencia, ocurrieron
36 secuestros y 4 desapariciones forzadas en sólo un año y medio. Las
cantidades por el rescate iban de entre 20,000 y 50,000 pesos, aunque
aparentemente parezca poca cuantía, esto figuraba meses y meses de ahorros para
los pobladores.
Las estadísticas sí
funcionan en este caso. Entre diciembre de 2013 e inicios de 2017, sólo se han
dado entre 4 o 5 actos delictivos, yendo de delitos menores a algunos otros
graves (extorsiones e intentos de secuestro) en lo que son Nuevo Balsas, La
Fundición, Real de Limón y Atzcala, lo que demuestra que se ha reducido
drásticamente la violencia en una región entera, pero aún existe una minúscula
intención, tanto de La Familia Michoacana
como de los Guerreros Unidos, por
volver a territorios insurrectos y seguir extrayendo comisiones de los
pobladores y de los dueños de la mina. Si dibujamos estos reducidos casos de
violencia en una imagen para darnos a la idea del cambio de metodología del
narcotráfico, se cuenta que “ellos nada más llegan de repente a los límites de nuestro
territorio y hacen sus cosas ‘a la malagueña’, tienen miedo porque saben que
los vamos a enfrentar”, lo que significa que existe un gran temor hacia la PC
y el pueblo organizado. ¿Cuánto habrá declinado su negocio al ser expulsados,
con todo el odio de la gente, para intentar ingresar de nueva cuenta a la
localidad?
Integrantes de la PC rescatan a uno de los secuestrados del 7 de
febrero de 2015 y le brindan auxilio médico.
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Tres sucesos para forjar carácter
De mi investigación, recobro tres eventos en los que los dos cárteles predominantes intentaron desarticular la organización pueblo-policía comunitaria para volver a penetrar en este territorio, mas sin en cambio, “tomaron una cucharada de su propia medicina” y han fortalecido la autonomía de acción en Nuevo Balsas. La memoria no debe olvidarse.
1) El cobarde asesinato de Rogelio Hurtado (principal fundador de la PC) el 10 de enero de 2014 por una emboscada de La Familia Michoacana en los primeros días de funcionamiento de este nuevo proyecto, es digno de ser mencionado antes de los dos siguientes hechos.
2) El 7 de febrero de 2015 ocurrió un suceso muy polémico, un comando armado realizó un retén en la “Curva del Dulce”, tramo de la carretera Nueva Balsas-Cocula que conduce al poblado de Olea, secuestrando una combi con 18 civiles, 12 de ellos contratistas de la Minera Media Luna provenientes en su mayoría del norte del país. Los medios oficiales y de “investigación imparcial” responsabilizaron de una forma muy sosa a los cárteles culpables (diciendo con temor en sus titulares que “los pobladores dicen que tal cartel” ó “acusan a La Familia pero…” etc. y no mediatizando esa incuestionable verdad ante las declaraciones del Estado) mientras que los integrantes de la PC enfatizaron una y otra vez que esto fue un suceso perpetrado por “La Burra” -ya que conocen muy bien sus nexos y metodologías criminales- y La Familia Michoacana.
Un día después del secuestro, La Burra dejó libre a una persona que transmitió, literalmente, un mensaje para todos los que lo buscaban: “vengo por mi dinero, el de la mina y de los pobladores” [5].
El rescate se llevó a cabo sin la participación de las fuerzas federales ni del ejército, limitándose estos a resguardar parte de las carreteras aledañas. Cuenta la PC que ese día, encontraron a los rehenes en la parte alta de un cerro y que sus raptores, al ser superados a razón de “10 a 100”, huyeron despavoridos, pudiendo liberar a los secuestrados. Otros 2 tuvieron que pagar el rescate.
3) El 21 de mayo de 2016, cinco extorsionadores provenientes de Iguala y adheridos a la estructura ‘de cobro’ de Los Guerreros Unidos, fueron capturados y atados en la explanada del poblado. Fueron identificados como: Adriana Rodríguez Fierro de 24 años, Zaira Juárez Hernández de 19, Maritza Juárez Hernández de 25, Asahel Benjamín Ramírez García de 39 años e Isaac Soto Estrada de 18 años. La gente les arrojó gasolina y casi los linchaba, pero negociaron su entrega a las autoridades estatales después de varias horas de duda, pues “casi siempre dejan libres a estos delincuentes y más cuando son del crimen organizado”.
En venganza, el cártel
inició un operativo silencioso de amenazas el 24 de mayo contra transportistas,
maestros foráneos, camioneros, comerciantes de pescado y vecinos de otras
comunidades, diciendo que “su vida corre peligro si se acercan a Nuevo Balsas”. El grupo culminó este “plan maestro” bloqueando el paso de las salidas del pueblo hacia
el centro de Cocula, además de otros caminos rurales. “Parecía un pueblo fantasma, todas las escuelas cerradas (José
María Morelos y Pavón, Amado Nervo y el Jardín de Niños “Thomas Alva Edison”),
no llegaban los alimentos, sólo la gente de la mina. Los únicos activos eran
los de la policía comunitaria”.
Con el tiempo, la vida
productiva y social volvió a la normalidad, demostrando que la perseverancia
deliberativa de no dejar el proyecto de seguridad autónoma era lo primordial.
Re-tejer lo que la violencia nos arrebató
En la ladera positiva, el tejido social se recompone
poco a poco. Volvieron las fiestas y las ferias tradicionales de a principios
de enero, a lo que el comandante expresa que “ahorita ya hay gente en la noche, hace 3 años era como un toque
de queda, a las 7 pm, todos estaban en sus casas y nadie salía hasta el
siguiente día”. Al igual con la llegada de nuevos vecinos de la
minera, la gente originaria se “está
poniendo a la moda”, es decir, el ingreso a la vida comunitaria de
oficinistas y profesionistas que actúan y visten de una manera más cosmopolita,
permite una interacción cultural entre ambos sectores.
Algunos pobladores, comentan
incluso que sus hijas “ya no piden permiso para salir de la casa, muchas trabajan más
tiempo para comprarse uno de esos celulares ‘touch’ y les agrada conversar con
los trabajadores y demás personal de la mina”.
La PC no tiene equipamiento
oficial ni salarios, por lo que se conforma por voluntarios de todas las edades
y oficios, hay pescadores, campesinos y estudiantes. La edad mínima de ingreso
es de 16 años, con la previa autorización de sus padres. Actualmente sigue
operando noche tras noche, recibiendo a periodistas y escritores –como
nosotros- de una forma muy afable y abierta para conocer la historia que he
decidido redactar.
III
Corolario (y una pizca de optimismo)
Me hubiera gustado en demasía titular este texto como “La Policía Comunitaria de Nuevo Balsas, el pueblo que derrotó al narcotráfico (y la incertidumbre)” pero pecaría de optimista, sin embargo, no dejo de serlo, porque el ejemplo de valentía que hoy impregno en estas líneas es una muestra de humanidad en acción.
Recurro a la experiencia propia de pisar estas tierras. Hay una esencia muy distinta a toda la conflictividad descrita, el bloqueo económico se ha eliminado, las rutas de transporte pasan más seguido por el poblado y como mencioné en unas partes, “la gente ya está en las calles y se siente segura”.
Eso sí, la guerra -simbólica- sigue latente, y desde cada entrada, calle, hogar y rincón de Nuevo Balsas, se escucha un #NoMásUnGuerreroSinNosotros.
NOTAS Y REFERENCIAS CRÍTICAS
[1] La principal fuente del texto proviene de la información directa recogida en entrevistas y diálogos realizados los días 2, 3 y 4 de enero de 2017 con pobladores e integrantes de la Policía Comunitaria que han preferido guardar el anonimato.
[2] El robo de ganado.
[3] Todas ellas, claves en la formación de la Policía Comunitaria y su lucha contra el narcotráfico, tanto por los sucesos del 7 de febrero de 2015 descritos en el siguiente apartado, la coordinación táctica entre los órganos de seguridad independiente a las policías y el ejército, y en última instancia, por su ubicación geográfica.
[4] En remembranza de la anécdota que cuenta el compañero historiador Víctor Hugo Sánchez Reséndiz sobre la riña entre los pobladores adscritos a la Junta de Aguas del Amatzinac que cargaban armas simples, contra los pobladores de la parte alta donde incursionó fuertemente el narcotráfico y daba armas largas a las células en diversos pueblos de Tetela del Volcán.
[5] “Suman 18 los secuestrados por comando en Cocula; culpan a operador de La Familia”, Proceso, Ezequiel Flores Contreras, 7 de febrero de 2015.
http://www.proceso.com.mx/395330/suman-18-los-secuestrados-por-comando-en-cocula-culpan-a-operador-de-la-familia
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