El uso de
agrotóxicos viola los derechos humanos a la alimentación, a la salud, al medio
ambiente sano
por Silvia Ribeiro
(Investigadora
del Grupo ETC)
Red Latina sin
Fronteras
19 marzo, 2017
¿Cómo puede alguien haber pensado alguna vez que
cultivar nuestra comida con veneno era una buena idea?, preguntó Jane Goodall,
antropóloga inglesa.
A pocas décadas de su
introducción, los agrotóxicos –llamados asépticamente plaguicidas para disimular su nocividad– han llegado a contaminar a
la gran mayoría de la población mundial. Sea a través de residuos en alimentos
–vegetales y animales– o por la contaminación de aguas, suelos y aire, los
impactos en la salud y el ambiente han ido mucho más lejos que los lugares
donde se aplican y la mayor parte son de larga duración.
Son algunas de las
conclusiones del informe sobre plaguicidas (agrotóxicos) presentado a
principios de 2017 por la relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho
a la alimentación, redactado en colaboración con el relator especial sobre
productos tóxicos. El reporte, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos
de la ONU, denuncia que el uso de agrotóxicos viola los derechos humanos de
muchas formas, incluido el derecho a la alimentación, a la salud, al medio
ambiente sano. Afecta especialmente a niños y mujeres embarazadas, además de
trabajadores rurales, entre quienes también hay muchos niños, ya que 60% del
trabajo infantil en el planeta es en labores rurales.
Notablemente, el informe
señala que el supuesto fundamento para justificar el uso de plaguicidas
–terminar con el hambre aumentando la producción agrícola– nunca se cumplió.
Pese al aumento de la producción, el hambre persiste y el número de personas
con deficiencias nutricionales aumentó dramáticamente, hechos vinculados al
avance de la agricultura industrial, basada en monocultivos y transgénicos. Con
los cultivos transgénicos tolerantes a herbicidas el uso de agrotóxicos aumentó
además en forma exponencial en la última década.
Reportan que las
trasnacionales de los agronegocios se han dedicado sistemáticamente y por
diversos medios a tratar de ocultar los riesgos de los agrotóxicos, desde
mercadotecnia engañosa hasta presión para alterar regulaciones que los hagan aparecer
menos dañinos. Se plantean graves conflictos de intereses, ya que las empresas
de plaguicidas [Monsanto y Bayer, Dow y DuPont, Syngenta y ChemChina] controlan
65% de la ventas mundiales de plaguicidas, pero también 61% de las semillas.
Los esfuerzos de la industria de plaguicidas por influir en quienes formulan
las políticas y en las autoridades reguladoras han obstaculizado reformas y
paralizado las restricciones a los plaguicidas en todo el mundo. El documento
plantea que existen alternativas viables y sin tóxicos para alimentar al mundo,
como la agricultura campesina y agroecológica, que es urgente apoyar.
(Documento A/HRC/34/48 del Consejo de Derechos Humanos).
Digamos, a manera de
resumen, aunque existen vías reales y alternativas sanas, que sí alimentan, son
nutritivas, no contienen veneno y dan trabajo a la mayoría de los que viven en
el campo; todas y todos estamos expuestos a sustancias altamente tóxicas en
alimentos y ambiente, no porque sean necesarias, sino solamente para el lucro
de unas pocas trasnacionales.
Esto es exactamente el
trasfondo de la lucha que llevan las comunidades indígenas, de campesinos y
apicultores de la Península de Yucatán que se oponen a la plantación de soya
transgénica en sus territorios, por la autorización que otorgó la Sagarpa a
Monsanto para sembrar 235 mil hectáreas de soya transgénica tolerante a
glifosato en siete estados. En las demandas presentadas por organizaciones de
Campeche y Yucatán, la Suprema Corte reconoció que las comunidades indígenas
tienen derecho a consulta, pero negó el fondo de la demanda, justamente lo que
los relatores de Naciones Unidas señalan: los
impactos y violación de derechos a la salud y al medio ambiente. El próximo
miércoles se discute en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la demanda de
comunidades y organizaciones de Quintana Roo (Consejo Regional Indígena Maya de
Bacalar y otras) que denuncia los daños por la soya transgénica en sus
comunidades y ecosistemas, enfatizando que no se trata de que los consulten,
porque ya desde sus asambleas lo han discutido y su respuesta es clara:
demandan anular el permiso de siembra de soya transgénica.
Este 15 de marzo, Damián
Verzeñassi, de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y director de la
carrera de medicina de la Universidad de Resistencia, Chaco, Argentina, brindó
una conferencia magistral en la UNAM, mostrando los impactos de la soya
transgénica en ese país, tercer productor mundial de transgénicos. De 1996 a
2016, el uso de glifosato debido a esta siembra aumentó 848%. Verzeñassi
coordinó 24 campamentos sanitarios que relevaron 28 localidades en las cuatro
provincias de mayor intensidad de siembra de soya transgénica del país. Los
resultados son abrumadores, con casi el doble de incidencia de cáncer que el
resto del país, aumento de deformaciones neonatales y abortos espontáneos,
alergias, trastornos endócrinos y neurológicos, entre otros. En 2015, la
Organización Mundial de la Salud declaró al glifosato como agente cancerígeno.
Por todo esto, la demanda de
las comunidades de Quintana Roo no es un tema sólo de su región, es la defensa
del derecho a la salud, al medio ambiente y a la alimentación sana de todas y
todos, frente a la brutal agresión de las trasnacionales de agronegocios que
por sus ganancias no dudan en contaminar el planeta entero.
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