Guatemala: Un país en llamas
Guatemala, 11 de marzo de 2017.
No hay palabras para expresar
los sentimientos que embargan a la sociedad. La tragedia ocurrida esta semana
es conmovedora y refleja la debilidad del Estado y el abandono que sufre esta y
todas las áreas en que debería intervenir para realizar el bien común, que es
su principal razón de ser. En este caso, el costo fueron más de 37 pequeñas
víctimas mortales y muchas más en riesgo de perder la vida, una existencia
rodeada de infortunios e inequidades que las llevó a buscar cobijo en el
Estado, esa entelequia que solo resguarda los privilegios de algunos.
Como un
augurio, días previos a la tragedia, el Icefi y la ONG Plan Internacional
hicieron público un informe en donde se evidenció la baja inversión pública que
nuestro país dedica a la niñez: apenas US$0.69 por niño(a) al día, mientras que
en Costa Rica son US$4.91. Guatemala es el que menos ingresos destina en
referencia al PIB; en el 2013 representaba el 4.4%.
Tenemos el
menor gasto en educación. Y esas inequidades son las consecuencias del sistema
de “derrame” que, según el Icefi,
hace más ricos a los ricos para que “derramen”
una riqueza que en la realidad siempre se concentra.
La
investigación referida remata señalando que si el país no invierte más en los y
las niñas y jóvenes no podrá disminuir los indicadores de desnutrición,
embarazos en adolescentes y el éxodo a Estados Unidos, pues aquí no encuentran
posibilidades de vida digna y tampoco de protección social.
Y en medio de
esta debilidad estatal, los congresistas están próximos a aprobar una nueva ley
que otorga privilegios a ganaderos, entre ellos hay muchos, por cierto. ¡Vaya
incoherencia y descaro! Lo sucedido tiene un responsable: el Estado,
específicamente las instituciones involucradas en la atención a la niñez en
condiciones de vulnerabilidad.
Es
indispensable que concluya la investigación y que se deduzcan las
responsabilidades, pero también que se asuma el problema con la visión
estratégica que requiere por parte de los entes que tienen compromiso directo
en la prevención, protección e investigación de este tipo de hechos. Hay antecedentes
comprometedores.
El
Viceministerio de Gobernación encargado de prevención del delito firmó unos
días antes del drama un convenio de cooperación con Leonel Dubón, del Refugio
de la Niñez, quien reiteró su preocupación por la falta de un sistema de
protección para menores y destacó la necesidad de crear mecanismos en favor de
la infancia.
La Procuraduría
de Derechos Humanos venía alertando del riesgo de los menores que estaban
recluidos en ese albergue; presentó denuncias, interpuso un recurso de exhibición
personal que no fue realizado por la jueza, solicitó a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares que no fueron atendidas
oportunamente; es decir, advirtió sobre el peligro en ciernes que culminó en la
tragedia que hoy nos enluta.
El mandatario,
sus principales funcionarios, sus asesores y la institucionalidad de la niñez,
especialmente los asignados a ese hogar, deben asumir la parte de
responsabilidad que a cada uno corresponde y no seguir evadiéndola con esto de que
“Estado somos todos”.
Las
instituciones de seguridad tienen que responder a algunos señalamientos que los
involucran en la negligencia y la decisión de encerrar a las niñas,
desatendiéndose de lo que allí ocurría. Los diputados tienen que entender que
si siguen emitiendo leyes que otorgan privilegios fiscales contribuirán al
colapso del Estado.
La
institucionalidad está en crisis. El camino de solución solo puede ser
fortalecerla. La emotividad que nos embarga debe servir para reivindicar esta
opción. La indolencia de algunos es tan negativa como la precipitación de
otros. Sin Estado seremos víctimas colectivas del incendio y nos convertiremos
en parte de las cenizas en que se va transformando el país.
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