domingo, 9 de abril de 2017

ARANTEPACUA: «JUCHARI UINHAPIKUA», EN LENGUA PURÉPECHA «NUESTRA FUERZA»


ARANTEPACUA ¡CRIMEN DE ESTADO!
(Primera parte)
Imágenes de Cristian Leyva
Foto de portada de Auani Pascual
Agencia SubVersiones
Por distintos medios de comunicación se difundió la violenta incursión a la comunidad indígena purépecha de Arantepacua el pasado 5 de abril por parte del Estado mexicano a manos del Ejercito (SEDENA), la Secretaria de Seguridad Pública del estado de Michoacán y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES). Durante su incursión las fuerzas armadas y de seguridad pública realizaron disparos con armas de fuego a la población indígena, dejando como saldo el asesinato de 3 comuneros y 1 menor de edad; Santiago Crisanto Luna, José Carlos Jiménez Crisóstomo, Francisco Jiménez Alejandre y el menor Luis Gustavo Hernández Cohenete.

Decenas de heridos, cateos a los domicilios aun incuantificable, el terror sembrado a la población, violaciones graves a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos indígenas. Se violentó la constitución política mexicana gravemente y con total impunidad se asesinó a sangre fría. El operativo fue desmedido, el uso de la fuerza pública y las fuerzas armadas no estaba justificado, fue una decisión de alto mando dar un ejemplo de la capacidad de imponer el terrorismo de Estado en Arantepacua.
A través de diversos medios de comunicación se difundieron versiones para confundir e invisibilizar la actuación del Estado. Las versiones en su mayoría apuntaron al conflicto de tierras entre la comunidad de Arantepacua perteneciente al municipio de Nahuatzen y la comunidad de Capacuaro del municipio de Uruapan. Sin embargo no se mencionó que al momento de ocurrir los asesinatos en los que se señala a las fuerzas armadas y de seguridad publica en Arantepacua, los pobladores de Capacuaro con quienes efectivamente mantienen un desacuerdo por 520 hectáreas de tierra, no se encontraban en los terrenos en discordia.

Este hecho no es menor, no es una omisión o un descuido cualquiera, las imágenes difundidas donde se pueden ver explícitamente a comuneros de Arantepacua asesinados, caídos y ensangrentados en los terrenos de la comunidad, más los textos «conflicto de tierras» crean la falsa apariencia de mostrar un conflicto entre civiles. Lo sucedido fue totalmente diferente. Aquí iniciamos una serie de reportajes que a través de testimonios e investigación muestran que lo sucedido apunta a un crimen de Estado en contra de esta población indígena.
El ejemplo del terror.
El panorama de conflictividades en Michoacán es complejo por la presencia autodefensas, grupos paramilitares, comunidades organizadas y movimientos estudiantiles. Esta complejidad ha sido utilizada para confundir a la población; al amparo de esta neblina mediática, los gobiernos estatal y federal criminalizan por igual a movimientos sociales o comunidades indígenas organizadas que a grupos criminales o narco paramilitares.

Por ejemplo recientemente en la costa Nahua de Michoacán el pasado 5 de Febrero se dieron a conocer las acciones realizadas por parte de la Secretaria de Marina Armada de México (SEMAR), institución señalada por los pobladores como actor material de la detención de 5 policías comunitarios y su posterior entrega a manos de grupos narco paramilitares, durante esta reciente ofensiva en contra de la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, las detenciones ilegales llegaron a ser 7, a quienes a través de movilizaciones y bloqueos posteriormente lograron liberar. En esta comunidad aun continúa pendiente la justicia por el caso del menor Hidelberto Reyes García de 12 años de edad quien fue asesinado también después de una incursión militar a esta población en julio del 2015.
Comunidades como Ostula, Cherán o Arantepacua por mencionar algunas del estado de Michoacán presentan características particulares en todo este amplio panorama de conflictividad. Principalmente son comunidades indígenas, que se han solidarizado con diversos movimientos sociales del estado y el país, han luchado por reconstituir formas de gobierno propias y apegadas a su cultura, mantienen altos niveles de organización interna lo cual les permite frenar iniciativas nocivas del Estado, luchan por defender su tierra, territorio y organizarse para poder tener procesos internos de elección de autoridades, además de mantener presencia organizativa dentro del Congreso Nacional Indígena.

El trato cruel e inhumano que recibieron los comuneros de Arantepacua no puede descontextualizarse de la solidaridad que ha mostrado esta comunidad con el magisterio democrático, con los estudiantes normalistas organizados y con los pueblos en lucha de Michoacán.
Las tierras.
De acuerdo a los testimonios de los comuneros de Arantepacua hace un mes aproximadamente se tornó álgida una antigua discordia por 520 hectáreas de tierra, con su pueblo vecino de Capacuaro. Esta nueva etapa entre ambas comunidades derivo en 15 mesas de trabajo con la Secretaria de Gobierno del estado de Michoacán, donde además de esta instancia participaron también la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y la Procuraduría Agraria.
Un breve recuento nos señala que en 1941 se firmó entre ambas comunidades lo que hoy conocen como Acuerdo 41 que es una resolución donde de común acuerdo se repartieron a la mitad esa tierra en disputa y que tuvieron a bien ambas comunidades dejarlo por escrito y protocolizado en el Registro Agrario Nacional (RAN). A pesar de ello, en 1984 se da a conocer una resolución presidencial que desconociendo dicho acuerdo, dota de más tierras a Capacuaro que a Arantepacua. A partir de ese momento y durante más de 40 años estas comunidades han mantenido la tensión de esta problemática, superándola a base de dialogo y acuerdos intercomunitarios.
Es importante resaltar que a pesar de esta resolución presidencial, las autoridades de ambas comunidades llevan más de cuatro décadas conviviendo en estas condiciones de incertidumbre jurídica. No son los salvajes que se asesinan entre sí por un pedazo de tierra, como los han querido presentar en los hechos recientes. Más allá de esa visión simplista, ambas comunidades han mostrado un alto nivel de diplomacia y de entendimiento entre pueblos.
Lamentablemente la influencia de los partidos políticos y la cadena de escombros que dejan tras de sí, décadas de políticas neoliberales que han destruido al campo y a las y los campesinos, un derrumbe económico grave y la caída drástica del poder adquisitivo en México; sumado a los intereses de grupos de poder que quieren mantener un control sobre la tala de bosques, que por ejemplo detono el conflicto que llevo a Cherán a levantarse como pueblo, son factores derivaron en una nueva etapa de diferencias y distanciamiento entre ambas comunidades, lo cual señalan los comuneros ha ocasionado un corte de carretera y filtros para prohibir el paso de una comunidad a la otra desde hace poco más de un año.
Esta situación llevo a que a principios de marzo de este 2017, los comuneros de Capacuaro implementaran un filtro e hicieran un acuerdo con el gobierno del estado para determinar un plazo de resolución del conflicto. A mediados de marzo de este año llego una notificación endosada por el gobierno michoacano encabezado por Silvano Aureoles Conejo, donde se les informa a los comuneros de Arantepacua el plazo para la resolución del conflicto. Posteriormente los comuneros de Arantepacua son informados por fuentes cercanas a ellos, que este acuerdo entre el gobierno de Michoacán y la comunidad de Capacuaro se da para no ver entorpecida la celebración anual del tradicional Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos en Uruapan, donde participaran alrededor de 1400 artesanos de todo el estado. Esta fiesta representa una derrama económica muy importante para la región y es una proyección turística que se ha posicionado con importantes alcances internacionales.
Los comuneros de Capacuaro se retiraron desde una semana antes de la incursión armada de las fuerzas de seguridad pública, dejando libres los filtros y terrenos en disputa. Esto debido a que en el documento gubernamental que recibió Arantepacua, se les advertía que los terrenos en discordia serian resguardados por elementos de seguridad publica. Lo cual detono que los comuneros de Arantepacua se sintieran menospreciados por no haber sido tomados en cuenta en este acuerdo bilateral entre la Secretaria de Gobierno de Michoacán y Capacuaro. Además de considerarlo también una ofensa por el hecho de que el gobierno irrumpa a resguardar las tierras, como si las comunidades no tuvieran la capacidad de resolver sus diferencias.

El domingo 2 de abril de este año, en asamblea comunal se aprueba por mayoría hacerle llegar al gobierno estatal un manifiesto de inconformidad por los acuerdos que recientemente les fueron notificados, y que de acuerdo al pensamiento de la comunidad resultan excluyentes, paternalistas y profundizan el conflicto, lejos de impulsar el dialogo y el consenso entre ambos poblados.
La traición.
El martes 4 de abril fue acordada y fijada la fecha con la Secretaria de Gobierno de Michoacán, para hacer la entrega del manifiesto redactado por la comunidad. Las autoridades estatales ya estaban avisadas del encuentro, para el cual salieron tres autobuses desde temprana hora de la plaza de Arantepacua. A las 9:30 de la mañana dos kilómetros después del poblado de San Juan Tumbio los tres autobuses son interceptados y detenidos por un operativo de Fuerzas Estatales y Grupo de Operaciones Especiales. Alrededor de 400 efectivos les impidieron el paso, mientras las autoridades comunales de Arantepacua, se comunicaron vía telefónica directamente con el Subsecretario de Gobierno de Michoacán Armando Hurtado Arévalo para reprocharle el operativo, cuando ya existía una cita previamente acordada entre autoridades de la comunidad y la Secretaría de Gobierno de Michoacán.
Los comuneros decidieron irse caminando al poblado de San Juan Tumbio, para evitar un enfrentamiento, ya que expresamente manifiestan que fueron hostigados y amedrentados por los Policías Estatales y de Operaciones Especiales. Al enterarse la comunidad de Arantepacua de esta situación irregular, se organizaron más comuneros y se trasladaron en cinco autobuses a San Juan Tumbio para apoyar a sus vecinos. Vía telefónica el Subsecretario de Gobierno les confirma nuevamente la reunión, pero condiciona a los comuneros para que no asistan los más de 200 representantes de Arantepacua. En esta negociación acuerdan que solo un autobús pueda trasladarse a Morelia para llevar a cabo la diligencia.

Una vez más los comuneros de buena fe aceptan las condiciones de la Secretaria de Gobernación y designan a una comisión de 38 comuneros que representaran al poblado indígena purépecha en la entrega del manifiesto realizado y aprobado por su asamblea. A las 2 pm dicha comisión se traslada a la ciudad de Morelia siendo escoltados de por lo menos una decena de unidades policíacas de las corporaciones ya mencionadas, que les impidieron el libre transito desde la mañana.
A la reunión entre autoridades de Arantepacua y la Secretaria de Gobierno, solo se les permitió la entrada a 15 representantes para la entrega del manifiesto en el Palacio de Gobierno de Michoacán. Los comuneros brindan testimonio de que el Subsecretario de Gobierno de Michoacán Armando Hurtado Arévalo además de recibir su documento, les hizo mención de la nueva legislación aprobada recientemente en contra de las movilizaciones sociales y les comentaron que el autobús en el que llegaron tenía «reporte de robo». Durante este encuentro el subsecretario de gobierno insistió en un plazo de 5 meses para la resolución del conflicto, mientras los representantes de Arantepacua propusieron de forma tentativa, hasta su aprobación en una nueva asamblea de comuneros un plazo de 2 meses y medio y la condición de que ningún elemento de seguridad publica resguardara los terrenos, ya que esto les representa una ofensa a su capacidad, demostrada durante cuatro décadas para resolver el conflicto con el poblado vecino.

Después de la reunión donde de acuerdo a los testimonios de los comuneros asistentes, las autoridades estatales quedaron molestas por la postura de los representantes de Arantepacua, estos se retiraron en el autobús en el que llegaron y se dirigieron a la salida Morelia-Uruapan (Xangari) para trasladarse a su comunidad, cuando en el cruce vehicular frente al Walt-Mart de esta ciudad, un fuerte operativo estaba cerrando el paso. A modo de tenaza dijeron «quedamos en medio de este nuevo reten y las unidades que nos venían siguiendo desde ese mañana». De inmediato se subieron policías ministeriales apuntándoles con armas de grueso calibre y los arrinconaron a todos al fondo del autobús, donde les dispararon gas lacrimógeno y los detuvieron.
El imperio de la impunidad.
Los abogados solidarios con la población de Arantepacua informaron que durante las 48 horas posteriores a su detención, hubo falta de información a los familiares y no se sabia la ubicación de los 38 detenidos. El día 5 de abril un operativo coordinado entre el ejercito SEDENA, policías de las Fuerzas Estatales y el GOES, incursionaron al poblado indígena dejando el saldo antes mencionado de 3 comuneros asesinados, 1 menor asesinado, 9 detenidos, decenas de hombres y mujeres heridas, y cateos de domicilios particulares que aun no se cuantifican. Juan Bernardo Corona, secretario de Seguridad Pública de Michoacán informo oficialmente que fueron atacados y tuvieron que responder. Este crimen de Estado será materia de nuestra siguiente entrega, con testimonios de las y los pobladores que sobrevivieron al terror sembrado hace unos días en Arantepacua.

El 7 de abril del 2017 el juez Cristóbal Luviano Tena dicto a las 2:07 horas una resolución de vinculación a proceso por los delitos de Ataques a las vías de comunicación y Privación de la libertad personal a los 38 comuneros detenidos el 4 de abril del 2017. A las 4 de la madrugada fueron liberados 37 comuneros para continuar su proceso jurídico en libertad. Neftalí Montaño Crisóstomo es el único comunero de este primer bloque de imputados que llevara su proceso recluido en el CERESO David Franco Rodríguez (Mil Cumbres).
Al salir del centro de rehabilitación para menores del estado de Morelia, el cual fue habilitado para la mencionada audiencia. Los comuneros agradecieron a su pueblo, a las organizaciones sociales, estudiantes y a tod@s a quienes se han solidarizado con ellos, reiterando que su causa es justa y que el crimen que cometió el Estado el día 5 de abril en contra de su pueblo, no debe de quedar impune.
Durante su regreso a Arantepacua los recién liberados fueron recibidos este 7 de abril a las 6 de la tarde en la comunidad de Pichataro por pobladores quienes al grito de «el pueblo unido jamás será vencido» y el tradicional «Juchari uinhapikua» de la meseta purépecha -que en lengua significa «nuestra fuerza»- les dan la bienvenida a su territorio a la comisión que salió hace 3 días a representarlos en una mesa con el gobierno del estado de Michoacán, para iniciar un recuento de daños, donde en principio están latentes los asesinados, los presos y las historias de horror que encontrarán en su comunidad.

La mañana del 8 de abril se presentaron ante el juez los 9 comuneros aún recluidos, acusados de homicidio en grado de tentativa y ataques a las vías de comunicación, detenidos el día 5 de abril del 2017 en Arantepacua, durante el operativo, que ha dejado ya el asesinato de 3 comuneros y un menor.