La
prensa: amordazada y asesinada
Carlos Iaquinandi Castro
Redacción de SERPAL
Servicio Prensa Alternativa
América
Latina en Movimiento
17
mayo, 2017
Los disparos de varios sicarios terminaron con la vida
de Javier Valdez, uno de los más destacados periodistas mexicanos sobre el
narcotráfico y las complicidades de las autoridades con el crimen organizado.
Lo acribillaron en Culiacán, capital de Sinaloa, cuna del Cártel del Chapo Guzmán, en pleno día y en la
calle, como parte del ritual de los asesinos para afirmar su impunidad e
imponer el miedo y el silencio.
Javier tenía 50 años recién
cumplidos, pero desde hace años sabía que su profesión y su compromiso personal
eran una sentencia en suspenso. Hace dos meses, cuando en el estado de
Chihuahua fue asesinada su compañera del diario “La Jornada” Miroslava Breach , Javier dijo: “que nos maten a todos, si esa es la condena por reportear este
infierno. No al silencio".
La primera reacción a su
asesinato ha sido de indignación. Como indicaba la crónica del diario “Ríodoce”, del cual Valdez era fundador
y redactor, “a Javier lo quisieron callar
con 12 tiros, pero los sicarios en su intento solo lograron levantar la voz de
un Culiacán indignado”. Así fue, y cientos de trabajadores, maestros,
estudiantes y comerciantes, se reunieron en las escalinatas de la Catedral para
finalmente marchar hacia el Palacio de Gobierno de Sinaloa. Hacia allí se
dirigieron periodistas y ciudadanos exigiendo la presencia del gobernador
Quirino Ordaz.
Finalmente subieron a la
tercera planta y forzaron la entrevista. Una vez más escucharon palabras de
lamento y promesas. “Se hará lo que haya
que hacer”. La dosis habitual con la que los altos funcionarios del
gobierno intentan aplacar los justos reclamos.
El peor crimen es el
silencio
Sus compañeros periodistas afirmaron que “el peor crimen es el silencio, hay que
exigir justicia”. Pero no será fácil en un país donde las estructuras de
poder están carcomidas por la corrupción y la complicidad con los narcos y a
veces son simples franquicias del crimen organizado. En una reciente visita a
España, José Ramón Cosío, uno de los ministros de la Suprema Corte mexicana,
reconocía que la altísima impunidad en su país era un problema creciente.
Haciendo referencia a la matanza de Tlatelolco, o la más próxima de los 43
estudiantes de Ayotzinapa, el magistrado afirmaba: “ahí hemos visto la enorme relación entre las fuerzas del Estado y la
delincuencia, a un nivel que me parecía increíble. Que a unas personas las
hayan eliminado físicamente en una connivencia entre delincuencia y Estado es
muy grave”. Y luego añadía que “más
grave aún, es que pasados los años, permanezca la impunidad de los asesinos”.
Mordaza y violencia
Desde el 2000 han sido asesinados en México 216
periodistas. Siete en lo que va del año. Alguien dijo que muchos periodistas
mexicanos no esperan la jubilación, esperan que los maten. Como en Honduras o
Guatemala, la profesión es de alto riesgo. Informar, o sea contar la realidad,
la verdad y no mentir, ocultar o manipular, se convierte en riesgo mortal. El
índice de impunidad en estos crímenes es del 97,7%.
El poder político tiene un
discurso hipócrita que incluye alabanzas a la libertad de expresión y a los
derechos humanos, pero en la práctica “deja
hacer” atropellos permanentes a las libertades, y sus organismos de
seguridad y de justicia no consiguen esclarecer los crímenes, ni encontrar a
los culpables. A lo sumo retienen a unos pocos sicarios ejecutores que suelen
ocultar a los verdaderos responsables a cambio de una buena defensa y “protección”.
El uso de las amenazas y la
violencia contra los periodistas no es patrimonio de los diversos cárteles de
la droga. Gobernadores y altos cargos tienen sus propios cuerpos de matones a
sueldo (eso suelen ser aunque figuren en las nóminas como “funcionarios” oficiales). Son los encargados de acallar las
denuncias sobre estafas, corrupción, coacciones u otros delitos. Y en muchos
casos, hay una manifiesta connivencia entre los mandos de las fuerzas de
seguridad del estado con organizaciones criminales.
La cuna del cártel
del “Chapo”
Sinaloa, el estado donde fue asesinado Valdez, es el
centro de operaciones del cártel que dirigió el “Chapo” Guzmán, actualmente extraditado a Estados Unidos, luego de
cinematográficas fugas de cárceles de “máxima
seguridad”, con evidentes complicidades de sus custodios. Hace pocos días,
detuvieron a “El Licenciado”, Dámaso
López, sucesor del Chapo Guzmán.
“El Licenciado”, fue subdirector de
la cárcel de seguridad de Jalisco, de la cual -con su ayuda- escapó por primera
vez el “Chapo” en el 2001. Luego se
incorporó como uno de los hombres de máxima confianza del “jefe”. Pero como una hidra de infinitas cabezas, la organización
delictiva genera nuevos líderes y mantiene o expande el “negocio”.
Honestidad y
compromiso
Javier, fundador y redactor del diario “Ríodoce”, era una referencia por su
honestidad y compromiso. Sociólogo y periodista escribió varios libros. El año
pasado publicó el último: “Narcoperiodismo,
la prensa en medio del crimen y la denuncia”. En 2011, el Comité para
la Protección de Periodistas le otorgó el Premio Internacional de la Libertad
de Prensa por su trabajo. El discurso que leyó retumba con más fuerza:
“En Culiacán, Sinaloa, es un
peligro estar vivo y hacer periodismo es caminar sobre una invisible línea
marcada por los malos que están en el narcotráfico y en el Gobierno (...) Uno
debe cuidarse de todo y de todos”.
La cuenta sigue…
Pero con ser tan reciente, el asesinato de Javier
Valdez ya no es el último. Pocas horas después del crimen en Sinaloa, otros
sicarios en el estado de Jalisco, disparaban contra la directora de la revista
semanal “El Costeño” y su hijo,
redactor en el mismo medio. Sonia Córdoba está grave, pero su hijo Jonathan
resultó muerto en el ataque.
El verdadero
testamento de Javier
En octubre del año pasado, Javier hizo unas
declaraciones en el diario “La Jornada”.
Describió con tanta crudeza como precisión, cómo deben ejercer su profesión
aquellos que lo hacen con honestidad y compromiso. Podemos decir que
constituyen una parte significativa de su legado. Dijo entonces:
“No hablamos sólo de narcotráfico, una de nuestras acechanzas más
feroces. Hablamos también de cómo nos acecha el gobierno. De cómo vivimos en
una redacción infiltrada por el narco, al lado de algún compañero en quien no
puedes confiar porque quizá sea el que pasa informes al gobierno o los
delincuentes".
Y añadió:
"Señalamos también a los empresarios, a los
dueños y ejecutivos de los medios, que priorizan el negocio, que están más
preocupados por la ganancia que por contar la historia de lo que está pasando
en nuestro país, o de lo que pueda pasarles a sus reporteros, a sus empleados”.
En uno de los primeros
actos de condena a su asesinato, su colega la periodista Carmen Aristegui
refiriéndose al crimen afirmó:
“…no hay lugar a dudas, como lo publicó hoy Ríodoce, y que lo escuche
Gobernación, Peña Nieto, el procurador y quien quiera escuchar, dentro y fuera
del país: este asesinato es producto del trabajo de Javier, respuesta al
trabajo de Javier, respuesta criminal a lo que Javier hizo a lo largo de su
vida”.
“Por ello, aquí juntos tenemos que darnos valor para
seguir informando, para seguir reporteando, para seguir investigando,
denunciando, opinando. Esta muerte
-concluyó- tiene que significar un
incentivo: necesitamos que estas muertes signifiquen, sacudan, no sólo a los
periodistas que estamos aquí. Necesitamos que signifiquen para la sociedad”.
Estos sucesos y estas
reflexiones convocan a los mexicanos a defender sus derechos, garantizar
justicia y terminar con la impunidad.
Y fuera de sus fronteras, a
que la comunidad internacional comprenda y condene el perverso funcionamiento
de sectores del poder político en ese país.
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