En México no
estamos en guerra, pero…
José Luis Avendaño C.
América Latina en Movimiento
15
mayo, 2017
ALAI AMLATINA,
15/05/2017.- Desde la década de los años 40 del siglo pasado,
México se convirtió en un proveedor de drogas de Estados
Unidos. Con el consumo, el mercado, y con ello, el negocio, estaba garantizado.
Así crecieron y se desarrollaron las primeras bandas que, al paso de los años,
se transformaron en cárteles regionales y verdaderas empresas transnacionales.
Es imposible que a este nivel, los gobiernos en turno no supieran, y que, por
comisión u omisión, no fueran parte del negocio.
Con la llegada del PAN a la presidencia en el 2000 (el PRI mantuvo su
poder a través de la mayoría de gobernadores), este dejar hacer, dejar
pasar (neo)liberal, aparentemente se dislocó. Una de las primeras
acciones del segundo sexenio de la alternancia, en diciembre de
2006, fue lanzar a la calle a las fuerzas armadas (Ejército y
Marina), frente a la ineficiencia/insuficiencia de las policías.
Con ello, el narcotráfico -parte del crimen organizado-, se
convirtió en un asunto de seguridad nacional. Once años después,
achacados a la inseguridad y violencia, hay más de 80 mil muertos y
más de 26 mil desparecidos, sin contar los desplazados.
Muchos, se dice, son producto de ajustes de cuentas entre las
bandas. Y pasado todo este tiempo, se discute una Ley de Seguridad Interior, a
fin de normalizar la presencia y actuación de las fuerzas
armadas en las tareas de seguridad pública y, sobre todo, su
relación con la población.
No hay duda que hay una escalada de violencia que el
regreso a Los Pinos del PRI no ha podido contener. Un regreso acotado,
pues se dice que el régimen priista nunca perdió el poder, entre
otras cosas porque la política económica neoliberal es transexenal, es decir, la
misma desde hace seis sexenios, con crecimiento errático, pero con
una narco economía boyante, que es parte substancial de las cuentas
nacionales (en el rubro de errores y omisiones). El regreso priista
(recargado) es, de hecho, una restauración. Para decirlo en
palabras de Bolívar Echeverría, se trata de la consolidación de la “restauración de la república oligárquica
prerrevolucionaria”, cuyos gobernantes, agrego, operan como meros administradores
del despojo y la explotación.
Las víctimas de la violencia, ya no son solamente entre el crimen
organizado y las fuerzas armadas, sino alcanza ya a miembros de la sociedad
civil, que, en lenguaje militar, son daños colaterales. Entre las
víctimas se encuentran los defensores de los derechos humanos –muchos de ellos
familiares de quienes han padecido la violencia, y ellos mismos violentados— y
periodistas que cubren tales asuntos o que investigan presuntos nexos entre las
autoridades y la delincuencia organizada. Terreno minado. El
resultado es que, por ejemplo, al estar buscando a sus muertos,
descubren otras fosas clandestinas de otros muertos.
La semana pasada, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC)
organizó el foro: Mujeres Periodistas. El poder de sus voces, en el que se
resaltó la doble violencia que sufren por su género y por su
labor, que van desde amenazas hasta asesinatos, que no se atienden ni
resuelven, al estar en medio de un círculo de impunidad, que más
bien resulta un laberinto. Labor que está considerado de alto
riesgo y convirtiendo a México como uno de los lugares del mundo más
peligrosos para el ejercicio periodístico. Aquí vale recordar lo que
Guillermo Prieto, en sus Lecciones de Historia Patria afirmó
sobre los objetivos de la libertad de prensa: ser “correctivo de la tiranía y afiance de todas las libertades”.
El mismo día, desde Londres, el Instituto de Estudios Estratégicos, que
se aboca a asuntos de defensa y conflictos, advirtió que el año pasado México
fue el país con mayor número de “homicidios
intencionales”, sólo por debajo de Siria.
Naturalmente, las autoridades descalificaron el reporte, al estar
basadas en “metodologías inciertas”.
Lo cierto es que hay personas que no únicamente son parte del extendido grupo
de los vulnerables, sino que su actividad es de alto riesgo.
Al día siguiente, 10 de mayo –Día
de las Madres— fue asesinada Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, en su
casa en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. Ella se volvió activista, a
raíz del secuestro de su hija, Karen Alejandra Salinas Rodríguez en 2012. Sin
ayuda gubernamental, dos años después halló los restos de su hija en una fosa
clandestina, y logró la detención de 13 personas. En abril pasado, denunció
ante las comisiones estatal y nacional de los derechos humanos que había sido
amenazada de muerte… Tanto los defensores de derechos humanos como los periodistas
se encuentran bajo el amparo de un mecanismo de protección, que se
creó en noviembre de 2012.
Si no fuera suficiente, el fin de semana, siete periodistas fueron
detenidos por un centenar de encapuchados armados en un retén de la carretera
Iguala-Ciudad Altamirano, en el norte de Guerrero, y fueron despojados de una
camioneta y de sus equipos de trabajo; situación que el gobierno estatal achaca
al crimen organizado. El día anterior, había llegado a la zona un contingente
del Ejército.
No estamos en guerra, pero parece.
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