EMERGENCIA
HUMANITARIA: Misión de observación a comunidad desplazada de Laguna Larga en la
frontera México-Guatemala
Publicado
originalmente en: La72.org
Centro
de Medios Libres
12
junio, 2017
.- Alarma y
preocupación ante condiciones de la comunidad Laguna Larga, Petén desplazada
forzadamente en la frontera con México
.- Organizaciones
de México exigen a su gobierno y al de Guatemala cumplir con obligaciones,
proteger la vida y garantizar derechos
.- Familias
desplazadas exigen retorno, reparación y justicia
A 8 de junio de 2017.
Con alarma y preocupación, al tener
conocimiento del desalojo forzado contra la comunidad Laguna Larga en la zona
del Petén, Guatemala, hacia la línea fronteriza con México, cerca del ejido El
Desengaño, municipio de Candelaria, Campeche, organizaciones de Derechos
Humanos de México realizamos una visita de observación y documentación el
pasado miércoles 7 de junio.
Mediante el
presente Comunicado damos a conocer nuestras primeras observaciones, sobre cómo
para salvaguardar su integridad y sus vidas las familias de la comunidad Laguna
Larga, ante el anuncio de la llegada de cerca de 1,500 soldados y policías de
la Policía Nacional Civil de Guatemala, huyeron de sus casas el 2 de junio
pasado y quedaron varadas en la frontera con México. Constatamos por un lado
que se encuentran en un campamento improvisado en condiciones de emergencia
humanitaria en una brecha entre ambos países por la presión recibida por el
gobierno de México; y por otro lado, que el ejército de Guatemala les ha
quemado y destruido sus casas, áreas comunes y saqueado el patrimonio que no
lograran llevar se consigo.
Compartimos
nuestras observaciones, iniciando con nuestra más profunda inquietud por las
condiciones críticas del campamento y de las casi cien familias allí alojadas,
y que un censo preliminar cuenta cerca de 450 personas. Son condiciones que nos
permiten hablar de una emergencia humanitaria, que ponen en riesgo la vida y la
integridad de niñas, niños y, en general, de mujeres y de todas las personas
ahí asentadas.
Se trata de un
campamento precario, instalado desde el día 2 de junio por la propia gente de
la comunidad desplazada con lo que han tenido a mano, principalmente bolsas de
nylon como único techo en plena temporada de lluvias. Y donde han recibido
principalmente la solidaridad de comunidades cercanas.
Constatamos
que el gobierno de México tuvo conocimiento oficial de la inminencia del
desalojo por parte del Gobierno de Guatemala desde varios días antes de que se
ejecutase, estuvieron presentes desde su llegada elementos de seguridad
nacional (ejército, policía federal e Instituto Nacional de Migración).
Así mismo, ni
el gobierno de México ni el de Guatemala, han proporcionado los recursos
suficientes para aliviar la condición indigna del campamento poniendo en riesgo
la salud y la vida, especialmente de la población más vulnerable.
Hemos tenido
conocimiento de la presencia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Refugiados, ACNUR, en el campamento de desplazados los días 2 y 3 de junio
pasados.
Esta es una
emergencia que requiere protección inmediata y que no se está atendiendo de
acuerdo a los criterios internacionales, a la dignidad de las personas y a los
requerimientos de la población.
Encontramos,
sí, cierta atención mínima del gobierno de México, principalmente dando pocos
alimentos según nos reportan de parte de la propia comunidad.
La comunidad
desplazada se ubicada en el Municipio de San Andrés, Departamento de El Petén,
Guatemala a escasos 3 kilómetros de la línea fronteriza con México, en una zona
denominada de “usos múltiples” de la
Reserva de Biósfera Maya, según nos informó la propia comunidad.
Ante el
inminente desalojo y al observar la llegada amenazante de helicópteros y
centenares de efectivos del Ejército de Guatemala y de la Policía Nacional
Civil de Guatemala, las familias decidieron moverse horas y minutos antes para
proteger la vida y la integridad y evitar un enfrentamiento que sin duda
hubiese traído consecuencias fatales y hubiese aumentado la tragedia.
Así, se
resguardaron en la línea fronteriza con México, abandonando su comunidad
después de más de 15 años de asentamiento reconocido por el propio gobierno de
Guatemala.
Las
organizaciones preguntamos y fuimos informadas acerca de que NO hubo un diálogo previo con la
comunidad para la búsqueda de alternativas, a pesar de que los Principios
Básicos y Directrices de Naciones Unidas sobre desalojos desplazamientos
indican que un desalojo tiene que ser la última alternativa y sólo después de
haber agotado todas las opciones y, preferentemente, en acuerdo con la
comunidad y después de haber previsto y acordado el lugar de reinstalación.
El punto 43 de
estos Principios Básicos establece que los desalojos no deben generar personas
sin hogar o vulnerables a la violación de otros derechos, que es precisamente
lo que está ocurriendo.
Manifestamos
nuestra extrañeza por una orden de desalojo ordenada y ejecutada sin considerar
estos criterios mínimos y poniendo en riesgo la vida, la integridad y la salud
de las personas y dejando a la intemperie a casi cien familias, entre quienes
casi la mitad son niños niñas y adolescentes.
Consideremos
que debe investigarse y establecerse la responsabilidad del gobierno de
Guatemala ante estos hechos y, por supuesto, sancionarse.
La Comunidad
de Laguna Larga ha sido reconocida por el propio gobierno de Guatemala. Las
personas desplazadas nos compartieron documentación acerca de la escuela así
como del reconocimiento de la autoridad interna del poblado y otras
documentaciones que muestran que la comunidad es reconocida como tal desde hace
años por el propio gobierno de Guatemala.
Sin embargo,
desde hace años han sido permanentemente amenazadas y hostigadas por el
gobierno de Guatemala, en particular por la Comisión Nacional de Áreas
Protegidas (CONAP), sobre su desalojo y otros actos de criminalización en su
contra, y donde uno de sus líderes fue asesinado hace 10 años en el contexto de
este conflicto.
La comunidad
de Laguna Larga ha buscado seguridad jurídica sobre sus tierras pero el
gobierno de Guatemala ha combatido jurídicamente su permanencia en la zona con
el pretexto de que se encuentran en un área natural protegida.
Ante esto es necesario
expresar que las poblaciones que se encuentran en áreas protegidas son
guardianas de estos lugares y tienen derecho a mantener su permanencia y
cuidado en la zona y a ejercer el cuidado de la zona. Tienen derecho también a
ser capacitadas en esta materia, aunque suelen ser quienes las cuidan de mejor
manera de acuerdo con sus conocimientos ancestrales.
Además debe existir
claridad del posible impacto ecológico que fundamente cualquier acción, así
como la delimitación del área de amortiguamiento respectiva.
Más que certeza y
claridad la comunidad reporta la permanente negativa al diálogo de parte del
Gobierno de Guatemala, las amenazas cometidas y su negativa a una resolución
por la vía judicial. Las organizaciones presentes consideramos que en todo el
proceso se pone en evidencia un profundo desprecio y discriminación hacia el
pueblo maya que forma parte de la comunidad de Laguna Larga, entre quienes la
conforman pueblos maya Q’eqchi, Chuj y población mestiza.
Igualmente, nos preocupa
profundamente que a la raíz de estos hechos y en su solución estructural por lo
tanto, no se trate exclusivamente de una supuesta política conservacionista por
parte del gobierno de Guatemala mal enfocada y aplicada, y que en realidad se
encuentren involucrados los intereses geopolíticos que caracterizan a la región
de El Petén desde hace muchos años. Sabemos por ejemplo, de inversiones
extranjeras en extracción petrolera, monocultivos de palma aceitera,
gasoductos, turismo, extracción de mantos acuíferos, crimen organizado, entre
otros.
Circunstancias que han
sido ampliamente documentadas y evidenciadas anteriormente por las propias
comunidades, medios de comunicación, así como por diversas organizaciones
civiles y organismos internacionales.
Nuestra visita
al campamento coincidió casualmente con la llegada de representantes del
Gobierno de Guatemala, en particular de la Comisión Nacional de Diálogo, de la
Oficina de Asuntos Agrarios y del Consulado de Guatemala en México. También se
encontraba en el campamento personal del Instituto Nacional de Migración del
gobierno de México y policías estatales, una brigada del DIF del gobierno de
Campeche que pretendía proveer atención médica a la comunidad, así como dos
agentes armados vestidos de civil y sin identificar.
Las
organizaciones fuimos informadas de que esta era la primera ocasión que alguien
del gobierno de Guatemala se acercaba al campamento y observamos el diálogo que
se dio entre la población y los representantes del gobierno.
Las familias
desplazadas exigieron retorno a sus propias tierras y que se haga justicia.
De manera
inmediata exigieron garantías para ingresar a su comunidad para recoger sus
cosechas y evaluar los daños, puesto que no pueden acercarse por la presencia
hostil del ejército y el temor de ser agredidos.
También
exigieron asistencia humanitaria, reparación de los daños, garantía sobre sus
tierras y que el ejército se retire de la zona.
Las familias
expresaron su negativa a una reubicación hacia otras tierras y mencionaron los
incumplimientos que enfrentan otros poblados que han sido desplazados.
Efectivamente,
algunas de las organizaciones presentes también acompañamos el difícil proceso
que enfrentó la comunidad de Nueva Esperanza , Petén en 2011 y 2012.
Ante este
pliego petitorio, los representantes del gobierno se comprometieron a regresar
al campamento en 48 horas con una respuesta a las exigencias, es decir para el
viernes 9 de junio.
De igual
forma, nos parece importante recalcar que el gobierno de México es también
responsable de la situación en que se encuentra la comunidad al incumplir sus
obligaciones internacionales en materia de desplazamientos forzados y población
refugiada, y traiciona su tradición histórica de acogida a las poblaciones de
Guatemala por motivos humanitarios.
Por el
contrario, lamentamos que en dos ocasiones agentes de migración nos increparon
diciendo que “solamente íbamos a
complicar las cosas y meter problemas”, así como que buscamos “manipular a las personas” en los
momentos en que algunas familias nos querían exponer sus problemas, testimonios
y cómo podíamos ayudarles.
Posteriormente
al diálogo y a la redacción del pliego petitorio, las organizaciones, algunas
personas de la comunidad y representantes del gobierno de Guatemala nos
trasladamos a la comunidad Laguna Larga, ubicada a tres kilómetros del
campamento.
Con horror
observamos la saña en la destrucción de las viviendas y de las propiedades de
las familias, lo que nos hace levantar una firme condena por estos actos al
gobierno de Guatemala, preguntándonos si este actuar forma parte de una guerra
contra los pueblos, con el único fin de causar terror por parte del Estado a
las comunidades de la región, y lo que recuerda a un recrudecimiento de la violencia
y la violencia psicológica de los años del genocidio guatemalteco en décadas
pasadas.
Así,
constatamos durante el recorrido que las viviendas fueron quemadas, algunas
humeaban todavía ayer, algunas otras viviendas fueron taladas y destrozadas con
máquinas tipo sierra y las propiedades fueron destruidas. Incluso los militares
presentes admitieron que algunos animales que quedaron en las casas de las
familias fueron tomados por los propios militares del turno anterior que se
mantienen aún en custodia del poblado, y se alimentan con ellos, por lo que se
teme que la destrucción continúe.
Igualmente la
escuela y las iglesias de la comunidad fueron destruidas en su interior.
Igualmente, es
evidente el fortísimo impacto psicosocial que esta violencia y violaciones a
derechos humanos están provocando en las familias de la comunidad y requieren
un inmediato acompañamiento emocional con la pertinencia cultural y enfoque de
género que exigen estas situaciones de emergencia humanitaria.
Las
organizaciones que acudimos a realizar esta observación constatamos los graves
incumplimientos de los gobiernos de Guatemala y México ante una situación de
desplazamiento forzado y la evidente violación a los derechos humanos cometida
por el Ejército de Guatemala y su gobierno contra la población de Laguna Larga,
desalojada y asediada por fuerzas de seguridad de ambos países en condiciones
que ponen en riesgo la vida e integridad de todas las personas asentadas.
El gobierno de
México no está respondiendo de acuerdo con la gravedad de la situación. Cierta
ayuda alimentaria y médica, que ha sido más bien proporcionada por la población
civil que por el gobierno, dista mucho de atender la emergencia, superar las
condiciones de riesgo para la población vulnerable bajo su responsabilidad tratándose
de una zona fronteriza y que incumple por mucho las obligaciones
internacionales y condiciones mínimas que le impone el marco jurídico
internacional en materia de desplazamientos forzados, refugio, derecho
internacional humanitario y de derechos humanos.
Exigimos que
la asistencia humanitaria sea de acuerdo con la gravedad de la situación y con
los principios y directrices de Naciones Unidas, los cuales establecen
claramente que en situaciones como esta se tiene que garantizar una estancia
digna si se requiriese una estadía provisional en tanto se resuelve la
situación, considerando que las familias tiene por supuesto, derecho al
retorno, a la reparación y la no repetición.
Expresamos
nuestra más honda preocupación por otras amenazas de desalojo contra otras
comunidades del Petén, Guatemala, en particular de las Comunidades de El Reloj,
El Sacrificio y La Mestiza, algunos incluso programados para el próximo 14 de
junio, lo cual aumentaría la gravedad de la situación que se vive actualmente.
Y donde se nos ha informado que cerca de 20 comunidades más se encontrarían
amenazadas.
FIRMAN:
Equipo
Indignación (Yucatán)
La
72, Hogar Refugio para Personas Migrantes (Tenosique, Tabasco)
Resistencia
Civil de Candelaria
(Candelaria, Campeche)
Voces
Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes (San Cristóbal de Las Casas, Chiapas)
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