GOBIERNO
MEXICANO, ESPECIALISTA EN ESPIONAJE POLÍTICO
Nancy Flores
Contralínea 545 / del 26 de Junio al 02 de Julio de
2017
25 junio, 2017
El espionaje político que
practica el gobierno mexicano es, ante todo, un abuso de poder y una
característica del autoritarismo y la falta de democracia que se padece en el
país.
La experiencia
de los agentes estatales en este campo data de la llamada Guerra Sucia, cuando la extinta Dirección Federal de Seguridad
(cuyo papel ahora desempeña el Centro de Investigación y Seguridad Nacional,
Cisen) daba “seguimiento” a todos los
opositores del régimen, no sólo a guerrilleros, sino también a luchadores sociales
e incluso estudiantes.
Así que desde
hace décadas el gobierno interviene ilegalmente las comunicaciones, aunque esta
intromisión es cada vez más invasiva. Ahora ya no se reduce a las
comunicaciones (telefónicas, radiotelefónicas y digitales; incluso las que
están cifradas: correos electrónicos, mensajería de texto, chats tanto de correos como de redes
sociales –Facebook, Twitter– y aplicaciones: Skype, Whatsapp, BBM, Facetime,
Tango, Fring, Telegram); sino que también abarca la geolocalización en tiempo
real de la persona espiada.
Además, la
tecnología empleada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) –que, por
cierto, no está facultada por ninguna ley y bajo ninguna circunstancia a
intervenir comunicaciones–, el CISEN y la Procuraduría General de la República
permite a los espías del gobierno ver y escuchar en todo momento a la víctima:
remotamente activan cámara y micrófono del dispositivo electrónico intervenido
(teléfono celular, tablet,
computadora).
Pero esto no
es todo. Las tres instituciones del gobierno cuentan con la capacidad
tecnológica para manipular a distancia computadoras, radios, teléfonos
celulares y cualquier tipo de teléfono inteligente o smartphone,
sin que las víctimas del espionaje puedan advertir estas órdenes remotas (Zósimo
Camacho, Contralínea 294,
22 de julio de 2012).
Como lo reveló
este semanario desde hace 5 años, con el software de la plataforma Pegasus –ahora señalado por la Red en Defensa de los Derechos
Digitales (R3D), Artículo 19 y Social TIC de ser utilizado por agentes del
Estado para espiar periodistas, defensores de derechos humanos y activistas
anticorrupción– también posibilita el acceso a todos los archivos generados o
almacenados en los dispositivos que infectan (fotografías, documentos, textos).
“Los agentes podrán ‘operar con las
siguientes funciones de adquisición de datos: extracción de SMS/MSM; lista de
contactos; registros de agenda; monitores de e-mail; intercepción de voz; extracción de
mensajería instantánea; información de ubicación GPS/Cell ID; captura de
imágenes de pantalla y de la cámara; acceso y manipulación del sistema de
archivos; información y estado del sistema; información de la tarjeta SIM;
información del hardware, sistema operativo y software;
denegación de capacidades de servicio, y detener el funcionamiento del
dispositivo”, refieren
los contratos que firmó la Sedena con Security Tracking, SA de CV, y AV y D
Solutions, SA de CV (Contralínea 294).
El tema no es
menor: el espionaje político rompe el estado de derecho, porque es ilegal y
quebranta principios básicos de los derechos humanos, garantizados en la
Constitución y en tratados internacionales que el Estado mexicano está
comprometido a cumplir.
Y es que quien
debería garantizar el orden jurídico es quien viola libertades de los
ciudadanos que “representa”, entre
los que destacan los derechos a la intimidad, la seguridad, la vida privada, la
libre expresión, la libre asociación, los datos personales y la inviolabilidad
de las comunicaciones privadas.
Por ello es
muy grave que reporteros, defensores de los derechos humanos, activistas
anticorrupción y ciudadanos en general sean víctimas de espionaje en este
sexenio, tal como lo reveló –el pasado 19 de junio– el informe Gobierno espía. Vigilancia
sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos.
Según ese
análisis de la R3D, Artículo 19 y Social TIC, las comunicaciones de los
periodistas Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui (y su hijo Emilio), Rafael
Cabrera, Sebastián Barragán, Daniel Lizárraga y Salvador Camarena habrían sido
intervenidas a través de software maliciosos vinculados a la plataforma Pegasus, de uso exclusivo del gobierno.
También, “entre los meses de abril y junio de 2016,
Mario Patrón, director del Centro Prodh [Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez]; Stephanie Brewer, coordinadora del Área Internacional, y
Santiago Aguirre, subdirector de esa misma organización, recibieron mensajes
que se ha confirmado constituyen intentos de infección con el malwarede espionaje
Pegasus”.
De acuerdo con
la organización, “los mensajes fueron
recibidos en fechas clave dentro del trabajo de defensa de derechos humanos que
el Centro Prodh ha realizado en casos de alto impacto, como la desaparición
forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la masacre de Tlatlaya y los casos
de tortura sexual en Atenco”.
Otra
organización afectada por estas prácticas ilegales es el Instituto Mexicano por
la Competitividad (Imco), pues se documentó que su director Juan Pardinas y la
investigadora Alexandra Zapata recibieron cuatro mensajes intentando infectar
sus dispositivos móviles, a finales de 2015 y en mayo de 2016.
Según el
Centro de Derechos Humanos, “Imco ha sido
una de las organizaciones que ha liderado esfuerzos de incidencia para la
reforma legal anticorrupción, en particular fue impulsor de la ley conocida
como ‘Ley 3 de 3’, la cual generó gran resistencia y ataques por parte de
fuerzas políticas asociadas al gobierno federal durante el primer semestre de
2016, justo en el momento en que fueron recibidos los mensajes”.
Es
injustificable que el gobierno invada la privacidad de las personas y que
utilice esa información para fines totalmente contrarios a su mandato legal. No
basta con la declaración que dio la Presidencia de la República, de que no hay
evidencias de que desde el gobierno se espíe periodistas y defensores; el tema
se tiene que castigar.
Está claro que
esas 10 personas de las que se ha comprobado son víctimas de espionaje no son,
ni de lejos, las únicas. Ahora mismo, y sin ningún pudor, las conversaciones de
miles de ciudadanos son intervenidas por agentes del gobierno.
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