Estudio:
Libertad de expresión y periodismo en
México
Artículo de Valentina González
Universidad
Iberoamericana
O1
julio, 2017
8 de cada 10 periodistas no confía en las instituciones.
Incluso ven a fuerzas del orden con desconfianza y por encima de
actores del crimen organizado, lo que contrasta con la narrativa oficial:
académico.
El 77% de los periodistas creen que sus
principales agresores son funcionarios públicos y no el crimen el organizado
como lo ha señalado el gobierno, así lo reveló el estudio "Libertad de Expresión y
Periodismo en México" realizado por Parametría, el Programa Prensa
y Democracia (PRENDE) de la Universidad Iberoamericana, Freedom House y Fundación
Este País. De las fuerzas del orden, del Ejército y policías sospechan 40%
de los periodistas que fueron consultados para realizar el estudio. Mientras
que sólo 24% considera que las agresiones son por parte del crimen
organizado.
“Es realmente escandaloso contrastar los
datos que arrojó el estudio con la narrativa oficial que indica que la
violencia contra periodistas proviene del crimen organizado, pero los propios
periodistas no comparten esto”, señaló Manuel Alejandro Guerrero, director del Departamento de
Comunicación de la IBERO. El estudio que se realizó a más de 60 periodistas,
fotorreporteros, editores y a personas que trabajan en el quehacer noticioso
arrojó que seis de cada 10 periodistas en México han recibido algún tipo de
agresión física, psicológica, jurídica.
Al respecto,
sólo 15% de los periodistas agredidos buscan la protección del Estado. 8 de
cada 10 periodistas señaló que no existe confianza en las instituciones. De
acuerdo con Guerrero, uno de los hallazgos en el estudio es que los periodistas
perciben simulación institucional. Es decir, que las instituciones que se
supone deberían proteger los derechos humanos, la dignidad humana o la libertad
de expresión –como la Comisión Nacional de Derechos Humanos–, el Mecanismo de
Protección a Periodistas, la Fiscalía Especial para la protección de los
periodistas y las leyes que los sustentan no sirven, pero no porque no
estén diseñadas, sino porque no son operativas, porque no hay voluntad política
para que funcionen.
“México es de los
países que tiene más infraestructura institucional para garantizar en principio
la protección a los derechos humanos, la libertad de expresión, pero no
funciona nada y no funciona porque no es efectivo y no es efectivo porque no
hay voluntad política”,
dijo Guerrero.
La
investigación también reveló que existe una enorme autocensura por parte de los
propios periodistas que prefieren evitar investigaciones de interés público
como abuso el poder de los servidores públicos, corrupción o vínculos entre el
crimen organizado y clase política.
“Lo triste es que esta censura se refleja en que los
periodistas repiten la narrativa oficial que indica que la violencia contra
ellos viene del crimen organizado y es lo que vemos en los encabezados, en
los periódicos, en la mayor parte de la información que anda circulando, en las
entrevistas en los procuradores”, destacó Guerrero, uno de los presentadores de este informe.
Un 35% de los
periodistas consultados para realizar el estudio "Libertad de Expresión y
Periodismo en México" está en la Ciudad de México, mientras que el
resto son periodistas y reporteros que viven en el interior del país. 56% son
hombres y 44% mujeres. Manuel Alejandro Guerreo, director del Departamento de
Comunicación de la Universidad Iberoamericana, señaló que la publicidad oficial
es uno de los aspectos que permiten una de las relaciones torcidas entre los
medios de comunicación y la clase política.
“No hay señal de una regulación, de que se haga
transparente la forma en cómo se ejerce el gasto oficial en publicidad.
Mientras esto siga continuaran filtrándose recursos que van a mantener esta
situación de relaciones torcidas y obscuras entre los medios y el régimen
político que descobija todavía más a quienes ejercen cotidianamente la labor
periodística”, destacó
el académico.
Al respecto,
93% de los periodistas consultados señalaron que la censura es una práctica
ejercida desde el interior de los medios de comunicación. A su vez, 32%
consideró que la censura es ejercida por elementos o agentes externos a los
medios de comunicación.
Cifras del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)
señalaron que mayo de 2017 fue el mes más violento en la historia de este
país desde 1997 al registrarse 2 mil 186 casos de homicidios dolosos. Al
respecto, Guerreo señaló que los asesinatos a periodistas podrían continuar.
“Hay más de 2 mil asesinatos violentos en mayo, que
ni el sexenio de Felipe Calderón se llegó a un mayo tan brutal como este, lo
cual implica que en podríamos rebasar los 20 mil asesinatos en este año”, agregó.
En la
elaboración del estudio “Libertad de Expresión y Periodismo en
México” participaron Parametría, la Universidad Iberoamericana,
Freedom House y Fundación Este País.
“Las universidades tenemos la obligación de reportar y
hacer público este tipo de estudios. Tenemos la obligación de seguir
investigando el tema, de hacer públicos los datos y por otro lado, de tratar
que nuestros chicos en las aulas se cuestionen críticamente, que tengan
herramientas de pensamiento crítico para que analicen la realidad en la que
vivimos. Y las universidades lo que tenemos que hacer es investigación,
señalar, difundir esto y formas personas más críticas y mejor capacitadas para
que en algún momento podamos sumar con más actores de la sociedad, con sectores
como los propios medios de comunicación, agrupaciones periodísticas para ir
señalando esto, pero esas es la labor que nos toca”, destacó Guerrero.
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