Comunidades nahua y
téenek ganan amparo contra gasoducto en la Huasteca Potosina
Redacción
Desinformémonos
y Grieta
09
agosto, 2017
Huasteca potosina/Desinformémonos.- Comunidades indígenas de los pueblos nahua y téenek de la
Huasteca potosina obtuvieron un amparo de la justicia federal que suspende
definitivamente las obras de un gasoducto que atraviesa sus territorios
mientras existe el juicio. El gasoducto está a cargo de la empresa Enercitro,
respaldada por la trasnacional española Iberdrola reporta la revista Proceso.
El juez quinto de Distrito concedió la suspensión
provisional el 6 de junio y finalmente la suspensión definitiva de las obras el
20 de julio, mientras se atiende el fondo del amparo.
Las comunidades de Chalchitépetl, en el
municipio de Matlapa, y Chimalaco, en Axtla de Terrazas, pidieron apoyo a la
Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad Autónoma de San Luis (UASLP) y
al Programa de Agua y Sociedad del Colegio de San Luis, para exigir el cese de
las operaciones del proyecto, que data de 2013. En abril del 2014, a través de
la Junta Estatal de Caminos, a Enercitro le fueron otorgados seis permisos para
la utilización condicionada del derecho de vía, para cruzar la tubería de gas
natural por debajo de carreteras estatales.
La gente en las comunidades nada sabe sobre el
tubo que atraviesa también por sus patios, si correrán peligro de explosiones o
de contaminación en los mantos. Algunas observaciones de los habitantes
aseguran que han escuchado el ruido intenso de un motor funcionando en algún
punto, acaso bajo tierra. “¿Es eso
fracking? La gente se pregunta” comentó a Grieta, Francisco
Peña de Paz, antropólogo del Colegio de San Luis e integrante del Programa Agua
y Sociedad.
Las afectaciones denunciadas por los líderes
de la comunidad y que fundamentaron la petición legal de amparo fueron la falta
de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada como lo manda la
ley, las afectaciones al medio ambiente y las irregularidades administrativas
en el otorgamiento de permisos y licencias señalaron los abogados de la Clínica
de Litigio Estratégico en DH de la UASLP.
Iberdrola, el gigante energético español, en
su momento, respondió a la demanda de amparo 164/2017 promovida por los
habitantes de la comunidad de Chalchitépetl y Chimalaco, acompañados por la
Clínica de Litigio Estratégico, que demandaron entre otras omisiones, la no
aplicación de la Ley de Consulta Indígena del estado; al no haber sido tomados
en cuenta sino por medio de la coacción y los acuerdos privados, para la
instalación y el funcionamiento de un gasoducto subterráneo.
Entre las laderas de la Huasteca potosina, la
empresa Enercitro implicada en las obras, desmontó y abrió desde meses atrás, senderos
de más de dos metros de ancho. Los demandantes presumen que el gasoducto ya atraviesa terrenos privados,
comunales y ejidales, de uso agrícola y doméstica, ríos y arroyos, en una
extensión de aproximadamente 20 kilómetros entre los municipios de Tamazunchale
y Huehuetlán, para abastecer de gas de uso industrial a la planta de Citrofuit
en Huichihuayán.
El 12 de mayo se interpusieron dos amparos,
uno por cada comunidad, en contra de la Secretaría de Energía, la Comisión
Reguladora de Energía, el Instituto para el Desarrollo Humano y Social de los
Pueblos Indígenas, y los ayuntamientos de Matlapa y Axtla de Terrazas, en su
calidad de autoridades responsables de otorgar autorizaciones y permisos.
En febrero de 2017 la alcaldía de Axtla otorgó
la autorización para el paso del gasoducto, que se ha instalado desde el estado
de Hidalgo, en el territorio de la comunidad indígena de Chimalaco sin que esta
lo haya autorizado, situación que fue reconocida por el mismo presidente
municipal al precisar que el paso del gasoducto fue “aprobado” por habitantes de otras zonas del municipio, excepto por
Chimalaco, cuyos pobladores argumentaron el desconocimiento total del tema.
Cuando los habitantes de las comunidades
vieron la maquinaria en la zona, la autoridad les dijo que “no afectaría sus tierras porque el paso del gasoducto era subterráneo”.
Fue entonces que acudieron a la Clínica de Litigio Estratégico y al Colegio de
San Luis a solicitar el apoyo.
Una de las funcionarias involucradas en las
autorizaciones es Margarita Viñas, ex titular del Instituto de Desarrollo
Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas, quien fue una de las
personas que fungió como intermediaria para convencer a los pobladores de
aceptar el paso del gasoducto construido por la empresa Enercitro que forma
parte de la española Iberdrola.
En el litigio en proceso y para el cual,
abogados y comunidad esperan que la sentencia sea en el mismo sentido
protegiendo los derechos humanos de los pueblos, han ofrecido peritajes
antropológicos y en materia hidrológica-ambiental, “identificando la zona en la que pasa el gasoducto como región indígena
con una organización comunitaria por lo que es obligada la consulta previa en
respeto a los derechos colectivos” señalaron los abogados de la Clínica de
Litigio.
En la región, una parte del gasoducto ya se
construyó por lo que la lucha legal exige que este tramo se clausure y deje de
operar.
“La
empresa busca negociar con cada uno. Les ofrecía 20 mil pesos por autorizar la
servidumbre de paso; ahora les duplicaron la cantidad para que los dejen pasar”, comentaron los abogados quienes subrayaron la importancia del
amparo otorgado por el quinto juez de distrito, dentro del nuevo marco
regulatorio en materia energética.
Los megaproyectos para la extracción y
conducción de hidrocarburos están en el marco de la “reforma energética” y sus amenazas y efectos en contra de los pueblos
indígenas tendrán que ser ahora revisados por los jueces.
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